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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
REBAJA DE PENA POR REPARACIÓN DEPENDE DE QUE ESTA SEA PLENA PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 24 de Diciembre de 2014 17:13

Tomado de  derecho penal colombiano:

"...

La Corte Suprema de Justicia reiteró la procedencia de la rebaja de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal cuando hay reparación integral a la víctima de los delitos de extorsión y conexos, a pesar de la prohibición expresa del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006.

Sin embargo, aclaró que dicha indemnización debe ser plena, incluyendo los perjuicios materiales y morales. En todo caso, no se requiere una manifestación de la víctima sobre la aceptación de lo ofrecido por el acusado, pues su voluntad se puede determinar mediante cualquier medio probatorio, precisa la sentencia.

De acuerdo con los artículos 94 y 96 de la Ley 599 del 2000, la conducta punible genera la obligación de reparar los daños materiales y morales que se deriven de su comisión, obligación que corresponde, en forma solidaria, a los penalmente responsables y a quienes, de conformidad con la ley, estén obligados a responder.

Igualmente, el alto tribunal sostuvo que no debe aplicarse el incremento generalizado de penas del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, cuando existan preacuerdos o negociaciones con la Fiscalía.

Por último, recordó que la rebaja de pena por reparación integral de los perjuicios requiere que ocurra antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia; la restitución del objeto material del delito, cuando sea posible, o, en su defecto, la cancelación del valor del mismo, y que  sea integral, lo cual comporta la obligación de indemnizar los perjuicios.

La magistrada María del Rosario González aclaró el voto, pues, a su juicio, el legislador prohibió expresamente dicha rebaja punitiva y, además, sí es viable hacer el incremento de la Ley 890.Según González, “de no haber sido tal el querer del legislador, habría señalado que la tasación de la pena fuera establecida prudencialmente por el juzgador conforme a ciertos criterios, sin establecer mínimos y máximos”.





TOMADO: ambitojuridico.com

RECURSO DE QUEJA NO PROCEDE CUANDO SE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN

Posted: 22 Dec 2014 07:21 AM PST

En  sentencia de noviembre de 2014, la CSJ, Sala Penal deja clara las diferencias entre declarar desierto el recurso de apelación y denegar el recurso de apelación; estableciendo, que el recurso de queja solo procede cuando se deniega el recurso de apelación mas no cuando se declara desierto.


Dice la Corte

La propia normatividad resalta la diferencia, porque, a voces del artículo 179 A del Código de Procedimiento Penal, el recurso de apelación se declara desierto “cuando no se sustente”, lo cual equivale a que la parte inconforme con la decisión no ofrece los argumentos de hecho y de derecho que controviertan, refuten, nieguen los propuestos por el juzgador.
En esas condiciones, la conclusión del a quo apunta a lo mismo, pues la no presentación de una sustentación adecuada, equivale a que no se argumentó, supuesto en el cual la vía procesal admisible era la del artículo 179 A, esto es, declarar desierta la apelación, determinación que solo admite la impugnación horizontal de la reposición.
El recurso de queja, según lo regla el artículo 179 B de la Ley 906 del 2004, está previsto para “cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación”.
Así, la queja se habilita ante la negativa del a quo a conceder la alzada y esto sucede, no por ausencia de sustentación, sino cuando, propuesta la apelación, el juzgador de primera instancia concluye que contra su decisión no procede tal recurso por cuanto, por vía de ejemplo, la parte inconforme carece de legitimidad para el proceso o de interés jurídico para recurrir, o porque el proveído no es pasible de ella por tratarse, valga el caso, de una decisión de simple impulso, de trámite, de sustanciación, de una orden.



Última actualización el Miércoles, 24 de Diciembre de 2014 17:16
 
Por cuatro años más se prorroga la Ley de Orden Público PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 19 de Diciembre de 2014 23:33

Tomado de www.legismovil.com

Extra

Se prorroga por cuatro años más la vigencia de la Ley 418 de 1997, que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. La vigencia de esta norma ha sido extendida varias veces, la última fue a través de la Ley 1421 del 2010. En ella se establecen los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley y se brindan instrumentos para fortalecer la seguridad ciudadana y la preservación del orden público. También servirá para conservar los programas de protección en derechos humanos, atención a las víctimas del terrorismo, los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Como novedades, la nueva ley contempla la homologación de la práctica profesional con el servicio militar obligatorio, cuando los jóvenes resuelvan su situación militar luego de realizar estudios de educación superior. Por otra parte, quienes participen en acercamientos, diálogos o negociaciones, o en la celebración de acuerdos de paz, no incurrirían en responsabilidad penal o disciplinaria por razón de su intervención..."

