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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Exequible norma que regula imposición de medida de aseguramiento en proceso penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 14 de Octubre de 2013 14:55
tomado de www.ambitojuridico.com
".....Exequible norma que regula imposición de medida de aseguramiento en proceso penal

11 de Octubre 3:14 Pm

La Corte Constitucional declaró exequible el numeral 3° del artículo 308 de la Ley 906 del 2004, que habilita al juez con funciones de control de garantías para imponer una medida de aseguramiento preventiva, cuando considere probable que el procesado no cumplirá la sentencia.

 

Según el alto tribunal, se trata de una medida razonable, que garantiza la comparecencia del procesado, protege los derechos de las víctimas y rodea a la sociedad, toda vez que la intención del legislador es evitar la impunidad y promover la eficacia de las decisiones judiciales.

 

Sin embargo, recordó que se trata de un mecanismo excepcional, por cuanto la regla general es permitir que el imputado enfrente el proceso en libertad. De ahí que sea necesario analizar aspectos como la probabilidad de que el ciudadano objeto de juzgamiento no comparezca, la gravedad de la conducta y del daño causado, entre otros.

 

De este análisis, el funcionario judicial podrá inferir razonablemente la falta de voluntad del imputado para someterse a la investigación, al procedimiento penal y al cumplimiento de la pena si fuere impuesta, explica la sentencia.

 

(Corte Constitucional, Comunicado (D-9570), oct. 9/13).."


Última actualización el Lunes, 14 de Octubre de 2013 14:58
 
Noticias de última hora PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 04 de Octubre de 2013 22:05

Tomado de www.legismovil.com

 

 

"....Datos personales en directorios telefónicos no son de naturaleza pública (3:33 p.m.)
El directorio telefónico es una guía en la que se informan los datos personales de usuarios de servicios de telefonía fija, como el nombre, la dirección y el teléfono, cuyo acceso es público y son previamente autorizados. Sin embargo, el hecho de estar disponibles para el público no significa que todos los datos personales sean de naturaleza pública y, por lo tanto, su tratamiento debe garantizar el derecho de hábeas data y el derecho a la intimidad del titular, respetando los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, acceso y circulación restringida y seguridad y confidencialidad, entre otros. Así lo precisó la Superintendencia de Industria y Comercio, en concepto de septiembre.

Noticia generada en Oct. 04/13 (3:33 p.m.)


Entrega de bienes a terceros con fines publicitarios no es hecho generador del impuesto sobre las ventas (2:55 p.m.)
De acuerdo con el artículo 40 del Decreto 2649 de 1993, la entrega de bienes a terceros para fines publicitarios no constituye hecho generador del impuesto sobre las ventas sino un gasto, indicó la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Según la sentencia, la entrega física de premios y regalos hace parte de una estrategia comercial del contribuyente para incrementar sus ingresos, por lo tanto esos incentivos, dentro de una política empresarial, para efectos fiscales no se consideran una venta (C. P. Carmen Teresa Ortiz).

Noticia generada en Oct. 04/13 (2:55 p.m.)

I

Aprobado Conpes para promover inversión colombiana en el exterior (2:42 p.m.)
El Consejo Nacional de Política Económica y Social dio su visto bueno a las estrategias que adelantará el Gobierno para promover y facilitar los egresos de inversión directa del país hacia el exterior y para hacer extensivos sus beneficios al conjunto de la actividad económica colombiana. En el documento se aprobaron cuatro estrategias: establecer una agencia de promoción de la inversión colombiana en el exterior, adecuar los instrumentos jurídicos que faciliten dicha inversión, consolidar una instancia nacional de coordinación y solución de dificultades en Colombia para los inversionistas, implementar un plan de divulgación y capacitación para fortalecer el conocimiento de entidades, instrumentos e instancias disponibles para los inversionistas. Según el Conpes, las funciones de promoción de la inversión serán encargadas a Proexport, que contará con recursos por $ 4.000 millones para ejercer dicha labor entre el 2013 y el 2014.

Noticia generada en Oct. 04/13 (2:42 p.m.)


Unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes son figuras autónomas (2:38 p.m.)
La Corte Suprema de Justicia recordó las diferencias entre unión marital de hecho y sociedad patrimonial de los compañeros permanentes. Ambas figuras jurídicas son autónomas ya que cada una disciplina aspectos diversos de la familia constituida por lazos meramente naturales y responde a distintos requisitos. Es así como la corporación reiteró que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, si bien depende de que exista la unión marital de hecho, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los demás presupuestos normativos (M.P. Arturo Solarte Rodríguez).

Noticia generada en Oct. 04/13 (2:38 p.m.)

Autorización para despedir a una persona en condición de discapacidad no es innecesaria (2:30 p.m.)
En reciente oficio, el Ministerio del Trabajo recordó que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 137 del Decreto 19 del 2012 (Decreto-Ley Antitrámites), al considerar como innecesaria la autorización que debía solicitar el empleador para despedir a una persona en condición de discapacidad. Según el alto tribunal, el Gobierno Nacional excedió sus facultades y no garantizó ni promovió el derecho al trabajo. Así mismo, la entidad recordó la protección especial que recae sobre estas personas, cuyos derechos no pueden ser transgredidos, a menos que existan razones de mérito.

Noticia generada en Oct. 04/13 (2:30 p.m.)

Régimen tributario de consorcios y uniones temporales es el de las sociedades (2:12 p.m.)
Según el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, a los consorcios y uniones temporales se les aplica el régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades, sin que puedan estar sujetos a doble tributación, recordó el Consejo de Estado. En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que los hechos y bases gravables de la obligación tributaria frente a esos sujetos quedaron delimitados y precisados en la ley, al asignarle la responsabilidad de las sociedades, lo cual impide las imprecisiones en el manejo de las obligaciones impositivas, señaló el fallo (C. P. Martha Teresa Briceño).

Noticia generada en Oct. 04/13 (2:12 p.m.)

I


Exenciones y tratamiento preferencial tributario local es facultad exclusiva de entidades territoriales (10:35 a.m.)
Establecer exenciones y tratamientos preferenciales sobre tributos territoriales es facultad exclusiva y propia de las entidades territoriales, recordó la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En el caso en estudio, la corporación negó la nulidad de la Ordenanza 125 del 2004, en que la Asamblea del departamento de la Guajira concedió unas exenciones en la estampilla prodesarrollo fronterizo, al señalar que en ejercicio de la autonomía fiscal de las entidades territoriales pueden establecer exenciones y tratamientos preferenciales respecto de tributos de carácter departamental, como el de estampillas. Según la sentencia, en relación con esa clase de gravámenes, tal atribución es propia y exclusiva de las entidades territoriales, sujeta a los límites constituciones y legales de su autonomía (C. P. Carmen Teresa Ortiz).

Noticia generada en Oct. 04/13 (10:35 a.m.)

Por dos años, Gobierno restringe importación de papa y otros ocho productos agropecuarios (10:10 a.m.)
La medida, que protege la producción nacional y desarrolla los recientes acuerdos suscritos con organizaciones campesinas, se oficializará este viernes mediante un decreto, según informó el Ministerio de Agricultura. La restricción se traduce en la aplicación, con incremento en los aranceles y restricción en las cantidades, de unas cláusulas de salvaguardia, por dos años, para los siguientes productos: papa fresca, incluyendo prefrita congelada; cebolla de bulbo, fríjol, alverja, tomate, pera, leche en polvo, quesos frescos y lactosueros.

Noticia generada en Oct. 04/13 (10:10 a.m.)

Proveedores de acceso a internet no pueden restringir contenidos y aplicaciones (8:35 a.m.)
Los usuarios de servicios de comunicaciones, específicamente de internet, tienen derecho a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de la plataforma, sin que los proveedores puedan restringir contenidos y aplicaciones, salvo en los casos en que legal o reglamentariamente se consideren prohibidos o cuando se solicite el bloqueo a sitios web específicos que no puedan ser bloqueados directamente, precisó la Superintendencia de Industria y Comercio. Los proveedores están obligados a disponer de medios tecnológicos o electrónicos para que sus clientes puedan presentar peticiones, quejas y recursos, recordó la entidad....."

