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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
CONDENAN A FISCAL SECCIONAL POR DEFICIENCIAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN PREACUERDO. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 04 de Febrero de 2016 22:28

tomado de http://derechopenalydoctrina.blogspot.com.co/

 

"..En sentencia de noviembre de 2015, la CSJ Sala Penal revoca sentencia de primera instancia y en consecuencia condena a un Fiscal por el delito de prevaricato por acción por deficiencias en la elaboración de un preacuerdo.

Sentencia polémica que nosinvita a reflexionar ¡si los preacuerdos tienen un control judicial y solo tiene efectos al ser aprobados, es posible que un fiscal incurra en el delito de prevaricato al suscribir con la defensa un preacuerdo?

Dice la Corte:

Así las cosas, para la Sala la conducta del procesado Charris Bravo consistente en omitir y distorsionar la obligación de reintegrar el producto del incremento patrimonial recibido, la deducción de un doble beneficio y haber convenido el sustituto de la prisión domiciliaria, todo ello en el acta de preacuerdo que se confeccionó a lo largo de 9 meses, entre el 5 de octubre de 2010 y 8 de julio de 2011, dentro de la actuación por el delito de peculado por apropiación seguida contra el secretario de tránsito de La Paz (Cesar) Ariel Jesús Rojas Peraza, configuró el delito de prevaricato por acción, por violación de los artículos 349 y 352, inciso 2º, del Código de Procedimiento Penal, y artículo 38 del Código Penal...."

Última actualización el Jueves, 04 de Febrero de 2016 22:32
 
SENTENCIA HITO- DIFERENCIAS DOLO EVENTUAL Y CULPA CON REPRESENTACIÓN. FINES DE LA PENA. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 04 de Febrero de 2016 22:25

 

Tomado de  http://derechopenalydoctrina.blogspot.com.co/

 

"...En sentencia de diciembre de 2015 la CSJ Sala Penal casó de manera oficiosa condena de 35 años contra un policía que al manipular de manera descuidada su arma de fuego término matando a su pareja sentimental.

En esta oportunidad la Corte se enfrentó a la situación de determinar sí el homicidio debía ser condenado a título de dolo eventual o culpa con representación, acogiendo la última tesis y reduciendo la pena de 35 años de prisión a 43 meses de prisión.
La Corte para cambiar su fallo no solo acoge la tesis de la culpa de la representación sino que establece que mantener una pena de 35 años seria contrario a la razones a los fines de la pena.
Dice la Corte
El dolo eventual, precisa la Sala, no puede ser entendido como una simple suma de imprudencias (o de infracciones al deber) ni tampoco la valoración aislada acerca de un peligro que se cataloga como gravísimo o de producción inminente. Ello, en tanto siempre será indispensable, para distinguirlo de una manera no arbitraria con la culpa consciente, constatar que el sujeto agente carecía de la posibilidad de representarse un control racional (aunque errado y vencible) en cuanto a los factores de riesgo por él percibidos, dirigido a no producir el resultado.
Condenar a JEFFREY JOSÉ FONTALVO MONTAÑO a treinta y cinco (35) años y diez (10) meses de prisión por el homicidio de Maryiris Johana Acosta Hernández es a todas luces innecesario, irrazonable y desproporcionado.
En primer lugar, no es necesario desde el punto de vista de los fines de la pena, en la medida en que no hay motivos preventivo especiales o preventivo generales, ni tampoco de retribución justa, para imponerle al acusado una sanción de semejante índole. Por un lado, la acción consistió en haberle disparado a su propia novia no de una manera  intencional, sino como consecuencia de su estolidez: las consecuencias morales y emocionales de dicha conducta lo van a acompañar toda la vida. Por otro lado, se trató de un comportamiento que desde una perspectiva estadística es insignificante. No hay datos que respalden la idea de abusos por parte de miembros de la fuerza pública en el manejo cotidiano de las armas de fuego. Tampoco obedeció a factores culturales susceptibles de corregir imponiendo aserciones normativas acompañadas de sanciones ejemplares. Fue un hecho aislado, de índole trágica y difícil repetición.
En segundo lugar, confirmar esa pena sería contrario a la razón, así como a la prohibición de exceso, puesto que al procesado no podía atribuírsele dolo eventual sino culpa con representación, conforme a lo analizado. De ahí el absurdo de mantener la pena que le correspondería a quien obró con la intención de lesionar el bien jurídico cuando el aquí acusado ni siquiera adoptó la decisión consciente de dirigirse hacia tal afectación.

..."

Última actualización el Jueves, 04 de Febrero de 2016 22:28
 
Explican implicaciones procesales cuando juez penal se aparta del principio de congruencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 02 de Febrero de 2016 15:14

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Según lo señalado en el artículo 448 de la Ley 906 del 2004, la persona que haya sido formalmente acusada por la Fiscalía no podrá ser declarada responsable de una conducta penal por hechos que no consten en la acusación, ni de los delitos por los cuales no se ha solicitado condena. (Lea: Congruencia en los testimonios no puede ser absoluta: Corte Suprema)

 

Lo anterior significa que entre acusación y fallo debe existir perfecta armonía en sus aspectos personal y fáctico, pues si algunos de ellos no cumple con este requisito se quebrantarían las bases fundamentales del debido proceso y se vulnera el derecho a la defensa.

