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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
No es regla absoluta que acción penal se extinga por arreglo indemnizatorio entre las parte PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 14 de Noviembre de 2014 00:14

 

Tomado de www.ambitojuridico.com:

"....Aunque, en los casos autorizados por la ley, un arreglo indemnizatorio entre las partes permite la extinción de la acción penal, esta no es una regla absoluta, aclaró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

A juicio de la corporación, cuando el juez advierte que el acto resarcitorio bilateral es infundado y se ha utilizado para conspirar un montaje, el juez queda legitimado para no aceptarlo y proseguir la actuación.

 

Según el fallo, los actos conciliatorios entre el imputado y quien ha coadyuvado en desarrollo de los actos ejecutivos del delito no traducen el interés de reparar el daño ocasionado, sino que evidencian una estrategia para lograr la impunidad.

 

En el caso analizado, la Corte encontró que quien pretendía vincularse como parte civil buscaba extinguir la acción penal simulando un acuerdo de reparación, para desvirtuar la trascendencia de la conducta imputada.

 

Una postura así, advirtió, “no constituye un acto legítimo de comparecencia a un proceso penal con el fin de procurar la satisfacción de las propias expectativas, sino un posible intento de manipulación de la actuación procesal que la Fiscalía no duda en calificar de colusión”.

 

Por eso, explicó que a la luz de la Ley 600 del 2000, no se puede admitir como víctima a quien no tiene el propósito de promover la realización de los fines constitucionales del proceso penal, en particular, la verdad, la justicia y la reparación.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-14320 (40010), oct. 22/14, M. P. Luis Guillermo Salazar Otero)....."


Última actualización el Viernes, 14 de Noviembre de 2014 00:16
 
LA FISCALÍA NO ESTÁ OBLIGADA A REALIZAR EL INTERROGATORIO AL INDICIADO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 07 de Noviembre de 2014 18:34

Tomado de  derecho penal colombiano:

 

"...En sentencia de abril de 2014, la Corte Suprema, Sala Penal, deja claro que no es obligación de la Fiscalía escuchar en interrogatorio a la persona investigada; además recalca que dicha decisión no es causal de nulidad, ni violatoria de derechos fundamentales.


Dice la Corte:

Pero no existe ninguna norma, dentro de la legislación patria ni de ningún tratado internacional que proteja derechos humanos, que obligue al fiscal a escuchar al indiciado o imputado, básicamente porque dentro de un esquema de adversarios no se puede forzar a una parte a realizar ninguna actividad investigativa en particular; sino que, por el contrario,  cada una evalúa sus opciones  de cara al éxito de su teoría del caso y así programa metodológicamente sus labores.

En conclusión, la omisión de escuchar en interrogatorio al indiciado, no constituye vulneración de derechos o irregularidad alguna; sin que se desconozca, que de acuerdo con los postulados del enfrentamiento, sea deseable o aconsejable que la Fiscalía se entreviste con la contraparte y oiga sus descargos, pero en ningún caso, tal diligencia adquiere el carácter de obligatoria para ninguno de ellos....."

Última actualización el Viernes, 07 de Noviembre de 2014 18:36
 
LA PRUEBA DE REFUTACIÓN EN LA LEY 906 DE 2004 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 06 de Noviembre de 2014 18:13

tomado de  derecho penal colombiano:

"...

En sentencia de agosto de 2014, con ponencia del Magistrado Eugenio Fernández Carlier, la Corte Suprema en su Sala Penal, se pronuncia por primera vez in extenso sobre la figura de la prueba de refutación consagrada en el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal.
En esta interesante sentencia, la Corte se pronuncia sobre el marco normativo, el objeto, la finalidad, los efectos y la legitimación para solicitar la prueba de refutación.


La importancia de la sentencia radica en que da los pasos para utilizar la prueba de refutación en la etapa de juicio oral, figura que hasta esta sentencia era de poca utilización, pues los operadores jurídicos no tenía elementos ni legales ni jurisprudenciales para admitir su práctica..."

Última actualización el Jueves, 06 de Noviembre de 2014 18:15
 
EL DELITO DE FRAUDE A SUBVENCIONES PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 06 de Noviembre de 2014 19:01

Tomado de derecho penal colombiano:

"...

En articulo de Hernando Hernández Quintero, se explica de manera magistral el tipo penal de fraude a subvenciones, conducta punible creada por la ley 1474 de 2011 y por la cual las entidades publicas están denunciado de manera masiva a las personas que reciben ayuda o algún beneficio mediante engaños o aquellos que no inviertan los recursos obtenidos a través de una subvención, subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados..."

Última actualización el Jueves, 06 de Noviembre de 2014 19:03
 
Diferencia entre abuso de función pública y prevaricato es la ilicitud del acto PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 28 de Octubre de 2014 21:30

 

tomado de www.legismovil.com.

"..El abuso de función pública se configura cuando un servidor público realiza un acto que, por ley, está asignando a otro funcionario que puede ejecutarlo lícitamente. Por su parte, en el prevaricato, el acto es manifiestamente ilegal, sin que importe quién lo haga.

 

Así lo aclaró la Corte Suprema de Justicia, al analizar la conducta realizada por un fiscal que ordenó, mediante un acto reservado al Fiscal General de la Nación, la reasignación de un proceso adjudicado a una fiscalía distinta a la que presidía.

 

Según la corporación, el eje del delito de abuso de función pública se refiere a la ilegalidad suscrita por desbordar una atribución funcional que le corresponde ejecutar a otro funcionario. En cambio, en el prevaricato, el sujeto puede ejecutar el acto en el ámbito de su función, pero, al hacerlo, infringe manifiestamente el orden jurídico.

 

La Sala Penal recordó que, de acuerdo con la Constitución, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Carta Política y las leyes, mientras que los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Por eso, el postulado del mismo ordenamiento según el cual no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento permite explicar por qué es constitucionalmente admisible penalizar a un funcionario público que realiza funciones distintas a las legalmente asignadas en el ámbito de su competencia.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-12926-14 (39279), sep. 24/14, M.P.Eugenio Fernández Carlier)..."

Última actualización el Martes, 28 de Octubre de 2014 21:32
 
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