Última actualización el Viernes, 04 de Octubre de 2013 22:07
 
EL JUEZ PUEDE EMITIR DECISIÓN POR UN DELITO DIFERENTE AL DE LA ACUSACIÓN SIN QUE MEDIE PETICIÓN EXPRESA DE LA FISCALÍA SIEMPRE QUE SE TRATE DE OTRO DELITO DEL MISMO GÉNERO Y DE MENOR ENTIDAD PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 18 de Septiembre de 2013 16:59

 

 

Auto. Rad. 40093 15/08/13 MP. Dr. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

S.P.A. REITERA LA SALA QUE EL JUEZ PUEDE EMITIR DECISIÓN POR UN DELITO DIFERENTE AL DE LA ACUSACIÓN SIN QUE MEDIE PETICIÓN EXPRESA DE LA FISCALÍA SIEMPRE QUE SE TRATE DE OTRO DELITO DEL MISMO GÉNERO Y DE MENOR ENTIDAD

ANTECEDENTES.

ARS fue condenado por homicidio agravado en grado de tentativa. Acudió en sede de revisión alegando la causal séptima de la ley 906 de 2004 consistente en cambio jurisprudencial favorable. Cita la sentencia 38256 del 21 de marzo de 2012 la cual, afirma, “superpone el nicho citacional de la sentencia que sirvió de base para la decisión de condena, esto es, la dictada el 8 de junio de 2011,radicado No. 34022 y de la sentencia de la Corte Constitucional C 025 de 2010”. Lo anterior, para decir que con dicha decisión y la sentencia 37596 del 7 de diciembre de 2011, se vuelve a un criterio jurisprudencial anterior en el que para la variación de la calificación en casos de ley 906 de 2004, se requiere la solicitud expresa de la Fiscalía.

PRINCIPALES ARGUMENTOS:

SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Variación de la calificación jurídica / SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Principio de congruencia: Imputación fáctica y jurídica de los cargos: excepción

«El accionante arguye que la Sala de Casación Penal varió su postura en relación con los condicionamientos requeridos para que el juez pueda variar, en la sentencia, la calificación jurídica de la conducta por la cual la Fiscalía acusa y solicita condena.

(...)

El punto en discusión, según la demanda, estriba en el primer requisito, pues de acuerdo con el recorrido jurisprudencial que se trae en la misma, la Sala ha variado su criterio entre la exigencia y no exigencia de la petición expresa de la Fiscalía, aspecto que, dice el revisionista, finalmente definió en el auto del 21 de marzo de 2012, radicado No. 38.256, en la que se volvió al criterio recogido, que advierte la necesidad de que la Fiscalía solicite de manera expresa que el juez se aparte de la imputación jurídica formulada en la acusación, para viabilizar su cambio, siempre, claro está, se den los restantes condicionamientos.

(...)

El hecho de que en esta ocasión la Sala haya comentado un criterio que, como lo acepta el mismo demandante, expresamente recogió en la sentencia de casación del 16 de marzo de 2011, radicado No. 32.685, en la que retomando otros antecedentes, dijo: “Si bien en el precedente citado por el defensor de (…)(3), la Corte consideró que en la sistemática prevista en la ley 906 de 2004 el juez puede condenar al acusado por un delito distinto al formulado en la acusación, siempre y cuando (i) el ente acusador así lo solicite de manera expresa, (ii) la nueva imputación

verse sobre una conducta punible del mismo género, (iii) la modificación se debe orientar hacia un delito de menor entidad, (iv) la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, y (v) no se debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes, aquella primera exigencia merece ser modificada en el sentido que los jueces de instancia se pueden apartar de la imputación jurídica formulada por la fiscalía hacia una degradada, siempre y cuando la conducta delictiva que se estructura en esta etapa procesal no obstante constituir una especie distinta a la prevista en la acusación, esté comprendida dentro del mismo género, comparta el núcleo fáctico y la nueva atribución soportada en los medios de prueba sea más favorable a los intereses del procesado….”(se ha destacado).

