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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Sala Penal precisa alcance del término “inducir” en los delitos sexuales PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 18:00

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó los elementos del delito de inducción a la prostitución y precisó el alcance del término “inducir” en los delitos sexuales y la calidad de delito de mera conducta para este tipo penal.

 

Inicialmente indicó que existen tipos penales de mera actividad en los cuales basta realizar el comportamiento definido en la norma sin que se requiera la producción de un evento modificador específico como efecto de la acción. Así las cosas, la conducta se consuma con la realización de la descripción típica, independientemente de que se dé o no un suceso distinto de la conducta misma. (LeaAtacan disposiciones del Código de Policía que regulan la prostitución)

 

Ello a diferencia de los tipos penales de resultado, en los cuales la ejecución de la acción que está representada en el verbo rector debe acompañarse de la consecuencia que táctica o expresamente se describe en la norma para que se entienda consumada (causar la muerte, privar de la libertad de locomoción, apoderarse de cosa mueble ajena, obtener provecho ilícito, fabricar o circular moneda falsa, entre otros).

 

Atendiendo a esos conceptos, el artículo 213 del Código Penal, que describe la inducción a la prostitución, y el bien jurídico objeto de tutela: la libertad e integridad sexuales, enfatizó que este tipo penal abarca desde las acciones tendientes a promover el comercio carnal o la prostitución hasta el ejercicio efectivo de uno u otros inducidos por un tercero.

 

Por tanto, la conducta se debe catalogar como delito de simple actividad, dado que basta con que se busque persuadir a la persona de involucrarse en alguna de las mencionadas actividades para que se entienda consumada la conducta, con independencia de que el resultado se produzca o no.

 

Configuración del tipo penal

 

Sin embargo, el alto tribunal de justicia aclaró que no cualquier comentario, oferta o promesa configura este tipo penal, como del propio significado de la acción de inducir se extrae. (LeaAumento de penas no es la respuesta para combatir la violencia sexual contra menores: Minjusticia)

 

Ello toda vez que será necesario que la propuesta u ofrecimiento resulte categórica, convincente, capaz de motivar en el receptor la idea razonable de la gravedad de la iniciativa de involucrarse en las actividades de explotación de la sexualidad para obtener el pago de sus servicios, por ende, que la propuesta es real.

 

Con todo, advirtió que no se trata, en consecuencia, de que la persona objeto de la inducción llegue a tener trato sexual con los demandantes determinados o indeterminados de los servicios, ni siquiera que acepte o se comprometa en la actividad, sino que el sujeto encamine su conducta, con acciones persuasivas e idóneas, a motivar en el destinario la incursión en el comercio sexual, aún si el receptor de la oferta la rechaza.

 

Lo anterior por cuanto, se reitera, en los delitos de mera conducta no hace falta un resultado material para que se entienda cumplida la tipicidad consumada (M. P. Fernando Alberto Castro Caballero).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-1222018 (48192), Mar. 21/18

.."

Última actualización el Viernes, 01 de Junio de 2018 18:01
 
Suspensión y aplazamiento de audiencias penales trasgrede derechos fundamentales de las víctimas 25 de Mayo del 2018 PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 17:56

Tomado de www.ambitojuridico.com

".....Las suspensiones y aplazamientos de las audiencias tienen un fuerte impacto sobre los tiempos que los juzgados toman para adoptar sus decisiones de fondo, explicó la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional.

 

Para la corporación, el mecanismo de compartimentos rígidos para la celebración de las diligencias y la omisión del juez competente para adoptar y materializar las medidas de dirección y corrección del proceso impactan de manera directa en la prolongación irrazonable del tiempo del proceso.

