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Corte Constitucional
FALLOS RELEVANTES RECIENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Lunes, 09 de Octubre de 2017 14:22
Última actualización el Lunes, 09 de Octubre de 2017 14:25
 
Autoridades no pueden forzar declaraciones, inclusive ante la existencia de un delito contra un menor PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 21 de Septiembre de 2017 14:24

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Corte Constitucional precisó que la garantía de no incriminación se concreta en la prohibición absoluta a las autoridades públicas de forzar declaraciones, ya sea por vías directas o por medios indirectos, en contra del cónyuge, compañero permanente o familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Lo anterior incluso ante la existencia de un deber de denunciar las conductas punibles cuando el sujeto pasivo del delito sea un menor de edad y se afecte su vida, integridad personal, libertad física o libertad y formación sexual. (Lea: Exoneración del deber de denuncia no aplica a delitos contra menores)

Ello toda vez que resulta inconstitucional establecer sanciones u otras consecuencias adversas para quien se abstiene de declarar en contra de personas dentro de los grados de parentesco indicados, explicó el fallo.

A esa conclusión llegó la corporación luego de resaltar que los deberes consagrados en el artículo 44 (derechos fundamentales de los niños),  el numeral 2 del artículo 95 (principio de solidaridad social) y el numeral 7 del mismo artículo (colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia) de la Constitución Política establecen la obligación de declarar y denunciar las conductas punibles cuando el sujeto pasivo del delito sea un menor de edad y se afecte su vida, integridad personal, libertad física o libertad y formación sexual.

Sin embargo, aunque no es constitucional negar la existencia de dicho deber en cabeza del familiar del victimario, su incumplimiento no tiene una consecuencia jurídica en el ordenamiento legal y tampoco podría tenerla en virtud de la garantía de no incriminación.

Caso concreto

Un fiscal seccional acusó a un ciudadano como posible autor del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El delito fue presuntamente cometido en contra de su cuñada de 13 años, para la fecha de los hechos. (Lea: Demandan apartes de norma sobre confesión por apoderado judicial)

En el desarrollo del juicio oral, el juez de conocimiento aceptó la solicitud de la madre de la víctima de abstenerse de declarar en contra de su yerno en virtud del artículo 33 de la Constitución Política.

Al respecto, el fiscal seccional presentó recurso de apelación contra dicha decisión, argumentando que el juez desconoció la inaplicabilidad de la disposición de no incriminación en procesos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

Con base en ello, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín se abstuvo de resolver la impugnación al considerar que la decisión controvertida era una orden judicial y no un auto, de modo que no procedía recurso alguno.

Teniendo en cuenta las explicaciones brindadas, el alto tribunal dispuso confirmar los fallos proferidos dentro del proceso iniciado por el fiscal seccional del caso (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

Corte Constitucional, Sentencia T- 321, May. 12/17..."

Última actualización el Jueves, 21 de Septiembre de 2017 14:27
 
Inpec debe garantizar la reclusión de exmiembros de la fuerza pública en pabellones especiales PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 29 de Junio de 2017 14:23

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"..La Corte Constitucional advirtió al Instituto Nacional y Penitenciario (Inpec) que a los exmiembros de la fuerza pública debe garantizárseles su reclusión en establecimientos o pabellones especiales, con el fin de evitar que compartan espacios con internos con los que hubieran podido generar enemistades en ejercicio de su labor y, de esta manera, proteger su vida e integridad física.

Según el alto tribunal, el cumplimiento de esta premisa conduce a que la solicitud de traslado por motivos de seguridad pueda ser negada sin que, por ello, se vulnere esa garantía. (Lea: Tutela procede contra traslado de presos, si se afecta el núcleo familiar de menores)

Aun así, la petición de un recluso de estas características fundada en hechos que puedan variar el nivel riesgo al que se encuentra expuesto en determinada cárcel debe incluir la solicitud de un estudio técnico de nivel de riesgo a cargo de la Subdirección de Seguridad y Vigilancia del Inpec.

Basado en ese resultado la autoridad penitenciaria deberá, entonces, resolver el requerimiento conforme a los parámetros desarrollados por la jurisprudencia. Por tanto, la respuesta debe ser (i) pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado y, finalmente, (iii) tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario.

Intervención judicial

El pronunciamiento también aclara hasta dónde puede intervenir el juez de tutela en decisiones de traslados que competen al Inpec. (Lea: Tutela, procedente para obtener traslado de celda ante discriminación por orientación sexual)

Al respecto, recordó que la jurisprudencia estableció que, en principio, la acción de tutela no era procedente para ordenar el traslado de reclusos. Sin embargo, luego estimó que resultaba procedente cuando la negativa de tramitar el traslado no derivara del ejercicio de una facultad discrecional, específicamente, cuando dicha determinación fuera arbitraria e injustificada o amenazara o lesionara derechos fundamentales de los internos no susceptibles de ser suspendidos.