 

La alta corporación, desarrollando un ejercicio de reiteración jurisprudencial, añadió que en virtud del principio de congruencia el acusado no puede ser sorprendido en la sentencia con imputaciones fácticas no incluidas en la acusación, ni condenado por las imputaciones jurídicas que no hayan sido expresamente solicitadas por la Fiscalía al término del debate oral, como tampoco se le pueden desconocer aquellas circunstancias favorables que redunden en la determinación de la pena, pues de hacerlo en cualquiera de dichas eventualidades se viola el principio de congruencia entre sentencia y acusación.

 

En este orden de ideas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que las congruencias  personal y fáctica son absolutas,  es decir,  que los sujetos y los supuestos fácticos de la providencia deben ser necesariamente los mismos de la acusación; por otro lado, la jurídica es relativa, “pues se permite al juez condenar por una especie delictiva distinta de la imputada en el pliego de cargos, siempre y cuando respete el núcleo básico de la conducta imputada y la situación del procesado no resulte afectada con una sanción mayor”.  (M.P. José Leonidas Bustos).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP- 174572015 (44178), 12/16/2015...."

Última actualización el Martes, 02 de Febrero de 2016 15:15
 
Redención de pena es aplicable a condenados por delitos contra menores de edad PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 02 de Febrero de 2016 15:16

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..No resulta acertado incluir la redención de pena dentro de las prohibiciones previstas en el Código de Infancia y Adolescencia, indicó la Corte Constitucional, por cuanto no es un “beneficio” o “subrogado”, sino que es una expresión de la dignidad humana y es un instrumento por medio del cual el Estado ofrece al condenado la posibilidad de resocializarse.

 

Sin embargo, la posibilidad de redimir pena por estudio, enseñanza, trabajo, actividades deportivas y artísticas, y cualquier otro mecanismo de resocialización que llegare a establecerse en la política criminal estatal, debe guardar consonancia y armonía con los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, recordó la entidad, en consonancia con lo dicho por la Sala Penal de la Corte Suprema (Vea: Responsables de delitos contra menores tienen derecho a redimir pena).

 

Esto con el fin de que la fase de la ejecución de la condena produzca resultados eficaces en la rehabilitación de internos según el tipo de delito y disminuya los niveles de reincidencia, para lograr la efectiva resocialización del individuo.

 

Para la Sala, esta posición no se opone al precedente jurisprudencial que existe sobre la potestad de configuración legislativa, la función de la sanción penal, la resocialización del penado y la protección a los menores víctimas de delitos, entre otros, a través de la prohibición de beneficios o subrogados, en tanto que la redención de pena es una institución diferente y tal como se encuentra regulada en la Ley 65 de 1993 respeta las funciones preventiva y retributiva de la punición, porque aún con el descuento al que accede el demandante la condena conserva la proporcionalidad que inicialmente le fue impuesta.

 

La Corte concluyó en el caso de un condenado por delitos contra menor de 14 años que la negativa de reconocer la redención de pena constituye una vulneración del principio de igualdad, en virtud del cual las personas tienen derecho a recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-718, Nov.24/15, M. P. Jorge Iván Palacio)...."

Última actualización el Martes, 02 de Febrero de 2016 15:17
 
CONCESIÓN DE PRISIÓN DOMICILIARIA SOLO REQUIERE PROBAR EL FACTOR OBJETIVO DEL ARRAIGO. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Febrero de 2016 23:35

Tomado de  derecho penal colombiano

"...En sentencia de la CSJ Sala Penal del año 2015, la Corte deja muy claro que con la actual Ley 1709 la concesión del beneficio de prisión domiciliaria solo requiere probar el facto objetivo del arraigo, ya que esta nueva normatividad prohíbe cualquier tipo de valoración subjetiva del juez para el otorgamiento del beneficio.

Dice la Corte:

Sobre el particular conviene enfatizar que el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 sustituyó el requisito subjetivo establecido en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 para otorgar la prisión domiciliaria, que exigía evaluar el desempeño personal, laboral, familiar y social del condenado, en orden a establecer seria y fundadamente que no pondrá en peligro a la comunidad y no evadirá el cumplimiento de la pena, por uno de carácter objetivo consistente en la demostración del arraigo familiar y social, cuya evaluación se muestra menos exigente que la de aquel condicionamiento subjetivo.


La expresión arraigo, proveniente del latín ad radicare (echar raíces), supone la existencia de un vínculo del procesado con el lugar donde reside, lo cual se acredita con distintos elementos de juicio, entre otros, tener una residencia fija y estable, vivir en ella junto con la familia y estar presto a atender el requerimiento de las autoridades, circunstancias que, según lo indicado precedentemente, pueden predicarse del doctor MIGUEL DE LA ESPRIELLA en el asunto sub exámine.
.."
Última actualización el Lunes, 01 de Febrero de 2016 23:36
 
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