 

Agregó que ello genera la vulneración de derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y, en especial, a acceder a un recurso judicial efectivo. (LeaFiscalía ofrece al Consejo Superior de la Judicatura 48 salas para realizar audiencias)

 

Así mismo, el fallo identificó el deber constitucional y legal de las autoridades que concurren al proceso penal de informar a las víctimas sobre el alcance de sus derechos, las instituciones encargadas de su satisfacción y el acceso a los programas de asistencia social y humanitaria, así como su inscripción en el registro único de víctimas.

 

Sumado a ello, sustentó que la labor del juez en el proceso penal, desde una dimensión constitucional de protección de postulados fundamentales, está orientada por los principios establecidos en la Ley 906 del 2004. (LeaMás de 19.000 audiencias penales han sido suspendidas por paro judicial)

 

Específicamente lo relacionado con la garantía de los derechos de las víctimas consagrada en el artículo 11 de esa normativa, la cual se materializa en recibir, desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en ese código:

 

i. Información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas y

 

ii. La asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley

 

(M. P. Gloria Stella Ortiz).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-083, 05/03/18

."

Última actualización el Viernes, 01 de Junio de 2018 17:58
 
Prueba del móvil pasional no es indispensable para la configuración típica del homicidio PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 08 de Mayo de 2018 01:01

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...En materia de dogmática penal, la prueba del móvil pasional no constituye un elemento indispensable para la configuración típica de la conducta punible de homicidio.

 

Así lo precisó la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que reconoció su importancia en la demostración del ingrediente subjetivo del tipo penal o en la determinación de la culpabilidad.

 

Adicionalmente, calificó como cierto que la comprobación de un móvil puede explicar la ocurrencia de una conducta lesiva, así como servir de hecho indicador de autoría y responsabilidad penal.

 

Premeditación

 

Tratándose de un homicidio pasional, para el caso bajo análisis, no se requiere de una acción premeditada sustentada en una relación de larga duración, condición de premeditación en el ejecutor, pues es posible la realización de un crimen de ese calibre en el fragor de una imprevista reacción emocional.

 

Para la perpetración de un homicidio no se requiere entonces de una especial motivación y cualquier condición puede desencadenar ese fatal desenlace, existiendo la posibilidad de que la intención delictiva se haya creado en el mismo momento y sea ejecutada sin intervalo entre la idea y la acción, como consecuencia de una reacción imprevista o por un impulso instantáneo, conocido como dolo de ímpetu, aclaró.

 

No obstante, aunque parezca extraordinario que un tercero realizara la incursión violenta en el motel donde estaba la víctima y el acusado, la hipótesis está corroborada por pruebas testimoniales que confirman la presencia de esta persona, escapando y llevando consigo un arma de fuego (M. P. Patricia Salazar).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-7342018 (41785), Mar. 14/18..."

Última actualización el Martes, 08 de Mayo de 2018 01:03
 
Las razones jurídicas del archivo de la investigación por acoso sexual contra el exdefensor del Pueblo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 17:51

Tomado de www.ambitojuridico.com

".......Un auto de ponente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que adelantaba la Fiscalía General de la Nación contra el exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora, el cual había sido denunciado por su secretaria privada por acoso sexual. (Lea: Sala Laboral delimita cuándo la “galantería” constituye acoso sexual en el trabajo)

 

La Sala Penal concluyó que “el acoso sexual no se configura si no existe relación entre el fin sexual conseguido y la relación de autoridad o de poder. Menos cuando no existe hostigamiento, sino acuerdo”.

 

Dentro de las reflexiones que hizo la Corte sobre la figura afirmó que el acoso se manifiesta por lo general como un abuso de poder dirigido a afectar con actos persistentes, incesantes y continuos el consentimiento de la víctima. (Lea: Si hay dudas sobre el uso de violencia en una violación debe absolverse al procesado)

 

Sin embargo, señaló que no puede haber delito en aquellos casos en donde el consentimiento es libre y la asimetría de la subordinación laboral no influye en la aquiescencia del trato sexual.

