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COAUTORIA EN EL PORTE ILEGAL DE ARMAS. PDF Imprimir E-mail
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Viernes, 14 de Febrero de 2014 19:59

Tribunal Superior de Santa Marta. Sala Penal. PORTE DE ARMA DE FUEGO AGRAVADO RAD. 0667-09. RAD 47189-31-04001-2009-0107-00.INTERNO. 0667-09. (9 de febrero de 2010).

 

3.- Coautoría en el delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones.

Señala el defensor apelante respecto a JOSE RAFAEL LOPEZ GAMEZ, que no se le encontró arma de arma de fuego al momento de su retención, y que por tanto, debe ser absuelto, como quiera que actuó sin dolo, jamás portó el arma de fuego y tampoco conoció de la existencia de ella, ni se probó un concierto previo con DEIVIS ALFONSO de portar arma de fuego, lo que imposibilita establecer una coautoría en el delito referenciado.

La ley 599 de 2000, a diferencia del Decreto 100 de 1980, reguló expresamente en el artículo 29 inciso 2 el concepto de coautoría al establecer que son coautores los que mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte, con lo cual estableció claramente los elementos que la conforman:

a.- El acuerdo común: Se parte de la base de la intervención plural de personas en la conducta punible, lo que no resulta suficiente, porque a los distintos individuos los debe unir el propósito de realización del supuesto fáctico que fundamenta la conducta punible. Esto es, todos los sujetos deben tener conocimiento de las tareas a realizar por los diferentes intervinientes en el hecho.  

b.- La división del trabajo criminal: Implica que ninguno de los intervinientes realiza integralmente la conducta prevista en el tipo, sino que existe un principio de división de trabajo conforme a un plan común acordado para la realización conjunta del tipo penal.  

c.- La importancia del aporte: Concepto que permite diferenciar al coautor del cómplice pues éste último, también cumple una tarea concreta producto de un acuerdo previo. Aporte que debe ser esencial para que el interviniente que lo haga tenga el dominio funcional del hecho y sea posible considerarlo como coautor. 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en reiterados pronunciamientos[1] ha sostenido que cuando varias personas conciertan libre y voluntariamente la realización de una misma conducta punible, con distribución de funciones en una idéntica y compleja operación delictiva, de tal manera, que cada uno de ellos ejecuta una parte diversa de la empresa común[2], todos tienen la calidad de coautores, por ello actúan con conocimiento y voluntad para la producción del resultado comúnmente querido o por lo menos aceptado como probable.

En otra oportunidad, manifestó:

“Es cierto que el concepto así expresado, como se dijo en algunos salvamentos de voto, podría conducir a involucrar al cómplice dentro de un ampliada comprensión del término “autor”, dado que también interviene en el hecho común, en virtud de un acuerdo previo, inclusive con “dominio” de su propia intervención, que forma parte de la empresa total”.  “Es en este punto en el que el censor centra su argumento, cuando afirma que el sólo concierto previo no permite configurar la coautoría. Empero, de la posición asumida por la Corte, se destaca la afluencia de varios principios para entender el concurso de personas dentro de la institución de la coparticipación criminal, a saber, el de la ejecutividad, entendida ésta como la exteriorización de la conducta, mínimo hasta el grado de la tentativa, de la identidad, de manera que en torno a una misma empresa delictiva se aglutinen los partícipes, la convergencia dolosa, el cual supone el acuerdo de voluntades y de la división de trabajo como efecto de lo concertado y concretado. Si de la intervención así convenida, se podía deducir la “realización de una misma y compleja operación delictiva”, esta forma de participación tenía que ser calificada como de autor, dado que el artículo 23 de la codificación anterior consideraba como autor al que realizara el hecho punible, como así también lo establece el código actual (Ley 599/2000)” .  “Por lo expuesto, no puede afirmarse con certeza que la Corte legisló o, como lo insinúa el demandante, que se “inventó” la figura de la coautoría impropia, puesto que su comprensión dependió de la interpretación en vía de jurisprudencia, de la disposición legal a la cual dio dicho sentido y que el censor considera indebidamente aplicado”.  “Empero, es preciso determinar que de ese principio de convergencia debe distinguirse, primero, si la participación no tuvo la relievancia o intensidad indispensable para estimar al partícipe como autor, sino como cómplice, dificultad que la ley actual supera y aclara “atendiendo la importancia del aporte”, de tal manera que si el aporte no es importante, se debe entonces remitir a la figura de la complicidad y, segundo, si uno de los participantes actuó por fuera de lo pactado, lo cual conduce al exceso y la prohibición de regreso, pues en tal evento, la responsabilidad la asume el respectivo concurrente”.   “Es en este aspecto en el que se debe reflexionar, pues el recurrente considera indebidamente aplicado el artículo 23, anterior, por cuanto que, dice, el homicidio cometido no se le debe imputar a su representado ya que en su realización no tenía dominio ni para ello medió “su contribución objetiva”.    “Es factible que la teoría objetivo-formal de la “realización” del hecho o de la conducta punible, resulte adecuada para resaltar al autor unitario, no así al plural, puesto que en muchos casos de coautoría el coautor no interviene en actos de ejecución, en el sentido objetivo-formal, como sucede, por ejemplo, con el organizador de un plan delictivo que está presente en la dirección de la ejecución, pero no materialmente en ella. Su colaboración y aporte es de vital importancia, sin duda, pero no es ejecutiva desde el punto de vista objetivo-formal. Sin embargo, es un coautor, porque dentro de la división de trabajo que complementa el concepto de autor, su participación es importante, porque está comprendida dentro del plan de autor, como así lo admite la doctrina, tanto nacional como comparada. En la vigencia del código anterior, el determinador se consideraba autor, así, claro está, no interviniera en la ejecución material del reato”.    “Tratándose de un delito planificado, es elocuente que no todos los partícipes realizan todos los elementos del tipo, mas, el hecho de no haber realizado directamente el tipo doloso, no descarta que quien haya tenido el dominio funcional del hecho o conducta pueda ser considerado como coautor porque su aportación es esencial, mediando el acuerdo previo y la ejecución común, dada la distribución de funciones o actividades en el aludido plan”.   “Quiere decir lo anterior, que la teoría del dominio del hecho no puede entenderse, como así parece ser el caso del recurrente, dentro de un estrecho concepto objetivo-formal, puesto que es evidente que la ejecución o realización material, no constituye la única forma de manifestarse el dominio”.[3]

