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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Criterios para constatar cuándo se vulneran derechos fundamentales por falta de defensa técnica PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:22

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Corte Constitucional recordó, por medio de una sentencia de tutela, que la jurisprudencia ha decantado los criterios que permiten determinar en qué casos se entienden vulnerados los derechos fundamentales por falta de defensa técnica, especialmente en materia penal. (Lea: Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa)

 

En efecto, la Sala Cuarta de Revisión indicó que:

 

(i)Se requiere demostrar que efectivamente existieron fallas en la defensa y que desde ninguna perspectiva posible pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada

 

(ii)Se debe acreditar que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado

 

(iii)Se debe demostrar que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial, de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos que hacen procedente la tutela sobre providencias judiciales, estos son, defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales

 

(iv)Se debe probar que, como consecuencia de todo lo anterior, hay una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales no procede la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso, advirtió la corporación.

 

Aunado a lo precedente, la sala también recordó que en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser un profesional del Derecho. Esto es, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por ello, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras de garantizar al procesado su derecho de defensa.

 

No obstante, aclaró que si bien el derecho a una defensa técnica es una manifestación del derecho de defensa, aun cuando el imputado o condenado haya nombrado a un abogado de confianza o a un defensor público para asistirlo, este se reserva el derecho de actuar en su favor dentro del expediente penal. (Lea: No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito)

 

Defensa técnica y material

 

Del mismo modo precisó que en el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor (defensa técnica), sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado (defensa material), las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo, cual es defender al imputado. (Lea: Este sería el procedimiento para impugnar el primer fallo condenatorio en el proceso penal)

 

Finalmente, concluyó que las posibles faltas en la asistencia de un abogado habilitan al afectado para reclamar su protección judicial y ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios preestablecidos en el proceso, sin que tal habilitación se extienda por sí misma al amparo constitucional. (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-018, Ene. 20/17...."

Última actualización el Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:24
 
El carácter constitucional del juez de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de la segunda instancia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:46

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Mediante acción de tutela, el anterior Fiscal General de la Nación (e) atacó la sentencia del Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, quien decidió, en segunda instancia y ejerciendo función de garantías, revocar las medidas de aseguramiento que habían sido impuestas a dos ciudadanas.

En concepto del accionante, la providencia acusada incurrió en un defecto susceptible de vulnerar su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto el juez resolvió sobre la procedencia de las mencionadas medidas, a pesar de que las partes solo habían apelado el carácter de las mismas.

Conforme a esto, el problema jurídico que se planteó la Corte Constitucional fue: ¿vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio constitucional de limitación el juzgado accionado al decretar el levantamiento de las medidas de aseguramiento en segunda instancia dentro de un proceso penal, a pesar de que esto no fue solicitado por las partes al momento de la impugnación?

El carácter constitucional que tiene el juez de control de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de segunda instancia cuando observe que hay una vulneración obvia y grosera del ordenamiento constitucional y de los derechos fundamentales de alguna de las partes o, también, cuando deba ponderar entre este principio y otro de mayor jerarquía constitucional.

Según el alto tribunal, si bien el principio de limitación obra como regla general de conducta, no es aplicable a todos los jueces en todas las jurisdicciones, pues el legislador o el constituyente tienen la facultad de establecer la competencia para que algunos puedan pronunciarse extra petita aun en sede de impugnación.

En efecto, explicó que los jueces que conocen de acciones constitucionales tienen la facultad de ordenar todas las medidas que consideren necesarias para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, sin importar si conocen del proceso en primera o en segunda instancia. Lo anterior no implica que el juez de control de garantías no tenga límites competenciales, aclaró la corporación.

A su juicio, los actos de estos funcionarios deben estar enmarcados en las necesidades del procedimiento penal y en los principios que ilustran dichos procesos dentro de sus competencias legales y constitucionales, como cualquier otra autoridad judicial, salvo que, como se dijo, se presenten las vulneraciones descritas (M. P. Luis Ernesto Vargas).

Corte Constitucional, Sentencia T-643, 21/11/1..."