 

La Sala planteó un interrogante: “¿Cómo es posible, entonces, que un comportamiento acreditado por tantos e incuestionables elementos materiales de prueba pueda ser la manifestación de una sumisión provocada por el maltrato, acoso, el hostigamiento o el producto de una debilidad de carácter que los peritos de medicina legal dijeron que la actora no tiene?”. (Lea: Acoso sexual ha pasado a formar parte de las relaciones de poder en el trabajo: Sala Laboral)

 

En este caso, agregó el tribunal, el problema no radica en que no existe “prueba periférica”, sino en que la presunta víctima fue desmentida por la fuerza de los acontecimientos y por una abrumadora evidencia que deja en entredicho su versión, puntualiza el auto.

 

También indicó que solo habría delito si la relación de autoridad o de poder se emplea con el fin de ejercer una influencia determinante en la prestación de un consentimiento sexual, que en condiciones normales no se admitiría, así este nunca acepte (M. P. Luis Antonio Hernández).

 

CSJ Sala Penal, Auto AP-20702018 (51870), 23/05/18...."

 
Imputado o acusado puede solicitar exclusión de evidencias obtenidas en acto que vulneró derechos de terceros PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Martes, 08 de Mayo de 2018 00:59

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Frente a la legitimación del procesado para solicitar la exclusión de evidencias cuando el acto de investigación de donde fueron obtenidas afecta los derechos fundamentales de otras personas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de un auto, indicó que existen dos tesis dominantes:

 

(i)La primeratiene un fuerte arraigo en el sistema procesal estadounidense, precisa que la exclusión de evidencia solo puede ser pedida por el titular del derecho vulnerado con el acto de investigación, no por el procesado. (LeaConfirman absolución de fiscal acusado de prevaricato por precluir investigación carente de pruebas incriminatorias)

 

(ii)Por su parte, la segunda, con una amplia cabida en el derecho español, se estructura sobre la idea de que el procesado tiene derecho a que su presunción de inocencia se desvirtúe con pruebas obtenidas y practicadas dentro del marco constitucional y legal.

 

Así las cosas, estará legitimado para pedir la exclusión de evidencia, así el acto de investigación solo haya comprometido los derechos fundamentales de terceros.

 

Situaciones diferenciadas

 

El artículo 231 de la Ley 906 del 2004 (actual Código de Procedimiento Penal), que por expresa disposición legal debe aplicarse a los otros actos de investigación regulados en ese mismo capítulo, dispone expresamente que la legitimación para pedir la exclusión procede de dos situaciones perfectamente diferenciadas:

 

(i)La calidad de imputado o indiciado o

 

(ii)a titularidad de la expectativa razonable de intimidad frente al bien objeto del registro.

 

Ello sin perjuicio de que concurran los dos presupuestos, agregó el fallo. (LeaFrente a investigación criminal, no es obligatorio practicar reconocimiento en fila o fotográfico)

 

Para la corporación, lo anterior guarda armonía con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 del 2005, en la cual argumentó que cuando se trata de graves afectaciones de derechos fundamentales puede haber lugar a la nulidad de la actuación, por la inoperancia de los controles judiciales, lo que choca con la idea de que solo la persona afectada está legitimada para pedir la exclusión.

 

Con todo, el auto concluyó que tanto el indiciado como el imputado o el acusado está legitimado para solicitar la exclusión de las evidencias obtenidas a partir de un acto de investigación que afectó los derechos de terceros.

 

Dentro del proceso seguido en contra de un juez civil municipal de Cúcuta, la Sala Penal resolvió el recurso de apelación interpuesto por el defensor en contra de un auto que negó la exclusión de varias evidencias relacionadas con la extracción de la información de un teléfono celular perteneciente a una testigo dentro del proceso (M. P. Patricia Salazar Cuéllar)

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto AP-14652018 (52320), Abr. 11/18

..."

 

Última actualización el Martes, 08 de Mayo de 2018 01:01
 
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