Aplicados los anteriores conceptos al delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones y haciendo un rastreo pormenorizado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra, la sentencia de 24 de septiembre de 1993, radicado 7272, en la que actuó como Magistrado Ponente Ricardo Calvete Rangel, tratándose de un asalto bancario con utilización de armas de fuego, algunas de uso privativo de las fuerzas armadas y otras de defensa personal, las cuales utilizaron como medio para intimidar a las personas que se encontraban en la entidad crediticia y para tratar de huir de las autoridades, perdiendo la vida en el intercambio de disparos, los que portaban las armas de uso privativo y siendo capturados los demás integrantes de la banda, pretendiendo sus defensores, que a estos últimos no se les impute la conducta de porte que fue sólo realizada por los individuos dados de baja en el momento de los hechos.


Como respuesta, nuestro más alto Tribunal de justicia ordinaria expresó:

 

“...Limitar el alcance del verbo portar a la idea de llevar el arma en la mano, o en la cintura, o de alguna manera adherida al cuerpo, es restringir en forma indebida su significación jurídico penal, pues porta no solo quien la lleva consigo, sino también todos aquellos que conocedores de esta circunstancia participan en la empresa delictiva común.   No tiene razón de ser admitir que si el arma es muy grande, un cañón por ejemplo y lo llevan entre cuatro personas, todos portan, en cambio si es pequeña, aunque hayan acordado llevarla con ellos, únicamente porta el que la tenga en sus manos. Para ilustrar lo erróneo de esta posición bastaría tener en cuenta que en casos semejantes sería suficiente que sortearan quien toma el arma, para que en el evento de ser descubiertos la responsabilidad solo recayera sobre una persona.    Abundando en ejemplos, si a dos individuos que son sorprendidos momentos antes de realizar un atentado se les encuentra una granada u otro artefacto explosivo cuyo porte y eventual utilización acordaron, pero que solo uno de ellos lleva consigo, la conducta de portar es imputable a los dos. Contrario sensu, si entre un grupo de personas que departen en un establecimiento abierto al público, o que comparten un transporte colectivo, una de ellas porta un arma sin permiso de autoridad competente, la responsabilidad es exclusivamente suya.   La interpretación que los dos demandantes hace del verbo portar, a través de la cual le fijan un limitado alcance, les sirve de punto de partida para plantear que esa conducta solo puede predicarse de quien físicamente tiene el arma, argumentación que no comparte la Sala, por las razones expuestas en precedencia, y que permiten concluir que el cargo no prospera...”



[1] CSJ. M.P. Dr. Reyes Echandía, Alfonso. Agosto 11 de 1981. Dr. Martínez Zúñiga, Lisandro. Noviembre 23 de 1988, Dr. Torres Fresneda, Juan Manuel. Septiembre 16 de 1992. Dr. Arboleda Ripoll, Fernando. Marzo 23 de 1999. Dr. Pérez Pinzón, Álvaro. Abril 24 de 2003. Dra. Pulido De Barón, Marina. Junio 8 de 2003, entre otros.

[2] CSJ. Septiencia de Septiembre 8 de 1980. M.P. Alfonso Reyes Echandía.

