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Corte Constitucional
Enfermedad grave del procesado penal también pueden certificarse con peritajes de médicos particulares PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 16 de Abril de 2019 17:29

Tomado de  www.legismovil.com

 

"...A la Corte Constitucional le correspondió determinar si el estado grave por enfermedad del procesado, que habilita la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por el del lugar de residencia, debía ser acreditado mediante “dictamen de médicos oficiales”, según lo dispuesto en el artículo 314.4 del Código de Procedimiento Penal. Ello por ser considerada, según el demandante, violatoria del derecho al debido proceso y, por ende, de los derechos de defensa y acceso a la justicia. La Corte encontró que, si bien el legislador puede establecer la necesidad de ciertas evidencias para la adopción de una decisión, en virtud de la referida garantía y salvo que medien razones constitucionales suficientes, no puede impedir que se recurra a otras pruebas, conforme con las reglas legales pertinentes. Esto con el fin de que el juez adopte una determinación a partir de diversos elementos de juicio y con arreglo a los principios de la sana crítica y libertad de apreciación probatoria. Observó, sin embargo, que los apartados impugnados eran susceptibles de una interpretación acorde con el citado mandato constitucional, según la cual, si bien debe allegarse dictamen de “médicos oficiales”, también pueden presentarse peritajes de médicos particulares, por lo que condicionó la exequibilidad de la norma (M. P. Diana Fajardo Rivera)...."

Última actualización el Martes, 16 de Abril de 2019 17:30
 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 18:02

Tomado de  www.dmsjuridica.com

COMUNICADO 1007


DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES


STC5654/18


- Derechos a tener una familia y no ser separado de ella

- Prevalencia del interés superior del menor: objetivos para otorgar el mecanicismo de la prisión domiciliaria a las madres o padres cabeza de familia (C.J.)


ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

- Auto que inadmite la demanda de casación


DERECHO AL DEBIDO PROCESO

- Proceso penal: razonabilidad de la decisión que inadmite la demanda de casación por deficiente técnica de casación


http://www.portaldms.com/2/index.php?option=com_content&view=article&id=7166&catid=299

Última actualización el Viernes, 01 de Junio de 2018 18:03
 
Las razones jurídicas del archivo de la investigación por acoso sexual contra el exdefensor del Pueblo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 17:51

Tomado de www.ambitojuridico.com

".......Un auto de ponente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que adelantaba la Fiscalía General de la Nación contra el exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora, el cual había sido denunciado por su secretaria privada por acoso sexual. (Lea: Sala Laboral delimita cuándo la “galantería” constituye acoso sexual en el trabajo)

 

La Sala Penal concluyó que “el acoso sexual no se configura si no existe relación entre el fin sexual conseguido y la relación de autoridad o de poder. Menos cuando no existe hostigamiento, sino acuerdo”.

 

Dentro de las reflexiones que hizo la Corte sobre la figura afirmó que el acoso se manifiesta por lo general como un abuso de poder dirigido a afectar con actos persistentes, incesantes y continuos el consentimiento de la víctima. (Lea: Si hay dudas sobre el uso de violencia en una violación debe absolverse al procesado)

 

Sin embargo, señaló que no puede haber delito en aquellos casos en donde el consentimiento es libre y la asimetría de la subordinación laboral no influye en la aquiescencia del trato sexual.

 

La Sala planteó un interrogante: “¿Cómo es posible, entonces, que un comportamiento acreditado por tantos e incuestionables elementos materiales de prueba pueda ser la manifestación de una sumisión provocada por el maltrato, acoso, el hostigamiento o el producto de una debilidad de carácter que los peritos de medicina legal dijeron que la actora no tiene?”. (Lea: Acoso sexual ha pasado a formar parte de las relaciones de poder en el trabajo: Sala Laboral)

 

En este caso, agregó el tribunal, el problema no radica en que no existe “prueba periférica”, sino en que la presunta víctima fue desmentida por la fuerza de los acontecimientos y por una abrumadora evidencia que deja en entredicho su versión, puntualiza el auto.

 

También indicó que solo habría delito si la relación de autoridad o de poder se emplea con el fin de ejercer una influencia determinante en la prestación de un consentimiento sexual, que en condiciones normales no se admitiría, así este nunca acepte (M. P. Luis Antonio Hernández).

 

CSJ Sala Penal, Auto AP-20702018 (51870), 23/05/18...."

 
FALLOS RELEVANTES RECIENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Lunes, 09 de Octubre de 2017 14:22
Última actualización el Lunes, 09 de Octubre de 2017 14:25
 
Autoridades no pueden forzar declaraciones, inclusive ante la existencia de un delito contra un menor PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 21 de Septiembre de 2017 14:24

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Corte Constitucional precisó que la garantía de no incriminación se concreta en la prohibición absoluta a las autoridades públicas de forzar declaraciones, ya sea por vías directas o por medios indirectos, en contra del cónyuge, compañero permanente o familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Lo anterior incluso ante la existencia de un deber de denunciar las conductas punibles cuando el sujeto pasivo del delito sea un menor de edad y se afecte su vida, integridad personal, libertad física o libertad y formación sexual. (Lea: Exoneración del deber de denuncia no aplica a delitos contra menores)

Ello toda vez que resulta inconstitucional establecer sanciones u otras consecuencias adversas para quien se abstiene de declarar en contra de personas dentro de los grados de parentesco indicados, explicó el fallo.

A esa conclusión llegó la corporación luego de resaltar que los deberes consagrados en el artículo 44 (derechos fundamentales de los niños),  el numeral 2 del artículo 95 (principio de solidaridad social) y el numeral 7 del mismo artículo (colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia) de la Constitución Política establecen la obligación de declarar y denunciar las conductas punibles cuando el sujeto pasivo del delito sea un menor de edad y se afecte su vida, integridad personal, libertad física o libertad y formación sexual.

Sin embargo, aunque no es constitucional negar la existencia de dicho deber en cabeza del familiar del victimario, su incumplimiento no tiene una consecuencia jurídica en el ordenamiento legal y tampoco podría tenerla en virtud de la garantía de no incriminación.

Caso concreto

Un fiscal seccional acusó a un ciudadano como posible autor del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El delito fue presuntamente cometido en contra de su cuñada de 13 años, para la fecha de los hechos. (Lea: Demandan apartes de norma sobre confesión por apoderado judicial)

En el desarrollo del juicio oral, el juez de conocimiento aceptó la solicitud de la madre de la víctima de abstenerse de declarar en contra de su yerno en virtud del artículo 33 de la Constitución Política.

Al respecto, el fiscal seccional presentó recurso de apelación contra dicha decisión, argumentando que el juez desconoció la inaplicabilidad de la disposición de no incriminación en procesos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

Con base en ello, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín se abstuvo de resolver la impugnación al considerar que la decisión controvertida era una orden judicial y no un auto, de modo que no procedía recurso alguno.

Teniendo en cuenta las explicaciones brindadas, el alto tribunal dispuso confirmar los fallos proferidos dentro del proceso iniciado por el fiscal seccional del caso (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

Corte Constitucional, Sentencia T- 321, May. 12/17..."

Última actualización el Jueves, 21 de Septiembre de 2017 14:27
 
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