company logo

Directorio de Enlaces

Comentarios

Visitante No.

Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:24

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..Correspondió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por una procesada a quien el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga declaró penalmente responsable por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La sentencia condenó a la procesada a una pena privativa de la libertad de más de 20 años.

 

La recurrente formula un único cargo contra el fallo emitido por el tribunal, con sustento en la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 del 2004 por violación al debido proceso, al considerar que el fallo del ad quem desconoció abiertamente la garantía del derecho a la defensa técnica que le asistía, en el entendido de que la profesional del Derecho que la asistió en la audiencia preparatoria desconocía la estructura y dinámica de la misma.

 

El pronunciamiento de la Sala Penal

 

Jurisprudencialmente, la Corte ha reiterado que el derecho a la defensa constituye una garantía de rango constitucional, cuya eficacia debe ser vigilada y procurada por el funcionario judicial que se caracteriza por ser intangible, real o material y permanente.

 

La violación al derecho a la defensa real o material se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situación de indefensión generada por la inactividad categórica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicción de que la asistencia del profesional del Derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva varía según el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen fórmulas uniformes o estereotipos de acción.

 

Así, se ha establecido que invocar la violación del derecho a la defensa en casación requiere que el demandante enuncie las pruebas que dejaron de practicarse por omisión del abogado defensor, con indicación de su pertinencia, conducencia y utilidad, así como la exposición de una debida argumentación tendiente a evidenciar la posibilidad de haber sacado adelante una defensa más favorable al procesado.

 

En jurisprudencia reciente, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la falta de aptitud del abogado en la solicitud de pruebas en el curso de la audiencia preparatoria genera por sí misma una vulneración inadmisible al derecho de defensa por cuanto impide que la verdad declarada en la sentencia sea el resultado de la confrontación de las tesis de dos adversarios.

 

De esa manera, la inefectividad de la defensa material prácticamente anula las posibilidades de controversia y por esa vía se desvirtúa el fundamento epistemológico de un sistema procesal de corte acusatorio, como el colombiano.

 

En este sentido, la legitimidad del fallo depende de la verdad procesal de sus presupuestos, los que, a su vez, se derivan de la paridad de las partes en el contradictorio, es decir, de la puesta a prueba de sus teorías del caso, a través de su efectiva exposición a refutaciones y a contrapruebas, producidas por una defensa dotada de poderes análogos a los de la acusación.

 

De manera que el derecho a la asistencia letrada pretende evitar desequilibrios entre los contradictores que puedan generar como resultado la indefensión y, en consecuencia, desde la óptica adversarial, promueve que las partes en contienda se opongan mutuamente a las pretensiones sustentadas del contrario.

 

La importancia de la audiencia preparatoria

 

La audiencia preparatoria es, justamente, el acto procesal por excelencia para realizar las solicitudes de las pruebas que habrán de practicarse en el juicio oral.

 

Por tal motivo, la legislación exige que el procesado deba estar asistido durante esta diligencia por un profesional del Derecho, que, como se explicó anteriormente, debe ser idóneo para la representación de los intereses que se le confían.

 

Lo anterior implica, entre otras cualidades, que sea depositario de los conocimiento y las habilidades necesarias para asegurar que el juicio será un escenario contradictorio, en el que su representado pueda ejercitar plenamente el derecho a la defensa, bien sea por medio de la práctica de la prueba postulada y admitida en la audiencia preparatoria o, confrontando y contradiciendo las allegadas por su contraparte.

 

Esta cualificación del defensor resulta relevante si se tiene en consideración que no basta con que se mencione la prueba que se desea practicar, sino que es necesario que se justifique su conducencia y pertinencia, por cuanto la norma legal establece las reglas que debe observar el juez respecto de las solicitudes probatorias que se realizan en la audiencia preparatoria.

 

Así, en el caso concreto, la Sala casó la sentencia recurrida, por cuanto se logró probar que dentro de la audiencia preparatoria la profesional del Derecho no hizo ningún llamado a pruebas con lo que dejó en una situación de indefensión a su representada. (M.P. José francisco Acuña).

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-1542017 (48128), 01/18/2017 )

.."

Última actualización el Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:26
 
Criterios para constatar cuándo se vulneran derechos fundamentales por falta de defensa técnica PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:22

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Corte Constitucional recordó, por medio de una sentencia de tutela, que la jurisprudencia ha decantado los criterios que permiten determinar en qué casos se entienden vulnerados los derechos fundamentales por falta de defensa técnica, especialmente en materia penal. (Lea: Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa)

 

En efecto, la Sala Cuarta de Revisión indicó que:

 

(i)Se requiere demostrar que efectivamente existieron fallas en la defensa y que desde ninguna perspectiva posible pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada

 

(ii)Se debe acreditar que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado

 

(iii)Se debe demostrar que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial, de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos que hacen procedente la tutela sobre providencias judiciales, estos son, defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales

 

(iv)Se debe probar que, como consecuencia de todo lo anterior, hay una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales no procede la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso, advirtió la corporación.