[3] C.S.J., Sentencia de 18 de febrero de 2004, radicado 17252, M.P. Herman Galán Castellanos.

 

Última actualización el Viernes, 14 de Febrero de 2014 20:04
 
HAY PORTE ILEGAL DE ARMAS, ASI NO SE INCAUTE. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 14 de Febrero de 2014 19:54

 

Tribunal Superior de Santa Marta. Sala Penal. PORTE DE ARMA DE FUEGO AGRAVADO RAD. 0667-09. RAD 47189-31-04001-2009-0107-00.INTERNO. 0667-09. (9 de febrero de 2010)

 

. "..Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte al estudiar la tipificación del delito de porte ilegal de armas, en sentencia de junio 14 de 1995, radicado 9094, actuando como Magistrado Ponente Fernando Enrique Arboleda Ripoll, en la que se trataba de un delito de homicidio causado con arma de fuego, la que no fue incautada al implicado, por lo que la actora, estima que el delito de porte ilegal de armas no se presentó, porque para su tipificación es indispensable que al momento de la retención, el acusado lleve consigo el arma. Respecto del problema jurídico, puntualizó:

 

 

“... Para la Corte, esta exigencia adicional que plantea la casacionista no está comprendida dentro de la descripción típica de esta conducta, que se concreta, en el caso sub examine, al simple porte del arma de fuego sin permiso de autoridad competente, que fue, precisamente, lo que se logró demostrar en el proceso.

De la circunstancia de que el acusado hubiera logrado desprenderse del arma, razón por la cual no se le halló en su poder cuando fue requisado, no puede de ninguna manera inferirse que minutos antes no la portaba, porque la prueba a este respecto es clara y contundente, tanto, que la casacionista fundamentó la censura en la violación directa, que como se sabe implica necesariamente para el actor la aceptación plena de la situación fáctica que dió por demostrada el fallador.

Es pertinente advertir sí, que si se desconoce que un sujeto anda armado y sometido a requisa nada se le encuentra en su poder, pues obvio resulta que ningún delito podrá imputársele ante la total ausencia de prueba sobre el porte ilegal de armas. Pero cuando el porte del arma - o de cualquier sustancia prohibida - está plenamente demostrado, la simple circunstancia de que el sujeto logre deshacerse de ella y que por tanto, al ser requisado no se encuentre en su poder el elemento prohibido que inmediatamente antes del registro llevaba consigo, es un aspecto que en nada incide en la adecuación típica de esta conducta. ..” (El Subrayo es nuestro).

Dicho material jurisprudencial armonizado, lo que indica, en primer término, es que para la tipificación del porte ilegal de arma de fuego no es indispensable que al momento de la retención, el acusado lleve consigo el arma, por lo que la simple circunstancia de que el sujeto logre deshacerse de ella, no desfigura el ilícito contra la Seguridad Pública. En segundo término, que es viable aplicar la coautoría en este mismo delito, cuando existe participación plural de personas, así el procesado no lleve consigo el arma al momento de la requisa, cuando todos los intervinientes tengan conocimiento y voluntad de la empresa criminal y de la utilización del arma de fuego, aunque sea distinto el poder de las que cada uno porte o no utilicen ninguna.

En cada una de las hipótesis reseñadas, el funcionario judicial deberá analizar las circunstancias modales y témporo – espaciales en que se realizó, para determinar la existencia del delito y si en este existió la figura de la coautoría...."

 

Última actualización el Viernes, 14 de Febrero de 2014 19:58
 
Medidas de aseguramiento y condenas a indígenas deben cumplirse en sus comunidades PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 08 de Febrero de 2014 23:16

Tomado de www.ambitojuridico.com.

 

"----Medidas de aseguramiento y condenas a indígenas deben cumplirse en sus comunidades

6 de Febrero 4:16 PM


 

Las medidas de aseguramiento o privativas de la libertad que se dicten contra indígenas deben cumplirse, preferiblemente, en la comunidad del procesado y, en todo caso, en un lugar donde se preserven las costumbres de su etnia, indicó la Corte Constitucional.

 

Según la corporación, la presencia de indígenas en penales ordinarios ha propiciado un “masivo proceso de desculturización”. De ahí la necesidad de que su reclusión dentro de sus propias etnias sea prioritaria.

 

Incluso, frente a actuaciones que, según la ley de la cultura mayoritaria, constituyan acciones delictivas contra la integridad sexual de menores, las autoridades deben analizar el caso, para verificar si, a la luz de la cosmogonía del grupo aborigen al que pertenece el indiciado, esto equivale a un hecho punible.

 

La Corte llegó esta conclusión al resolver una acción de tutela interpuesta a raíz de un proceso penal ordinario adelantado contra un indígena que tuvo relaciones sexuales con una menor de edad, las cuales, según el acusado, fueron consentidas.