Oportunidad en la cual reiteró la Sala que en relación con la imputación fáctica, los jueces de instancia, bajo ningún pretexto, se pueden apartar de los hechos y menos cuando estos no constan en la acusación en los términos de que trata el artículo 448 de la Ley 906 de 2004; pero tratándose de la imputación jurídica, esa posibilidad se viabiliza siempre que “se trate de otro delito del mismo género y de menor entidad”, degradación que opera siempre y cuando los hechos constitutivos del delito menor hagan parte del núcleo fáctico contenido en la acusación. En el precedente citado por el censor como base de su pretensión revisora, nunca se hizo una manifestación expresa sobre la voluntad de recoger el criterio que a partir de la sentencia casación del 16 de marzo de 2011 se viene ratificando pacíficamente, al punto que ni

siquiera se reflexionó con mayor profundidad sobre el requisito específico aquí alegado, por lo que puede afirmarse que dicho precedente apenas contiene un comentario aislado de un antecedente que, en punto de la exigencia de solicitud expresa de la Fiscalía para proceder al cambio de la calificación jurídica en la sentencia, ya no tenía vigencia alguna, como no lo tiene en la fecha.». DECISIÓN. Rechaza

 

Última actualización el Miércoles, 18 de Septiembre de 2013 17:01
 
Delitos sexuales se consuman con una sola conducta libidinosa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 24 de Septiembre de 2013 16:43

Tomado de  www.legismovil.com

"....Delitos sexuales se consuman con una sola conducta libidinosa
3 de Julio 9:22 AM


 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró que los delitos sexuales diferentes al acceso carnal se consuman sin necesidad de que se incurra en una pluralidad de conductas libidinosas. Basta un solo acto lujurioso para que se tipifique este ilícito.

 

Esta aclaración obedece a que en el Código Penal buena parte de estos delitos se definen como actos sexuales. Así las cosas, la Corte precisó el alcance gramatical y penal de la definición.

 

La Sala descartó el argumento de que la consumación de múltiples actos, y no solo uno, sea necesaria para tipificar el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

 

Además, consideró que los tocamientos en las partes íntimas de un menor o actos similares no pueden tipificarse como injuria por vía de hecho, ya que el bien jurídico afectado es la integridad sexual de la víctima.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 34661, mayo 16/12, M. P. Luis Guillermo Salazar)..."



Última actualización el Martes, 24 de Septiembre de 2013 16:44
 
NOTICIAS JURIDICAS ULTIMA HORA PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 18 de Septiembre de 2013 16:36

Tomado de  www.legismovil.com

".....


La justicia será la protagonista principal en la construcción de la paz: Sergio Fajardo (10:30 a.m.)

Ustedes tienen una tarea protagónica en la construcción de la paz, dijo el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a los magistrados de la Corte Constitucional. Precisó que de la eficiencia en la administración de justicia, de la labor de los jueces en casos de corrupción y diferentes flagelos delictivos también depende el sostenimiento de la paz. Añadió que es de elogiar el papel pedagógico que está adelantando la Corte frente a los diálogos del Gobierno con las FARC. Allí, dice, la atención a las víctimas será un aspecto fundamental para la viabilidad de los acuerdos.

Noticia generada en Sep. 17/13 (10:30 a.m.)

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IX conversatorio de la jurisdicción constitucional
Los diálogos de La Habana no pueden ser eternos: Aníbal Gaviria ( 10:10 a.m.)

Al instalar el IX conversatorio de la jurisdicción constitucional, el alcalde de Medellín (Antioquia), Aníbal Gaviria, sostuvo que, pese al consenso que existe en la sociedad respecto a la necesidad de paz, los diálogos de La Habana no pueden eternizarse. Indicó que es necesario establecer plazos y cronogramas. El burgomaestre celebró que el escenario jurisdiccional sea la última palabra en torno a los acuerdos, pese a que antes se deban agotar debates por la vía política. Finalmente, indicó que el aporte de la justicia es esencial para que las sociedad se ilustre y tome conciencia frente a lo que significa alcanzar la paz.

Noticia generada en Sep. 18/13 ( 10:10 a.m.)