 

Aunado a lo precedente, la sala también recordó que en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser un profesional del Derecho. Esto es, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por ello, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras de garantizar al procesado su derecho de defensa.

 

No obstante, aclaró que si bien el derecho a una defensa técnica es una manifestación del derecho de defensa, aun cuando el imputado o condenado haya nombrado a un abogado de confianza o a un defensor público para asistirlo, este se reserva el derecho de actuar en su favor dentro del expediente penal. (Lea: No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito)

 

Defensa técnica y material

 

Del mismo modo precisó que en el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor (defensa técnica), sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado (defensa material), las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo, cual es defender al imputado. (Lea: Este sería el procedimiento para impugnar el primer fallo condenatorio en el proceso penal)

 

Finalmente, concluyó que las posibles faltas en la asistencia de un abogado habilitan al afectado para reclamar su protección judicial y ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios preestablecidos en el proceso, sin que tal habilitación se extienda por sí misma al amparo constitucional. (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-018, Ene. 20/17...."

Última actualización el Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:24
 
Todo lo que un abogado debe saber sobre el nuevo procedimiento penal abreviado PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 13 de Enero de 2017 15:52

Tomado de www.ambitojuridico.com

La Ley 1826 del 2017 tiene 44 artículos y permitirá que las víctimas hagan parte de procesos relacionados con delitos menores de manera más activa, investigando y acusando a través de sus abogados o estudiantes de consultorio jurídico.

Su finalidad, una sola, descongestionar el sistema judicial por medio de la disminución del número de audiencias del procedimiento penal ordinario y la implementación de la figura del ya mencionado acusador privado. (Lea: Procedimiento especial para contravenciones penales llega a último debate)

Conductas punibles de este nuevo procedimiento

El procedimiento especial abreviado se aplicará a las siguientes conductas punibles:

1.       Las que requieren querella para el inicio de la acción penal.

 

2.       Lesiones personales

Lesiones Incapacidad para trabajar o enfermedad

 

Deformidad

 

Perturbación Funcional

 

Perturbación síquica

 

Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro

 

Parto o aborto preterintencional

 

Lesiones culposas

3.       De los actos de discriminación

 

Actos de racismo o discriminación

 

Hostigamiento

 

Actos de discriminación u hostigamiento agravados

 

4.       Inasistencia alimentaria

5.       Delitos contra el patrimonio económico

Hurto

Hurto calificado

Hurto agravado (numerales del 1 al 10 del Código Penal - CP)

Estafa

Abuso de confianza

Corrupción privada

Administración desleal

Abuso de condiciones de inferioridad

Utilización indebida de información privilegiada en particulares

6.       Los delitos contenidos en el Título VII BIS del CPP, sobre protección de la información y los datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado

7.       Delitos contra los derechos de autor

Violación a los derechos morales de autor

Violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos

Violación a los mecanismos de protección de derechos de autor

Falsedad en documento privado y circunstancias de agravación

8.       Delitos contra el orden económico social

Usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades vegetales

Uso ilegitimo de patentes

Violación de reserva industrial y comercial

Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico

Reducción de audiencias

El procedimiento abreviado de esta reforma se resumen en la reducción de cinco audiencias (imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura del fallo) a solo dos: una concentrada y un juicio oral.

Audiencia concentrada

Al respecto, la comunicación de los cargos se surtirá con el traslado del escrito de acusación y, de esta forma, el indiciado adquiere la condición de parte. (Lea: No habrá excarcelación masiva con proyecto contra el hacinamiento: Londoño)

A partir de este traslado, el investigado tendrá un término de 60 días para la preparación de su defensa. Vencido este plazo, el juez de conocimiento citará inmediatamente a las partes e intervinientes a audiencia concentrada, que se llevará a cabo dentro de los 10 días siguientes.

Audiencia de juicio oral

Concluida esta audiencia, el juez fijará fecha y hora para el inicio del juicio oral, que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes. El trámite de esta etapa seguirá las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, exceptuando lo previsto en su artículo 447 respecto de la audiencia para proferir sentencia.

Anunciado el sentido del fallo, el togado contará con 10 días para proferir la sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes. Surtidas las notificaciones, las partes contarán con cinco días para la presentación de los recursos que procedan contra la decisión de primera instancia.

Estas impugnaciones se presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo dispuesto por el procedimiento ordinario.

Acusador privado

Otro aspecto importante de la Ley 1826 es la regulación de la figura del acusador privado, establecida en el artículo 2º del Acto Legislativo 06 del 2011, lo que permite asumir a la víctima la condición de investigador, cuando así lo solicite al fiscal del caso.

De esta manera, pueden solicitar la conversión de la acción pública en acción privada las mismas personas que se entienden como querellantes legítimos. Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá existir acuerdo entre todas ellas. (Lea: Esta es la propuesta de justicia rápida presentada por Minjusticia)

En caso de desacuerdo, el ejercicio de la acción le corresponderá a la Fiscalía. Si una vez iniciado este trámite aparece un nuevo afectado, este se podrá adherir.