Última actualización el Viernes, 19 de Diciembre de 2014 23:35
 
Estafa no se configura siempre que se incumple un contrato PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 16 de Diciembre de 2014 16:49

 

Tomado de  www.ambitojuridico.com:

"..Aunque frecuentemente los negocios jurídicos son utilizados como instrumento para estafar a las personas, no siempre quien incumple una obligación derivada de ellos debe ser sancionado penalmente, pues su actuar se enmarca en el ámbito estrictamente civil.

 

Así lo aseguró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al advertir que el contratante que incumple lo pactado procede de forma antijurídica, pero debido a la ultima ratio del Derecho Penal, ello no puede ser objeto del ius puniendi estatal.

 

En consecuencia, no se debe confundir el nexo de causalidad (engaño o inducción en error y provecho ilícito) que se debe dar en la configuración de tal punible con el existente entre el incumplimiento del deudor y el consecuente daño para el acreedor, precisó la corporación.

 

El provecho económico para una persona o la afectación en el patrimonio de otra no bastan para configurar ese ilícito, porque es necesario que previamente haya mediado el artificio, precisó. Así mismo, la inducción en error debe preceder al provecho ilícito y al daño, de lo contrario, el comportamiento es atípico, añadió.

 

Con esos argumentos, el alto tribunal absolvió al procesado, condenado inicialmente, al no probarse el engaño en la compra conjunta de un yate, sino un conflicto privado entre los socios.

 

El magistrado Eugenio Fernández salvó el voto y sostuvo que el procesado sí engañó a la víctima y lesionó el patrimonio de esta, teniendo en cuenta que “los contratos civiles no excluyen la ilicitud penal, cuando son utilizados como mampara para quebrantar la ley penal, esto es, el ocultamiento o la mentira en los negocios privados puede perfectamente constituir un medio de engaño propio del delito de estafa”.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-13691 (44504), oct. 8/14, M. P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Martes, 16 de Diciembre de 2014 16:51
 
Víctima no puede vetar preacuerdo: Corte Suprema PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 16 de Diciembre de 2014 16:59

Tomado de  www.ambitojuridico.com :

"..

 

La obligación, a cargo del fiscal, de convocar a la víctima a las conversaciones tendientes a la suscripción de un preacuerdo busca que esta conozca los criterios y las necesidades del mismo y, así, conciliar las posiciones en pugna. Sin embargo, el afectado carece de poder de veto sobre lo pactado, aclaró la Corte Suprema de Justicia.

 

La Sala Penal recordó que, excepcionalmente, el juez de conocimiento puede improbar el preacuerdo, cuando viole derechos fundamentales, lo cual debe ser objetivo y palpable. En su evaluación, agregó, no puede verificar que todas las partes e intervinientes estén satisfechos, pues la razón del preacuerdo “representa sacrificios más o menos tolerables del valor justicia, pero también de los principios de contradicción, doble instancia y el derecho de defensa”.

 

La Corte advirtió que la discusión debe plantearse en el seno de lo que el legislador estimó necesario como protocolo de justicia premial, en la Ley 906 del 2004, y, particularmente, a través de las finalidades que se cumplen con este tipo de terminaciones anticipadas del proceso.

 

“Por su naturaleza, el sistema acusatorio o de partes, delimitado dentro del principio de inmediación de pruebas, reclama del camino excepcional de la justicia premial, no solo porque ello, como reseña la normatividad, facilita la intervención de las partes en la solución del conflicto, sino, particularmente, en atención a que resulta imposible, en términos logísticos, adelantar juicios por todos y cada uno de los delitos objeto de denuncia o de conocimiento oficioso por las autoridades”, señaló.

 

En ese sentido, la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos entre los imputados y la Fiscalía no podrán comprometer la presunción de inocencia, y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permitan inferir la autoría o participación en la conducta, así como su tipicidad.

 

El fallo llama la atención de la Fiscalía General de la Nación, para que fije pautas precisas que les permitan a sus delegados ceñirse a estrictos criterios encaminados a cumplir los fines esenciales de ese instituto premial y, además, establezca mecanismos internos de verificación y control dirigidos a hacer efectivas esas directrices.

 

La magistrada María del Rosario González salvó el voto. A su juicio, ante la suscripción de un preacuerdo, el juez deberá velar por las garantías fundamentales de las partes e intervinientes y no únicamente del procesado.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-13939 (42184), oct. 15/14, M. P. Gustavo Malo).."

Última actualización el Martes, 16 de Diciembre de 2014 17:00
 
SENTENCIA COMPLETA CIDH DESAPARECIDOS PALACIO DE JUSTICIA PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 13 de Diciembre de 2014 20:45

Tomado de  derecho penal colombiano:

"..

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de noviembre de 2014, condena al Estado Colombiano por el desaparecimiento de civiles en el Palacio de Justicia en el año 1985.


Dice CIDH


El Estado es responsable por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao y, por tanto, por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica, contemplados en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma y con el artículo I.a de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de dichas personas, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 225 a 324.

 

Última actualización el Sábado, 13 de Diciembre de 2014 20:48
 
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