 

El alto tribunal señaló que las decisiones del juez constitucional relacionadas con la integridad sexual de los menores no pueden excluir la consideración sobre su diversidad cultural.

 

A su juicio, no es suficiente aducir como único criterio de competencia de la jurisdicción ordinaria el interés superior del niño, pues, de lo contrario, se presumiría que las comunidades indígenas no tienen la capacidad de garantizar el interés de  los menores, lo cual  no solamente sería falso, sino que ignoraría la seriedad de esa jurisdicción y la dignidad de los pueblos indígenas.

 

Las autoridades indígenas, explicó la Corte, también deben velar por el interés superior del menor, bajo las especiales consideraciones de su diversidad y, en particular, deben cumplir con la garantía del desarrollo integral del niño, la preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus  derechos fundamentales, su protección frente a riesgos prohibidos, entre otros aspectos.

 

Por otro lado, recordó que el artículo 33 del Código Penal consagra la inimputabilidad del presunto responsable del delito cuando su visión de los comportamientos sociales, basada en el imaginario de su cultura, le impide observar como delictual cierta actuación.

 

“La privación de la libertad de los indígenas en establecimientos penitenciarios y carcelarios debería ser excepcional, pese a lo cual en la actualidad la situación es completamente distinta”, advirtió la corporación.

 

El fallo aclara que el juez debe verificar, en cada caso, si la comunidad indígena cuenta con instalaciones idóneas para garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad.

 

Cabe recordar que, en un fallo reciente, el Consejo Superior de la Judicatura se determinó que el fuero indígena no puede cobijar a las personas implicadas en delitos contra la integridad sexual de los menores.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-921, dic. 5/13, M. P. Jorge Ignacio Pretelt)..."

Última actualización el Sábado, 08 de Febrero de 2014 23:18
 
DESTINACION ILICITA DE INMUEBLE ART. 377 CP PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Domingo, 09 de Febrero de 2014 17:46

 

DESTINACIÓN ILÍCITA DE MUEBLES O INMUEBLES / Sujeto activo – Propietario o poseedor.

En relación con los presupuestos para predicar la autoría del ilícito en referencia, declárese que según posición del Tribunal[1], sólo podrá ser sujeto activo la persona facultada para disponer jurídica y materialmente del respectivo bien, es decir, su propietario o poseedor,  pues por regla general, nadie puede válidamente darle destino a bienes ajenos a su dominio o posesión. Por lo tanto, esta conducta punible únicamente puede ser atribuida al titular del derecho de dominio o poseedor del bien mueble o inmueble que en lugar de darle su uso natural o para el cual fue creado, intencionalmente lo destina a ser utilizado en cualquiera de las ilícitas actividades señaladas en la precitada disposición, o lo tolera, esto es, manteniéndose por lo general alejado, distante o ajeno a la mismas, o lo que es igual, sin involucrarse en su ejecución, aunque bien pudiera hacerlo. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL. SALA SEGUNDA DE DECISIÓN PENAL.Neiva, martes nueve (9) de agosto de dos mil once (2011).Son las 17:05 horas. Aprobado Acta No. 1168. Magistrado Ponente: JAVIER IVÁN CHÁVARRO ROJAS. 2011 00001 01. [1] Sent. 2ª instancia. 18 de agosto de 2009. Aprobado con acta 1003. M.P. Álvaro A. Navia Manquillo

Última actualización el Domingo, 09 de Febrero de 2014 17:49
 
Noticias de última hora PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 05 de Febrero de 2014 20:26

 

Tomado de www.ambitojuridico.com.

 

"..

4 de Febrero 9:40 AM
Las relaciones de amistad que tejen las personas durante sus vidas pueden llegar a estados de cercanía como los que se tienen con los miembros de la propia familia.
3 de Febrero 11:28 AM
Los funcionarios de la compañía serían responsables por los daños al ecosistema que generó el vertimiento al mar de 500 toneladas de carbón.
3 de Febrero 9:40 AM
Los jefes paramilitares extraditados a EE UU, responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, deberán pagar la pena alternativa de Justicia y Paz cuando regresen.
31 de Enero 5:12 PM
Un total de 60 fiscales y más de 40 funcionarios de policía judicial serán designados para investigar todas las denuncias y hechos que pongan en riesgo el libre ejercicio de los derechos políticos.
30 de Enero 4:41 PM
Según el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, lo importante es definir cómo evitar que la gente ingrese a los penales.
30 de Enero 10:56 AM
No existe diferencia de trato frente al cómputo del plazo a partir de la reclusión en establecimiento carcelario, para quienes se desmovilizaron estando en libertad.
29 de Enero 10:12 AM
El Ministerio de Defensa asume la defensa como una responsabilidad de medio y no de resultado, para lo cual se implementarán controles a la actividad de los defensores.
Última actualización el Miércoles, 05 de Febrero de 2014 20:30
 
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