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Corte Constitucional
Regla según la cual, el plazo de 24 horas para realizar el control de legalidad de las diligencias de Policía Judicia PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:52

C-014  DE 2018  CORTE  CONSTITUCIONAL

MEDIDA DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA-Audiencia de control de legalidad/MEDIDA DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA-Regla según la cual, el plazo de 24 horas para realizar el control de legalidad de las diligencias de Policía Judicial, se cuenta a partir del recibo del informe correspondiente por parte del fiscal, no infringe el plazo de 36 horas previsto en la Constitución.

 

25. Debe clarificarse, con todo, que si por cualquier circunstancia es superado el plazo de 12 horas que tiene la Policía Judicial para rendir el informe correspondiente al Fiscal, de conformidad con los artículos 14, inciso 4º, y 154, numerales 1 y 9 C.P.P., la audiencia de control posterior de legalidad sobre lo actuado deberá adelantarse en todo caso dentro del término máximo de 36 horas luego de finalizada la diligencia investigativa[22]. Este es el efecto precisamente de que las 24 horas dentro de las cuales, según al precepto acusado, debe realizarse el aludido control judicial sean un término máximo y de que el mismo debe ser armonizado con las citadas reglas procesales y el artículo 250.2 Superior. De la misma manera, es claro que si se excede el plazo de 36 horas, de las cuales hacen parte las 12 horas iniciales con las que cuenta la Policía Judicial para presentar el correspondiente informe y las 24 horas para la realización del control de legalidad sobre lo actuado, surgirán las respectivas consecuencias establecidas en las normas procesales y, en especial, las contenidas en los artículos 23, 232 y 360 C.P.P.

Última actualización el Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:55
 
Enfermedad grave del procesado penal también pueden certificarse con peritajes de médicos particulares PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 16 de Abril de 2019 17:29

Tomado de  www.legismovil.com

 

"...A la Corte Constitucional le correspondió determinar si el estado grave por enfermedad del procesado, que habilita la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por el del lugar de residencia, debía ser acreditado mediante “dictamen de médicos oficiales”, según lo dispuesto en el artículo 314.4 del Código de Procedimiento Penal. Ello por ser considerada, según el demandante, violatoria del derecho al debido proceso y, por ende, de los derechos de defensa y acceso a la justicia. La Corte encontró que, si bien el legislador puede establecer la necesidad de ciertas evidencias para la adopción de una decisión, en virtud de la referida garantía y salvo que medien razones constitucionales suficientes, no puede impedir que se recurra a otras pruebas, conforme con las reglas legales pertinentes. Esto con el fin de que el juez adopte una determinación a partir de diversos elementos de juicio y con arreglo a los principios de la sana crítica y libertad de apreciación probatoria. Observó, sin embargo, que los apartados impugnados eran susceptibles de una interpretación acorde con el citado mandato constitucional, según la cual, si bien debe allegarse dictamen de “médicos oficiales”, también pueden presentarse peritajes de médicos particulares, por lo que condicionó la exequibilidad de la norma (M. P. Diana Fajardo Rivera)...."

Última actualización el Martes, 16 de Abril de 2019 17:30
 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 18:02

Tomado de  www.dmsjuridica.com

COMUNICADO 1007


DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES


STC5654/18


- Derechos a tener una familia y no ser separado de ella

- Prevalencia del interés superior del menor: objetivos para otorgar el mecanicismo de la prisión domiciliaria a las madres o padres cabeza de familia (C.J.)


ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

- Auto que inadmite la demanda de casación


DERECHO AL DEBIDO PROCESO

- Proceso penal: razonabilidad de la decisión que inadmite la demanda de casación por deficiente técnica de casación


http://www.portaldms.com/2/index.php?option=com_content&view=article&id=7166&catid=299

Última actualización el Viernes, 01 de Junio de 2018 18:03
 
Las razones jurídicas del archivo de la investigación por acoso sexual contra el exdefensor del Pueblo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 17:51

Tomado de www.ambitojuridico.com

".......Un auto de ponente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que adelantaba la Fiscalía General de la Nación contra el exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora, el cual había sido denunciado por su secretaria privada por acoso sexual. (Lea: Sala Laboral delimita cuándo la “galantería” constituye acoso sexual en el trabajo)

 

La Sala Penal concluyó que “el acoso sexual no se configura si no existe relación entre el fin sexual conseguido y la relación de autoridad o de poder. Menos cuando no existe hostigamiento, sino acuerdo”.

 

Dentro de las reflexiones que hizo la Corte sobre la figura afirmó que el acoso se manifiesta por lo general como un abuso de poder dirigido a afectar con actos persistentes, incesantes y continuos el consentimiento de la víctima. (Lea: Si hay dudas sobre el uso de violencia en una violación debe absolverse al procesado)

 

Sin embargo, señaló que no puede haber delito en aquellos casos en donde el consentimiento es libre y la asimetría de la subordinación laboral no influye en la aquiescencia del trato sexual.

 

La Sala planteó un interrogante: “¿Cómo es posible, entonces, que un comportamiento acreditado por tantos e incuestionables elementos materiales de prueba pueda ser la manifestación de una sumisión provocada por el maltrato, acoso, el hostigamiento o el producto de una debilidad de carácter que los peritos de medicina legal dijeron que la actora no tiene?”. (Lea: Acoso sexual ha pasado a formar parte de las relaciones de poder en el trabajo: Sala Laboral)

 

En este caso, agregó el tribunal, el problema no radica en que no existe “prueba periférica”, sino en que la presunta víctima fue desmentida por la fuerza de los acontecimientos y por una abrumadora evidencia que deja en entredicho su versión, puntualiza el auto.

 

También indicó que solo habría delito si la relación de autoridad o de poder se emplea con el fin de ejercer una influencia determinante en la prestación de un consentimiento sexual, que en condiciones normales no se admitiría, así este nunca acepte (M. P. Luis Antonio Hernández).

 

CSJ Sala Penal, Auto AP-20702018 (51870), 23/05/18...."

 
FALLOS RELEVANTES RECIENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Lunes, 09 de Octubre de 2017 14:22
Última actualización el Lunes, 09 de Octubre de 2017 14:25
 
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