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SIC presenta proyectos de circulares sobre el funcionamiento de las cámaras de comercio ( 9:40 a.m.)
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó cinco proyectos de circulares referentes al funcionamiento de las cámaras de comercio, en donde plantea adicionar algunos numerales a su circular única. El primero de ellos tiene que ver con la ampliación del término para reportar estados financieros. Así mismo, plantea incluir algunos requerimientos mínimos que deberán adoptar las cámaras para prevenir fraudes en los registros públicos que administran. También propone instruir a las mencionadas entidades respecto de la forma de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 489 del 2013, por medio del cual se reglamentó parcialmente la Ley 1429 del 2010. Por otro lado, pide modificaciones respecto de la certificación a las empresas que prestan servicios de transporte automotor en la modalidad de carga e imparte instrucciones sobre la duración de la vigencia de la certificación de las entidades financieras. Estos proyectos estarán disponibles para comentarios en el sitio web de la superintendencia, hasta hoy 18 de septiembre.

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 9:40 a.m.)

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Hoy inicia IX conversatorio de la jurisdicción constitucional: diálogo para la paz ( 9:36a.m.)
Con la intervención del presidente Juan Manuel Santos; del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria; del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, se inicia hoy miércoles, en Medellín, el IX conversatorio de la jurisdicción constitucional: diálogos para la paz. Tras la inauguración, entre las 9:30 a. m. y las 12:00 m., se discutirá sobre la complejidad de la búsqueda de la paz, intervendrán el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, el exconstituyente Antonio Navarro Wolf y el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda. De 2:00 p. m. a 3:55 p. m. se expondrán experiencias comparadas, con la introducción del magistrado Luis Guillermo Guerrero y la participación de Javier Ciurlizza, del International Crisis Group, y Rubén Carranza, del International Center for Transitional Justice.

Noticia generada en Sep. 18/13 ( 9:36 a.m.)
Demandan facultades de Superindustria como autoridad en materia de competencia ( 9:10 a.m.)
Con base en la posible violación de los artículos 4º, 365 y 370 de la Constitución, se pide la inexequibilidad de los artículos 6º, 8º, 28 y 33 de la Ley 1340 del 2009, que atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia, en forma preferente, de las investigaciones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia. En opinión de la demandante, las normas en cuestión despojan, en contravía de la Carta Política, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la función de inspección, vigilancia y control en materia de libre competencia en el mercado de dichos servicios (demandante: Paula Carolina Tejada Orozco).

Noticia generada en Sep. 18/13 ( 9:10 a.m.)

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Llamamiento en garantía en materia arbitral sería inconstitucional ( 9:00 a.m.)
Se acusa como inconstitucional el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 1563 del 2012, a través del cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. La norma prevé que cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene un pacto arbitral, quedará vinculada a los efectos del mismo. Para la demandante, la norma atacada lesiona el artículo 116 de la Constitución, pues se faculta a un árbitro para que adopte una decisión con efectos de cosa juzgada en relación con un tercero que no lo habilitó (demandante: Ivonne Gissel Cardona Ardila).

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 9:00 a.m.)

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Corte Suprema explica variación de la calificación jurídica en el caso de Iván Moreno ( 8:20 a.m.)
La Corte Suprema de Justicia concluyó que es posible hacer reparos a la calificación jurídica de las supuestas violaciones a la ley penal cuando no se acople a la realidad fáctica, por la presencia de prueba sobreviniente o por error en la valoración del mérito. Indicó que el artículo 404 de la Ley 600 del 2000 permite esta transformación si, luego de la práctica de pruebas, se evidencia el error en la calificación o se origina un elemento sobreviniente que amerite este proceder. Cuando se trate de la señalada equivocación en la etapa acusatoria, el juez puede seguir adelante con la actuación y determinar el nuevo cargo cuando dicte sentencia, siempre y cuando este no sea más gravoso y se respete el núcleo central de la imputación fáctica. Si la conducta es más gravosa, dice la sala, es necesario que el operador adelante el cambio a la calificación jurídica del llamado a juicio. Con estos argumentos, la alta corporación varió de cohecho a tráfico de influencias la conducta por la cual juzga en la actualidad al exsenador Iván Moreno, por el llamado carrusel de contratos en el Distrito Capital (M. P. Fernando Castro).

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 8:20 a.m.)

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Eliminación de castigo por pago anticipado no cobija créditos otorgados por sociedades del sector real ( 8:05 a.m.)
Si bien las sociedades del sector real sometidas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades pueden adelantar operaciones de mutuo, es decir, son originadoras de crédito, dichas operaciones no son consideradas de carácter financiero, el cual solo es predicable de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, que deben acudir a la triangulación característica de la intermediación. Así las cosas, la Ley 1555 del 2012, por la cual no se permite castigar el pago anticipado de créditos, solo es aplicable a los créditos otorgados por estas últimas, independientemente de si se hizo antes de la vigencia de la ley o durante esta, de acuerdo con lo señalado en la Sentencia C-313 del 2013.

