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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
PENAL Sala Penal explica diferencia entre delitos de propia mano y de mera conducta 31 de Enero del 2018 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 31 de Enero de 2018 21:10

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"...Al resolver un recurso de casación y al establecer si el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones es de propia mano o de mera conducta, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó las diferencias entre estas clasificaciones. (Lea: Reiteran criterio sobre excepciones al incremento de penas)

 

Con base en una providencia del año 2016, el fallo recordó que no es posible equiparar los delitos de propia mano con los de mera conducta, toda vez que los primeros hacen alusión a una exigencia relativa al sujeto agente frente a la conducta y los últimos se refieren al contenido del comportamiento en razón de la potencialidad del daño que envuelve.

 

Así las cosas, estableció que no es cierto que el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones sea de propia mano, puesto que, por los múltiples verbos que contiene no es posible hacer esa afirmación.

 

En tal sentido, afirmó que, si solamente se contemplara el verbo rector “portar” que prevé el delito, resulta oportuno señalar que puede ocurrir que alguien le preste ayuda a otro para que pueda concretar la conducta y en este evento no cabe duda que se activa la posibilidad para predicar la forma de participación de la complicidad frente a la conducta punible. (LeaInaplicabilidad del incremento punitivo en algunas conductas no constituye una discriminación injustificada)

 

Efectos del preacuerdo

 

De otra parte, la Sala Penal explicó la postura reiterada sobre los efectos de la suscripción del preacuerdo, indicando que la aceptación de responsabilidad por parte del acusado mediante el allanamiento o cargos, o el acuerdo celebrado con la fiscalía con miras a la expedición de un fallo anticipado, no solo son vinculantes para la fiscalía y el implicado sino también para el juez.

 

En ese orden, el juez debe proceder a dictar sentencia de conformidad con lo convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garantías fundamentales. (LeaEsta casuística despeja dudas sobre inaplicación del incremento punitivo en el delito de extorsión)

 

En dichos casos se debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los cauces de la legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro del juzgamiento ordinario (M. P. Fernando León Bolaños Palacios).

 

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-189122017 (46930), 15/11/2017

..."

Última actualización el Miércoles, 31 de Enero de 2018 21:12
 
Pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas puede ser superior a pena de prisión? PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Martes, 09 de Enero de 2018 16:33

Tomado de  www.legismovil.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó, de acuerdo con el artículo 51 del Código Penal, que la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco a veinte años, excepto en el caso del inciso 3° del artículo 52 ídem. Igualmente, afirmó que esta última norma ordena que, en todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación indicada por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte, sin exceder el máximo fijado en la Ley. Con todo, la corporación enfatizó que cuando se impone una pena superior como accesoria de inhabilitación a la pena de prisión, se transgrede el principio de legalidad de la pena, el cual constituye una de las principales garantías de los procesados prevista en el artículo 29 de la Constitución Política (M.P. Patricia Salazar Cuéllar)..".

 

Precisan cómo opera el in dubio pro reo cuando se discute la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad (1:50 p.m.)

En virtud del nuevo paradigma constitucional imperante desde 1991, la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad no depende de la ilegitimidad de la actuación o culpa del agente estatal que la ejecuta, ya que estos son aspectos propios de la repetición. Por el contrario, establecido el daño antijurídico, se debe examinar qué afectaciones deben ser soportadas y la relación de causalidad de la medida con la acción u omisión de la administración. Al efecto, explica la Sección Tercera, no es admisible que el acusado que fue absuelto bajo el principio “in dubio pro reo” tenga que ver condicionada la reparación del daño que supone la pérdida de libertad al hecho de que sea posible acreditar más allá de toda duda razonable su inocencia, pues el Estado es quien debe desvirtuarla. En ese orden, en sede contencioso administrativa basta con la absolución a efectos de reparación, exceptuando los casos en que la acción judicial se originó por culpa de la víctima (C. P. Stella Conto Díaz del Castillo).

Última actualización el Martes, 09 de Enero de 2018 16:36
 
Tribunal Bogotá Sala Penal Rebaja de pena hasta el 50% favorabilidad Ley 1826 de 2017 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 22 de Noviembre de 2017 16:44

"..Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá del 19 de septiembre de 2017 en proceso bajo el radicado 110016000023201408485-02.

 

 

Magistrado Ponente: Jesús Ángel Bobadilla Moreno

 

 

En esta providencia el Tribunal de oficio reconoce una rebaja del 50% por allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación por un caso donde hubo captura en flagrancia por el delito de hurto calificado y agravado. Lo anterior, en razón a la aplicación del principio de favorabilidad de conformidad con lo consagrado en el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017 que adiciona el artículo 539 al Código de Procedimiento Penal.

