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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
SENTENCIA COMPLETA CIDH DESAPARECIDOS PALACIO DE JUSTICIA PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 13 de Diciembre de 2014 20:45

Tomado de  derecho penal colombiano:

"..

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de noviembre de 2014, condena al Estado Colombiano por el desaparecimiento de civiles en el Palacio de Justicia en el año 1985.


Dice CIDH


El Estado es responsable por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao y, por tanto, por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica, contemplados en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma y con el artículo I.a de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de dichas personas, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 225 a 324.

 

Última actualización el Sábado, 13 de Diciembre de 2014 20:48
 
A LOS JUECES LES ES PROHIBIDO REALIZAR UN CONTROL MATERIAL FRENTE A UN PREACUERDO O ALLANAMIENTO A CARGOS PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 17:46

Tomado de  Derecho penal colombiano http://derechopenalydoctrina.blogspot.com/:

 

"...En sentencia de julio de 2014, la Corte Suprema, Sala Penal deja en claro una vez más, que le es vedado al Juez de Conocimiento hacer un control sobre la acusación realizada por la Fiscalía, pues ello desconoce toda la estructura del sistema penal acusatorio.


De allí, que en situaciones de preacuerdos o allanamiento a cargos, el Juez solo analizara si se respetaron las garantías fundamentales, mas nunca los delitos preacordados o aceptados, pues invadiría sin fundamentación legal, la facultad acusatoria de la Fiscalía.

Última actualización el Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 17:48
 
Si paro judicial impide audiencia de revocatoria de aseguramiento por vencimiento de términos, procede hábeas corpus PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 25 de Noviembre de 2014 21:57

Tomado de www.legismovil.com

 

"..Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia luego de que la Sala Penal estableciera que ante el cumplimiento del plazo para radicar el escrito de acusación procede el hábeas corpus, aunque no se haya agotado el mecanismo ordinario para solicitar el levantamiento de la medida preventiva. Indicó que si la razón para no evaluar el otorgamiento de la libertad por vencimiento de términos en sede de control de garantías se refiere al cese de actividades de la Rama Judicial, debe activarse el mecanismo de protección a la libertad personal establecido en la Ley 1095 del 2006. El organismo de cierre cuestionó la solución sugerida por el juez de instancia, al sostener que el imputado tenía la posibilidad de agotar el procedimiento ordinario si solicitaba la realización de la audiencia de revocatoria de la medida sin su presencia. A juicio de la Sala, ello afectaría su derecho a la defensa, luego, al no existir otro mecanismo para discutir la viabilidad de la libertad procede el hábeas corpus, a pesar de no ser subsidiario (M. P. Leonidas Bustos)..."

Última actualización el Martes, 25 de Noviembre de 2014 21:58
 
SENTENCIA C-848 DE 2014. EXONERACIÓN DEL DEBER DE DENUNCIA NO APLICA A DELITOS CONTRA MENORES PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 01 de Diciembre de 2014 23:25

tomado de Derecho penal colombiano:

 

"...

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 68 de la Ley 906 del 2004 y el artículo 28 de la Ley 600 del 2000, que establecen la exoneración de formular denuncia contra el cónyuge, el compañero permanente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y civil o segundo de afinidad.
Sin embargo, condicionó la constitucionalidad a que dicha regla no aplica, cuando la víctima es un menor de edad y el delito afecta su vida, integridad personal, libertad física o formación sexual.
El alto tribunal, a través de un comunicado de prensa, señaló que la responsabilidad de dar a conocer a las autoridades los ilícitos cometidos contra los niños se deriva del interés superior de estos y del deber reforzado de la familia, la sociedad y el Estado de brindarles protección y asistencia.
Al respecto, destacó que los menores están en imposibilidad física, emocional y síquica de denunciar los punibles, especialmente si son realizados por familiares, debido a las relaciones de jerarquía y subordinación y los vínculos de amor, respeto y dependencia entre unos y otros.
Entonces, ese deber es el “mecanismo por excelencia para la activación de la administración de justicia y del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, resaltó la corporación.
Adicionalmente, las disposiciones estudiadas son compatibles con la garantía de no incriminación, teniendo en cuenta que versan sobre actuaciones que pueden desplegar las autoridades para obtener declaraciones incriminatorias y los derechos derivados de tal limitación, pero no sobre las excepciones al deber general de declarar, precisó.
Salvamentos
Los magistrados María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza y el conjuez Alfredo Beltrán salvaron el voto, al considerar que la Corte debió declarar la exequibilidad pura y simple de la norma.

En su opinión, el condicionamiento aprobado “no incrementa de manera significativa los niveles de protección legal de la infancia y adolescencia, en relación con los mecanismos ya existentes. En cambio, sí debilita en modo importante el sistema de garantías penales”.

tomado: ambitojuridico.com

Última actualización el Lunes, 01 de Diciembre de 2014 23:28
 
Exequible intervención de Policía para proteger posesión y tenencia de bienes PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 16 de Noviembre de 2014 14:41

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"..La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 125 y 127 del Código de Policía (Decreto 1355 de 1970), los cuales permiten a la Policía intervenir, para evitar la perturbación de la posesión o la mera tenencia de un bien y, además, reestablecer la situación anterior, cuando estos derechos sean vulnerados.

 

Según el comunicado de prensa de la sentencia, el Código de Policía pretende proteger las condiciones necesarias para la tranquila convivencia ciudadana, lo que incluye el ejercicio de la posesión y la tenencia, al ser manifestaciones de la propiedad o hechos que pueden conducir a esta.

 

En todo caso, dicha intervención siempre es provisional, pues deja a salvo la competencia del juezque le permite a este adoptar decisiones diferentes y, posiblemente, definitivas, advirtió.

 

Además, la corporación reiteró que las medidas de policía no violan el debido proceso ni ningún otro derecho fundamental, por el hecho de afectar a determinadas personas, con el fin de restablecer los intereses de otras.

 

De lo contrario, las autoridades estarían impedidas para proteger a los ciudadanos, la cual es justamente una de sus principales funciones, aclaró el alto tribunal.

 

(Corte Constitucional, comunicado Sentencia C-813, nov. 5/14, M. P. Martha Sáchica)..."


Última actualización el Domingo, 16 de Noviembre de 2014 14:43
 
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