Última actualización el Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:48
 
Sala Penal explica cuándo deben aplicarse precedentes que inaplican incrementos punitivos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:27

 

En la providencia 33254 del 2013,  la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el incremento general de penas previsto por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 no tiene aplicación en algunos eventos específicos. (Lea: Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores)

 

Ello cuando el investigado propicia la terminación anticipada del proceso por la vía de los allanamientos o los acuerdos y no recibe a cambio beneficios o descuentos punitivos en virtud de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, esto es, para delitos como la extorsión, terrorismo, secuestro, entre otros.

 

Así  mismo, en la Sentencia 37761 del 2015, la Sala aplicó similar interpretación para los casos en que no sea procedente conceder beneficios a los condenados por las conductas de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la integridad sexual o secuestro cometidos contra menores.

 

De acuerdo con todo lo anterior, un fallo reciente de la misma corporación sostuvo que estos dos precedentes jurisprudenciales son aplicables cuando:

 

1.       El condenado haya accedido a uno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso.

 

2.       No obtenga rebaja punitiva alguna a pesar de allanarse a cargos o preacordar.

 

3.       La pena se dosifique con aplicación del incremento genérico contenido en el artículo 14 de la Ley 890.

 

Vale la pena decir que el precedente contenido en la decisión 37671 no es aplicable por razones de política criminal cuando la condena para el delito por el cual se reclama revisar la sentencia fue modificada por el legislador con posterioridad a la Ley 890 (M.P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-168212016 (47612), Nov. 16/16

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:29
 
Todo lo que un abogado debe saber sobre el nuevo procedimiento penal abreviado PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 13 de Enero de 2017 15:52

Tomado de www.ambitojuridico.com

La Ley 1826 del 2017 tiene 44 artículos y permitirá que las víctimas hagan parte de procesos relacionados con delitos menores de manera más activa, investigando y acusando a través de sus abogados o estudiantes de consultorio jurídico.

Su finalidad, una sola, descongestionar el sistema judicial por medio de la disminución del número de audiencias del procedimiento penal ordinario y la implementación de la figura del ya mencionado acusador privado. (Lea: Procedimiento especial para contravenciones penales llega a último debate)

Conductas punibles de este nuevo procedimiento

El procedimiento especial abreviado se aplicará a las siguientes conductas punibles:

1.       Las que requieren querella para el inicio de la acción penal.

 

2.       Lesiones personales

Lesiones Incapacidad para trabajar o enfermedad

 

Deformidad

 

Perturbación Funcional

 

Perturbación síquica

 

Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro

 

Parto o aborto preterintencional

 

Lesiones culposas

3.       De los actos de discriminación

 

Actos de racismo o discriminación

 

Hostigamiento

 

Actos de discriminación u hostigamiento agravados

 

4.       Inasistencia alimentaria

5.       Delitos contra el patrimonio económico

Hurto

Hurto calificado

Hurto agravado (numerales del 1 al 10 del Código Penal - CP)

Estafa

Abuso de confianza

Corrupción privada

Administración desleal

Abuso de condiciones de inferioridad

Utilización indebida de información privilegiada en particulares

6.       Los delitos contenidos en el Título VII BIS del CPP, sobre protección de la información y los datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado

7.       Delitos contra los derechos de autor

Violación a los derechos morales de autor

Violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos

Violación a los mecanismos de protección de derechos de autor

Falsedad en documento privado y circunstancias de agravación

8.       Delitos contra el orden económico social

Usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades vegetales

Uso ilegitimo de patentes

Violación de reserva industrial y comercial

Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico

Reducción de audiencias

El procedimiento abreviado de esta reforma se resumen en la reducción de cinco audiencias (imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura del fallo) a solo dos: una concentrada y un juicio oral.

Audiencia concentrada

Al respecto, la comunicación de los cargos se surtirá con el traslado del escrito de acusación y, de esta forma, el indiciado adquiere la condición de parte. (Lea: No habrá excarcelación masiva con proyecto contra el hacinamiento: Londoño)

A partir de este traslado, el investigado tendrá un término de 60 días para la preparación de su defensa. Vencido este plazo, el juez de conocimiento citará inmediatamente a las partes e intervinientes a audiencia concentrada, que se llevará a cabo dentro de los 10 días siguientes.

Audiencia de juicio oral

Concluida esta audiencia, el juez fijará fecha y hora para el inicio del juicio oral, que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes. El trámite de esta etapa seguirá las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, exceptuando lo previsto en su artículo 447 respecto de la audiencia para proferir sentencia.