 

 

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE:

 

 

Por hechos ocurridos el 8 de junio del 2014 se formuló imputación a un ciudadano por el delito hurto calificado (art. 240 C.P.) y agravado (art. 201.10 C.P.), aceptando el procesado los cargos formulados en dicha oportunidad.

 

 

El juez de conocimiento luego de verificar que el allanamiento cumpliera con todos los requisitos de ley, impuso una pena de prisión de 126 meses otorgando una rebaja de 12.5% de acuerdo con lo establecido por el parágrafo del artículo 301 C.P.P. modificadopor el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011. fijando la sanción definitiva en 110 meses y 7 días de prisión.

 

 

El procesado con apoyo de su defensor interpuso el recurso de apelación contra esta decisión con el fin de que se le permitiera reparar e indemnizar los perjuicios ocasionados a la víctima para así "obtener la rebaja de pena" consagrada en el art. 269 C.P.

 

 

El Tribunal en su decisión si bien aclara que la oportunidad para obtener la rebaja de pena consagrada en el artículo 269 C.P. feneció, interviene de oficio en punto a conceder una rebaja de pena del 50% por el allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación, en aplicación del principio de favorabilidad. Las razones de su decisión son las siguientes:

 

 

"5.2.2.- Pues bien, en criterio de esta Corporación, la aludida disposición que otorga una menor rebaja, ha perdido vigencia, en aplicación del principio de favorabilidad, cuando se trate de los delitos enlistados en el nuevo artículo 534 del mismo estatuto procesal que adicionó la Ley 1826 del 12 de enero de 2017, entre los cuales se encuentra tanto el hurto (artículo 239 C.P.), como el hurto calificado (artículo 240 del C.P.), y el hurto agravado(artículo 241 numerales 1 al 10). Téngase en cuenta que contra PABÓN MORA, se emitió condena por los delitos de hurto calificado y agravado (causal 10°).

 

 

5.2.3.- La anteriro conclusión surge del contenido del también nuevo artículo 539, igualmente adicionado por la Ley 1826, que reza:

 

 

"ARTÍCULO 539. Aceptación de cargos en el procedimiento abreviado. Si el indiciado manifiesta su intención de aceptar los cargos, podrá acercarse al fiscal del caso, en cualquier momento previo a la audiencia concentrada.

 

 

La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena. En ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su defensor suscribirán un acta en la que conste la manifestación de aceptación de responsabilidad de manera libre, voluntaria e informada, la cual deberá anexarse al escrito de acusación. Estos documentos serán presentados ante el juez de conocimiento para que verifique la validez de la aceptación de los cargos y siga el trámite del artículo 447.

 

 

El beneficio punitivo será de hasta una tercera parte si la aceptación se hace una vez instalada la audiencia concentrada y de una sexta parte de la pena si ocurre una vez instalada la audiencia de juicio oral.

 

 

PARÁGRAFO. Las rebajas contempladas en este artículo también se aplicarán en los casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la naturaleza del delito"

 

 

5.2.4.- Dado que esa disposición aplica para los casos en los que se debe tramitar el procedimiento abreviado, vigente desde el pasado 12 de julio, según lo estableció el artículo 44 de la referida ley, y aquel está previsto para las conductas delictivas señaladas en el ya referido artículo 534 que se cometan a partir de la mencionada fecha, no cabe duda que el parágrafo del artículo 539, al eliminar las menores rebajas que se otorgaban para aquellas personas aprehendidas en flagrancia en esos ilícitos, resulta ostensiblemente más favorable.

 

 

(...)

 

 

5.2.8.- Si en el procedimiento abreviado la aludida rebaja aplica, inclusive a quienes han sido capturados en flagrancia por delitos como el hurto calificado agravado, se toma perfectamente procedente, por favorabilidad, la misma a aquellos procesados que hubiesen aceptado los cargos en la audiencia de imputación y que también fueron aprehendidos en las condiciones referidas, como en el presente caso ocurrió con ALEXANDER PABÓN MORA.

 

 

Debe acotarse que la audiencia de formulación de imputación se asimila a la de comunicación de los cargos prevista en el procedimiento abreviado, con la precisión de que la rebaja de la mitad de la pena en este, se extiende hasta antes de que se celebre la audiencia concentrada.

 

 

5.2.9.- En conclusión, la mera variación del rito en delitos como el del presente asunto, no impide aplicar las nuevas consecuencias de rebajas punitivas favorables que establece dicho trámite a asuntos que se han venido procesando con el procedimiento ordinario y que aún se encuentran pendientes de resolver de forna definitiva"....."