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 8:05 a.m.)

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Extra


Debate sobre pensiones de congresistas
Incluir en el régimen pensional de los congresistas a quienes desempeñaron labores legislativas por pocos meses califica como “carrusel de pensiones” ( 8:00 a.m.)

El Consejo de Estado concluyó que incluir en el régimen especial de pensiones de los congresistas a quienes no se mantuvieran vinculados a este, en los términos estipulados por la ley, constituye una práctica ilegal comúnmente denominada como “carrusel de pensiones”. A su juicio, el régimen de transición contemplado en el Decreto 1293 de 1994 operaba para quienes gozaran de la calidad parlamentaria al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, y además contaran con al menos 35 años en la época, para el caso de las mujeres, y 40 o más en el caso de los hombres; o hubieran cotizado al sistema durante más de 15 años. De lo dicho se desprende que la condición imprescindible es tener la condición de congresista, entre otras consideraciones relacionadas con el tiempo de servicio, por cuanto “no son admisibles las interpretaciones aisladas y fragmentarias de la norma, tomando solo apartes de sus contenidos, para aplicarlas a ciertos presupuestos de hecho”, advierte la providencia. Así, haber integrado por unos pocos meses el cuerpo legislativo no cobija al servidor con los beneficios de estos regímenes pensionales. Se trata del tercer fallo consecutivo en el cual la sala reprocha la aplicación restrictiva de estas normas, favoreciendo situaciones particulares en las que no está demostrado el derecho (C. P. Gustavo Gómez).

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 8:00 a.m.)

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Elección de personero escapa a excepciones que exigen votación nominal y pública ( 4:00 p.m.)
El Consejo de Estado determinó que la elección del personero municipal no requiere de votación nominal y pública, por no tratarse de un cargo de naturaleza política o llamado a ejercer vigilancia electoral. De allí que no sea aplicable la excepción de inconstitucionalidad frente al literal a) del artículo 131 de la Ley 5ª de 1992, que permite la votación secreta a los congresistas. Añadió que la propia Corte Constitucional declaró exequibles las excepciones al artículo 133 de la Carta Política, que obliga a la votación nominal y pública, contenidas en la Ley 1431 del 2011. En el examen de exequibilidad, dice, el alto tribunal precisó que la votación secreta es inaplicable únicamente para aquellas elecciones en las que la participación de los partidos resulte ser el fundamento de la función electoral asignada, como es el caso de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de los integrantes de las comisiones constitucionales del parlamento (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez).

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 4:00 p.m.)

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Solo ante una revelación de su participación, el socio oculto podría reclamar beneficios fiscales ( 2:40 p.m.)
Teniendo en cuenta la regulación comercial, el socio oculto puede, a su libre albedrío, revelar su participación en el negocio y, en esa medida, reclamar ante terceros, como es el caso de la administración tributaria, los beneficios fiscales asociados a la actividad económica (artículo 207-2 numerales 3º y 4º del Estatuto Tributario – rentas exentas en servicios hoteleros), indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. No se puede ostentar la condición de socio oculto para no comprometer responsabilidad frente a terceros y reclamar frente a los mismos el tratamiento tributario especial, que correspondería a quien realiza el hecho generador, es decir, el socio gestor.