En ningún caso se podrá ejercer esta figura sin la representación de un abogado de confianza. Los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditadas podrán fungir como apoderados.

Causales de libertad

Por otro lado, es bueno decir que el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de 180 días. La libertad del acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos:

1.  Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada

2.  Cuando se haya decretado la preclusión.

3.  Cuando se haya absuelto al acusado.

4.  Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.

5.  Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el juez del caso.

6.  Cuando transcurridos 70 días desde el traslado de la acusación no se haya iniciado la audiencia concentrada.

7.  Cuando transcurridos 30 días desde la terminación de la audiencia concentrada no se haya iniciado la audiencia de juicio oral.

8.  Cuando transcurridos 75 días desde el inicio del juicio oral no se haya corrido traslado de la sentencia.

Vigencia

Finalmente, debe precisarse que esta normativa entrará a regir en seis meses y se aplicará a los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia y sobre los cuales no se haya realizado formulación de imputación en los términos de la Ley 906 del 2004.

Congreso de la República, Ley 1826, Ene. 12/17

Última actualización el Viernes, 13 de Enero de 2017 16:00
 
El carácter constitucional del juez de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de la segunda instancia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:46

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Mediante acción de tutela, el anterior Fiscal General de la Nación (e) atacó la sentencia del Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, quien decidió, en segunda instancia y ejerciendo función de garantías, revocar las medidas de aseguramiento que habían sido impuestas a dos ciudadanas.

En concepto del accionante, la providencia acusada incurrió en un defecto susceptible de vulnerar su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto el juez resolvió sobre la procedencia de las mencionadas medidas, a pesar de que las partes solo habían apelado el carácter de las mismas.

Conforme a esto, el problema jurídico que se planteó la Corte Constitucional fue: ¿vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio constitucional de limitación el juzgado accionado al decretar el levantamiento de las medidas de aseguramiento en segunda instancia dentro de un proceso penal, a pesar de que esto no fue solicitado por las partes al momento de la impugnación?

El carácter constitucional que tiene el juez de control de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de segunda instancia cuando observe que hay una vulneración obvia y grosera del ordenamiento constitucional y de los derechos fundamentales de alguna de las partes o, también, cuando deba ponderar entre este principio y otro de mayor jerarquía constitucional.

Según el alto tribunal, si bien el principio de limitación obra como regla general de conducta, no es aplicable a todos los jueces en todas las jurisdicciones, pues el legislador o el constituyente tienen la facultad de establecer la competencia para que algunos puedan pronunciarse extra petita aun en sede de impugnación.

En efecto, explicó que los jueces que conocen de acciones constitucionales tienen la facultad de ordenar todas las medidas que consideren necesarias para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, sin importar si conocen del proceso en primera o en segunda instancia. Lo anterior no implica que el juez de control de garantías no tenga límites competenciales, aclaró la corporación.

A su juicio, los actos de estos funcionarios deben estar enmarcados en las necesidades del procedimiento penal y en los principios que ilustran dichos procesos dentro de sus competencias legales y constitucionales, como cualquier otra autoridad judicial, salvo que, como se dijo, se presenten las vulneraciones descritas (M. P. Luis Ernesto Vargas).

Corte Constitucional, Sentencia T-643, 21/11/1..."

Última actualización el Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:48
 
Sala Penal explica cuándo deben aplicarse precedentes que inaplican incrementos punitivos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:27

 

En la providencia 33254 del 2013,  la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el incremento general de penas previsto por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 no tiene aplicación en algunos eventos específicos. (Lea: Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores)

 

Ello cuando el investigado propicia la terminación anticipada del proceso por la vía de los allanamientos o los acuerdos y no recibe a cambio beneficios o descuentos punitivos en virtud de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, esto es, para delitos como la extorsión, terrorismo, secuestro, entre otros.

 

Así  mismo, en la Sentencia 37761 del 2015, la Sala aplicó similar interpretación para los casos en que no sea procedente conceder beneficios a los condenados por las conductas de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la integridad sexual o secuestro cometidos contra menores.

 

De acuerdo con todo lo anterior, un fallo reciente de la misma corporación sostuvo que estos dos precedentes jurisprudenciales son aplicables cuando:

 

1.       El condenado haya accedido a uno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso.

 

2.       No obtenga rebaja punitiva alguna a pesar de allanarse a cargos o preacordar.

 

3.       La pena se dosifique con aplicación del incremento genérico contenido en el artículo 14 de la Ley 890.

 

Vale la pena decir que el precedente contenido en la decisión 37671 no es aplicable por razones de política criminal cuando la condena para el delito por el cual se reclama revisar la sentencia fue modificada por el legislador con posterioridad a la Ley 890 (M.P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-168212016 (47612), Nov. 16/16

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:29
 
« InicioPrev12345678910PróximoFin »

Página 6 de 65



Potenciado por Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.