Posteriormente, señaló que el juez de tutela no podía ordenar la reclusión del accionante en determinado penal, pues dicha decisión requería de elementos de juicio de los cuales el juez carecía, a saber, las condiciones sanitarias, de infraestructura, de seguridad y de capacidad de los establecimientos de reclusión.

Por tal motivo, se aseguraba que el pronunciamiento del juez debía limitarse a ordenar que el recluso fuera internado en un pabellón o establecimiento de reclusión especial acorde a la condición que ostentara, por ejemplo, exmiembro de la Fuerza Pública.

Ahora bien, se ha sostenido que cuando no se evidencia una vulneración a los derechos fundamentales del recluso, lo procedente es promover un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que decide sobre el traslado.

En suma, el juez constitucional debe respetar la facultad discrecional del Inpec para conceder o negar traslados a los reclusos. No obstante, está llamado a intervenir en estas determinaciones cuando observe arbitrariedad en ellas o una posible amenaza o lesión a derechos de los internos que permanecen incólumes pese a la relación de sujeción, verbigracia, la vida o la integridad personal (M. P. María Victoria Calle).

Corte Constitucional, Sentencia T-182, Mar. 28/17..."

Última actualización el Jueves, 29 de Junio de 2017 14:26
 
Condicionan norma del Código Penal sobre daños materiales y morales.......Recientemente, la Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “daños materiales y morales”, contenida en el artículo 94 del Código Penal (L PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 29 de Junio de 2017 14:21

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Según el demandante, esta disposición trasgrede los derechos de acceso a la justicia, a la dignidad humana y el de reparación integral a las víctimas, por cuanto deja por fuera otros perjuicios extra patrimoniales, como el daño a la salud, a la vida de relación o a los bienes jurídicos de especial protección constitucional.

De igual forma, explicó que esta disposición solo permite que la víctima reclame prejuicios materiales y morales afectando de manera elocuente su derecho a la reparación integral. (Lea: Así serán las audiencias con el procedimiento penal abreviado)

De acuerdo con este contexto, la Corte indicó que la norma demandada permitía dos interpretaciones sobre la reparación del daño. Una la adoptada por el demandante y la otra puesta de presente por la Fiscalía General de la Nación y algunos intervinientes. (Lea: Jueces penales pueden imponer medidas de restablecimiento no pecuniarias)

Esta última sostiene que las categorías daños materiales y morales no impedían, en la práctica, la reparación de otros perjuicios; para esto, recordaron que la jurisprudencia penal había ordenado en algunos casos la reparación de perjuicios inmateriales distintos de los morales.

Razón por la cual el alto tribunal decidió declarar la exequibilidad del aparte acusado, en el entendido de que las categorías de perjuicios allí mencionadas son meramente indicativas y no excluyen la reparación integral de todos los perjuicios tanto materiales e inmateriales que hayan sido causados a las víctimas como consecuencia del delito y resulten debidamente probados (M. P. Alejandro Linares).

Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-344, May. 24/17..."

Última actualización el Jueves, 29 de Junio de 2017 14:23
 
El carácter constitucional del juez de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de la segunda instancia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:46

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Mediante acción de tutela, el anterior Fiscal General de la Nación (e) atacó la sentencia del Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, quien decidió, en segunda instancia y ejerciendo función de garantías, revocar las medidas de aseguramiento que habían sido impuestas a dos ciudadanas.

En concepto del accionante, la providencia acusada incurrió en un defecto susceptible de vulnerar su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto el juez resolvió sobre la procedencia de las mencionadas medidas, a pesar de que las partes solo habían apelado el carácter de las mismas.

Conforme a esto, el problema jurídico que se planteó la Corte Constitucional fue: ¿vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio constitucional de limitación el juzgado accionado al decretar el levantamiento de las medidas de aseguramiento en segunda instancia dentro de un proceso penal, a pesar de que esto no fue solicitado por las partes al momento de la impugnación?

El carácter constitucional que tiene el juez de control de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de segunda instancia cuando observe que hay una vulneración obvia y grosera del ordenamiento constitucional y de los derechos fundamentales de alguna de las partes o, también, cuando deba ponderar entre este principio y otro de mayor jerarquía constitucional.

Según el alto tribunal, si bien el principio de limitación obra como regla general de conducta, no es aplicable a todos los jueces en todas las jurisdicciones, pues el legislador o el constituyente tienen la facultad de establecer la competencia para que algunos puedan pronunciarse extra petita aun en sede de impugnación.

En efecto, explicó que los jueces que conocen de acciones constitucionales tienen la facultad de ordenar todas las medidas que consideren necesarias para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, sin importar si conocen del proceso en primera o en segunda instancia. Lo anterior no implica que el juez de control de garantías no tenga límites competenciales, aclaró la corporación.

A su juicio, los actos de estos funcionarios deben estar enmarcados en las necesidades del procedimiento penal y en los principios que ilustran dichos procesos dentro de sus competencias legales y constitucionales, como cualquier otra autoridad judicial, salvo que, como se dijo, se presenten las vulneraciones descritas (M. P. Luis Ernesto Vargas).

Corte Constitucional, Sentencia T-643, 21/11/1..."

Última actualización el Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:48
 
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