Última actualización el Miércoles, 22 de Noviembre de 2017 16:45
 
Corte Suprema precisa aparente concurso frente al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Sábado, 30 de Diciembre de 2017 16:49

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó su postura frente a la existencia aparente de un concurso de conductas con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, determinando la prevalencia de este último.

 

Según la providencia, cuando la base fáctica de los delitos previstos en los artículos 409 y 410 del Código Penal, esto es, interés indebido en la celebración de contratoscontrato sin cumplimiento de requisitos legales, coincide en sus aspectos esenciales, el concurso de conductas punibles es aparente y debe darse aplicación al punible de contrato sin cumplimiento de requisitos.

 

Lo anterior, por cuanto recoge con mayor riqueza la hipótesis fáctica en la medida en que regula de manera concreta una de las formas de trasgresión de los principios que rigen la contratación administrativa, cual es el desconocimiento de los requisitos esenciales, orientados a materializar dichos principios. (Lea: Precisiones sobre la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos)

 

En otras palabras, mientras el delito previsto en el artículo 409 del Código Penal regula de manera más abstracta la trasgresión de los principios que inspiran la actuación estatal en general y la contratación pública en particular, el artículo 410 consagra una forma mucho más concreta de afectación del bien jurídico.

 

Análisis suficiente

 

Con base en lo precedente, la corporación aclaró que esto no implica la inoperancia del delito previsto en el artículo 409, porque, a manera de ejemplo, el artículo 410 ídem no tiene aplicación durante la fase de ejecución del contrato, según lo ha decantado pacíficamente la jurisprudencia.

 

Así las cosas, las actuaciones a través de las cuales se exteriorice el interés indebido durante esa fase contractual pueden adecuarse al tipo penal del artículo 409, a partir de un análisis suficiente de los presupuestos de la responsabilidad penal. Ello, bajo el entendido de que la corrupción administrativa puede ocurrir en actuaciones estatales que, en apariencia, son ajustadas a la legalidad, lo que puede constituir un amplio campo de aplicación del delito de interés indebido en la celebración de contratos. (Lea: Inobservancia de formalidades de ejecución no configura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales)

 

Instrumento para consumar otro delito

 

Por otra parte, la providencia explicó que es posible que el contrato estatal se utilice como un instrumento (delito medio) para consumar otra conducta (delito fin), como cuando el objetivo del servidor público es el apoderamiento de bienes del Estado que le hayan sido confiados por razón o con ocasión de sus funciones y, para lograrlo, se requiere la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

 

En este evento, no se configura un concurso real entre el delito de interés indebido en la celebración de contratos y el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (delito medio), en la medida en que el interés no va más allá del desconocimiento de los requisitos esenciales que alude el artículo 410, con el propósito de asignarle el contrato a una determinada persona como un paso previo y necesario para lograr la consumación de otra conducta punible (peculado) (M. P. Patricia Salazar Cuéllar)

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-168912017 (44609), oct. 11/17)..."

Última actualización el Sábado, 30 de Diciembre de 2017 16:51
 
Ante allanamiento o preacuerdo, incremento de la pena es inaplicable para algunos delitos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 16 de Noviembre de 2017 20:59

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Al desatar una acción de revisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que en el año 2013 modificó su criterio jurídico y señaló que, de acuerdo con la finalidad del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, el incremento de pena previsto en esta disposición es inaplicable cuando el imputado se allana a cargos o preacuerda con la fiscalía por alguno de los delitos que, según el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, se hallan excluidos de todo beneficio judicial y administrativo. (Lea: Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores)

 

Así  mismo, en la Sentencia 37761 del 2015, la Sala aplicó similar interpretación para los casos en que no sea procedente conceder beneficios a los condenados por las conductas de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la integridad sexual o secuestro cometidos contra menores. (Lea: Sala Penal explica cuándo deben aplicarse precedentes que inaplican incrementos punitivos)

 

De acuerdo con todo lo anterior, un fallo reciente de la misma corporación sostuvo que estos dos precedentes jurisprudenciales son aplicables cuando:

 

  1. El condenado haya accedido a uno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso.

  2. No obtenga rebaja punitiva alguna a pesar de allanarse a cargos o preacordar.

  3. La pena se dosifique con aplicación del incremento genérico contenido en el artículo 14 de la Ley 890.

 

En tal sentido, afirmó que reconocer dicho aumento justificado en la necesidad de incrementar las penas para los delitos como consecuencia del derecho premial concebido en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004) rompe la razonabilidad y proporción de la sanción penal en los casos de allanamiento y preacuerdo por delitos contemplados en la prohibición del artículo 26 indicado (M. P. Luis Guillermo Salazar Otero).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-141092017 (48248), 06/09/17..."

Última actualización el Jueves, 16 de Noviembre de 2017 21:00
 
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