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 2:40 p.m.)
Eliminación del incentivo económico para las acciones populares aplica a procesos iniciados antes de la Ley 1475 (12:35 p.m.)
La Sala Plena del Consejo de Estado unificó jurisprudencia en torno a la procedencia del incentivo económico para las acciones populares y determinó que su derogación es aplicable hacia futuro y en los procesos que estaban en curso antes de la entrada en vigencia de la ley que lo eliminó; el fallo determina que incluso debe ser revocado su reconocimiento si este se dio en por sentencia de segundo grado proferida antes del surgimiento de la legislación. Así, aun cuando la Ley 1475 del 2010 haya eliminado el reconocimiento del beneficio para el actor desde finales del 2011, para la máxima instancia contenciosa esta derogación opera también para las demandas que habían sido instauradas antes del 29 de diciembre de ese año, fecha de entrada en vigencia de la disposición. Adicionalmente, indicó que aunque en el fallo de segunda instancia pueda haberse reconocido el pago, no se trata de una decisión consolidada que no pueda ser revocada en sede de revisión, por no estar ejecutoriada, luego la derogatoria puede aplicarse aun habiendo sido reconocido el incentivo. Ello porque no se trata de un derecho adquirido sino de una mera expectativa, pues su concreción está sujeta a que el juez popular acceda a las pretensiones del demandante. Dice la sentencia que es aplicable artículo 17 de la Ley 153 de 1887, que prevé que esta probabilidad de obtener el reconocimiento no es equiparable al derecho plenamente reconocido, pues depende de que el operador admita como razonables las alegaciones de la acción popular para hacer exigible la garantía. Añadió que a la misma conclusión llegó la Corte Constitucional, al dar conocer el contenido de la Sentencia C-630 de 2011, que declaró exequible la ley derogatoria. La unificación de la postura se hizo necesaria tras fallos encontrados que emitieron las secciones Primera y Tercera en enero del 2012. Mientras en el primer caso se reconocía la procedencia del incentivo, pese a que operaba la nueva legislación, en el segundo se negaba, indicando que la eliminación del beneficio cobijaba también las actuaciones que se hubieran originado antes de ser establecida esta disposición. La norma objeto de discusión dejó fuera del ordenamiento los artículos 39 y 30 de la Ley 472 de 1998, que reconocían pagos de entre 10 y 150 salarios mínimos, para el demandante, y el equivalente al 15 % del valor que recuperara una entidad pública, en casos de violación al derecho colectivo de la moralidad administrativa. Cabe precisar que ante esta determinación se presentaron nueve salvamentos de voto y dos aclaraciones (C. P. Mauricio Fajardo).

Noticia generada en Sep. 17/13 (12:35 p.m.)

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Inexigibilidad del requisito de fidelidad en otorgamiento de pensión de invalidez opera para situaciones previas a la Sentencia C-428/09 (12:10 p.m.)
En sentencia que acaba de darse a conocer, la Corte Constitucional determinó que la inexigibilidad del requisito de fidelidad para el otorgamiento de la pensión por invalidez opera también para los casos previos a la sentencia C-428 del 2009, que declaró inexequible ese requisito. En virtud de ello, dice, resulta jurídicamente errado negar el derecho pensional con base en el incumplimiento de esta obligación, independientemente de que los hechos hubieran sucedido antes o después de la expedición del citado fallo. Esta conclusión evidencia que, desde su origen, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 violó la Constitución, por desconocer el principio de progresividad en materia de pensiones. Así, aunque los hechos se hayan producido en vigencia de la norma, dice la providencia, la exigencia era contraria al texto superior, luego no puede predicarse que antes de la declaratoria de inconstitucionalidad fuera viable exigir el requisito de fidelidad, que preveía un mínimo de 20 % de semanas cotizadas, contadas entre el tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado cumplió 20 años y la primera fecha de calificación de la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral (M. P. Nilson Pinilla).

Noticia generada en Sep. 17/13 (12:10 p.m.)

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Estos son los proyectos de acuerdo radicados en el Concejo de Bogotá, al 12 de septiembre del 2013 (11:30 a.m.)
En lo que va corrido del año (8 de enero al 12 de septiembre), se han radicado en el Concejo de Bogotá 211 proyectos de acuerdo, de los cuales 39 están en trámite, 171 han sido archivados y uno sancionado. Están pendientes de sanción el proyecto de acuerdo 117/13, por el cual se aprobó un cupo de endeudamiento para la administración, y el proyecto de acuerdo 185/13, por el cual se aumenta el porcentaje que fija el quinquenio de los empleados públicos de la ciudad. El proyecto de acuerdo 186/13, por el cual se creaba la Auditoría Distrital, fue archivado.

Noticia generada en Sep. 17/13 (11:30 a.m.)......"
Última actualización el Miércoles, 18 de Septiembre de 2013 16:38
 
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