Anunciado el sentido del fallo, el togado contará con 10 días para proferir la sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes. Surtidas las notificaciones, las partes contarán con cinco días para la presentación de los recursos que procedan contra la decisión de primera instancia.

Estas impugnaciones se presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo dispuesto por el procedimiento ordinario.

Acusador privado

Otro aspecto importante de la Ley 1826 es la regulación de la figura del acusador privado, establecida en el artículo 2º del Acto Legislativo 06 del 2011, lo que permite asumir a la víctima la condición de investigador, cuando así lo solicite al fiscal del caso.

De esta manera, pueden solicitar la conversión de la acción pública en acción privada las mismas personas que se entienden como querellantes legítimos. Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá existir acuerdo entre todas ellas. (Lea: Esta es la propuesta de justicia rápida presentada por Minjusticia)

En caso de desacuerdo, el ejercicio de la acción le corresponderá a la Fiscalía. Si una vez iniciado este trámite aparece un nuevo afectado, este se podrá adherir.

En ningún caso se podrá ejercer esta figura sin la representación de un abogado de confianza. Los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditadas podrán fungir como apoderados.

Causales de libertad

Por otro lado, es bueno decir que el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de 180 días. La libertad del acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos:

1.  Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada

2.  Cuando se haya decretado la preclusión.

3.  Cuando se haya absuelto al acusado.

4.  Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.

5.  Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el juez del caso.

6.  Cuando transcurridos 70 días desde el traslado de la acusación no se haya iniciado la audiencia concentrada.

7.  Cuando transcurridos 30 días desde la terminación de la audiencia concentrada no se haya iniciado la audiencia de juicio oral.

8.  Cuando transcurridos 75 días desde el inicio del juicio oral no se haya corrido traslado de la sentencia.

Vigencia

Finalmente, debe precisarse que esta normativa entrará a regir en seis meses y se aplicará a los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia y sobre los cuales no se haya realizado formulación de imputación en los términos de la Ley 906 del 2004.

Congreso de la República, Ley 1826, Ene. 12/17

Última actualización el Viernes, 13 de Enero de 2017 16:00
 
No es posible tomar de cada norma lo más conveniente para el procesado para crear una tercera ley PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:18

Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que no es posible tomar de cada una de las normas penales lo que resulte más conveniente para el procesado para crear una tercera ley “lex tertia”.

 

Inicialmente, resulta importante recordar que la Ley 1709 del 2014 reformó algunos artículos del Código Penal (Ley 599 del 2000), como lo es el artículo de prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, entre otros. (Lea: Requisitos para sustituir detención preventiva por domiciliaria no pueden valorarse aisladamente)

 

De esta forma lo precisó la Sala, luego de estudiar una improcedencia de prisión domiciliaria de un procesado por el delito de violencia intrafamiliar argumentando que si bien el juez de segunda instancia se equivocó al analizar la improcedencia de esta figura a la luz de la Ley 1709 de 2014, por cuanto no estaba vigente para la fecha de los hechos, ese yerro carece de trascendencia.

 

Ello toda vez que la modificación en el cambio de sitio de reclusión tampoco es viable al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 del Código Penal, antes de la reforma introducida por la citada ley, dado que esta disposición consagraba como requisito objetivo para la procedencia de la prisión domiciliaria que la sentencia se imponga por una conducta punible cuya pena mínima sea de cinco años o menos.(Lea: Gobierno propone reformar los requisitos para conceder la prisión domiciliaria)

 

Y, según los hechos concretos, el recurrente fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar, bajo la circunstancia de agravación punitiva consagrada en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, porque la conducta recayó sobre una mujer, que tiene una pena 6 a 14 años. (Lea: Condenados a prisión domiciliaria también pueden trabajar extramuros: Sala Penal)

 

Con todo, la corporación concluyó que si bien el Tribunal Superior de Bogotá no debía aplicar la Ley 1709, ya que entró en vigencia luego de ocurridos los hechos específicos e incluso luego de haberse proferido el fallo de primera instancia, el articulado sin modificación tampoco resultaba viable para tal fin, por lo que dispuso no casar al providencia, entre otros argumentos  (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP-168392016 (44298), Nov. 16/16

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:20
 
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