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Miércoles, 18 de Septiembre de 2013 16:36

Tomado de  www.legismovil.com

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La justicia será la protagonista principal en la construcción de la paz: Sergio Fajardo (10:30 a.m.)

Ustedes tienen una tarea protagónica en la construcción de la paz, dijo el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a los magistrados de la Corte Constitucional. Precisó que de la eficiencia en la administración de justicia, de la labor de los jueces en casos de corrupción y diferentes flagelos delictivos también depende el sostenimiento de la paz. Añadió que es de elogiar el papel pedagógico que está adelantando la Corte frente a los diálogos del Gobierno con las FARC. Allí, dice, la atención a las víctimas será un aspecto fundamental para la viabilidad de los acuerdos.

Noticia generada en Sep. 17/13 (10:30 a.m.)

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IX conversatorio de la jurisdicción constitucional
Los diálogos de La Habana no pueden ser eternos: Aníbal Gaviria ( 10:10 a.m.)

Al instalar el IX conversatorio de la jurisdicción constitucional, el alcalde de Medellín (Antioquia), Aníbal Gaviria, sostuvo que, pese al consenso que existe en la sociedad respecto a la necesidad de paz, los diálogos de La Habana no pueden eternizarse. Indicó que es necesario establecer plazos y cronogramas. El burgomaestre celebró que el escenario jurisdiccional sea la última palabra en torno a los acuerdos, pese a que antes se deban agotar debates por la vía política. Finalmente, indicó que el aporte de la justicia es esencial para que las sociedad se ilustre y tome conciencia frente a lo que significa alcanzar la paz.

Noticia generada en Sep. 18/13 ( 10:10 a.m.)

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SIC presenta proyectos de circulares sobre el funcionamiento de las cámaras de comercio ( 9:40 a.m.)
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó cinco proyectos de circulares referentes al funcionamiento de las cámaras de comercio, en donde plantea adicionar algunos numerales a su circular única. El primero de ellos tiene que ver con la ampliación del término para reportar estados financieros. Así mismo, plantea incluir algunos requerimientos mínimos que deberán adoptar las cámaras para prevenir fraudes en los registros públicos que administran. También propone instruir a las mencionadas entidades respecto de la forma de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 489 del 2013, por medio del cual se reglamentó parcialmente la Ley 1429 del 2010. Por otro lado, pide modificaciones respecto de la certificación a las empresas que prestan servicios de transporte automotor en la modalidad de carga e imparte instrucciones sobre la duración de la vigencia de la certificación de las entidades financieras. Estos proyectos estarán disponibles para comentarios en el sitio web de la superintendencia, hasta hoy 18 de septiembre.

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 9:40 a.m.)

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Hoy inicia IX conversatorio de la jurisdicción constitucional: diálogo para la paz ( 9:36a.m.)
Con la intervención del presidente Juan Manuel Santos; del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria; del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, se inicia hoy miércoles, en Medellín, el IX conversatorio de la jurisdicción constitucional: diálogos para la paz. Tras la inauguración, entre las 9:30 a. m. y las 12:00 m., se discutirá sobre la complejidad de la búsqueda de la paz, intervendrán el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, el exconstituyente Antonio Navarro Wolf y el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda. De 2:00 p. m. a 3:55 p. m. se expondrán experiencias comparadas, con la introducción del magistrado Luis Guillermo Guerrero y la participación de Javier Ciurlizza, del International Crisis Group, y Rubén Carranza, del International Center for Transitional Justice.

Noticia generada en Sep. 18/13 ( 9:36 a.m.)
Demandan facultades de Superindustria como autoridad en materia de competencia ( 9:10 a.m.)
Con base en la posible violación de los artículos 4º, 365 y 370 de la Constitución, se pide la inexequibilidad de los artículos 6º, 8º, 28 y 33 de la Ley 1340 del 2009, que atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia, en forma preferente, de las investigaciones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia. En opinión de la demandante, las normas en cuestión despojan, en contravía de la Carta Política, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la función de inspección, vigilancia y control en materia de libre competencia en el mercado de dichos servicios (demandante: Paula Carolina Tejada Orozco).

Noticia generada en Sep. 18/13 ( 9:10 a.m.)

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Llamamiento en garantía en materia arbitral sería inconstitucional ( 9:00 a.m.)
Se acusa como inconstitucional el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 1563 del 2012, a través del cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. La norma prevé que cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene un pacto arbitral, quedará vinculada a los efectos del mismo. Para la demandante, la norma atacada lesiona el artículo 116 de la Constitución, pues se faculta a un árbitro para que adopte una decisión con efectos de cosa juzgada en relación con un tercero que no lo habilitó (demandante: Ivonne Gissel Cardona Ardila).

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 9:00 a.m.)

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Corte Suprema explica variación de la calificación jurídica en el caso de Iván Moreno ( 8:20 a.m.)
La Corte Suprema de Justicia concluyó que es posible hacer reparos a la calificación jurídica de las supuestas violaciones a la ley penal cuando no se acople a la realidad fáctica, por la presencia de prueba sobreviniente o por error en la valoración del mérito. Indicó que el artículo 404 de la Ley 600 del 2000 permite esta transformación si, luego de la práctica de pruebas, se evidencia el error en la calificación o se origina un elemento sobreviniente que amerite este proceder. Cuando se trate de la señalada equivocación en la etapa acusatoria, el juez puede seguir adelante con la actuación y determinar el nuevo cargo cuando dicte sentencia, siempre y cuando este no sea más gravoso y se respete el núcleo central de la imputación fáctica. Si la conducta es más gravosa, dice la sala, es necesario que el operador adelante el cambio a la calificación jurídica del llamado a juicio. Con estos argumentos, la alta corporación varió de cohecho a tráfico de influencias la conducta por la cual juzga en la actualidad al exsenador Iván Moreno, por el llamado carrusel de contratos en el Distrito Capital (M. P. Fernando Castro).

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 8:20 a.m.)

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Eliminación de castigo por pago anticipado no cobija créditos otorgados por sociedades del sector real ( 8:05 a.m.)
Si bien las sociedades del sector real sometidas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades pueden adelantar operaciones de mutuo, es decir, son originadoras de crédito, dichas operaciones no son consideradas de carácter financiero, el cual solo es predicable de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, que deben acudir a la triangulación característica de la intermediación. Así las cosas, la Ley 1555 del 2012, por la cual no se permite castigar el pago anticipado de créditos, solo es aplicable a los créditos otorgados por estas últimas, independientemente de si se hizo antes de la vigencia de la ley o durante esta, de acuerdo con lo señalado en la Sentencia C-313 del 2013.

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 8:05 a.m.)

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Extra


Debate sobre pensiones de congresistas
Incluir en el régimen pensional de los congresistas a quienes desempeñaron labores legislativas por pocos meses califica como “carrusel de pensiones” ( 8:00 a.m.)

El Consejo de Estado concluyó que incluir en el régimen especial de pensiones de los congresistas a quienes no se mantuvieran vinculados a este, en los términos estipulados por la ley, constituye una práctica ilegal comúnmente denominada como “carrusel de pensiones”. A su juicio, el régimen de transición contemplado en el Decreto 1293 de 1994 operaba para quienes gozaran de la calidad parlamentaria al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, y además contaran con al menos 35 años en la época, para el caso de las mujeres, y 40 o más en el caso de los hombres; o hubieran cotizado al sistema durante más de 15 años. De lo dicho se desprende que la condición imprescindible es tener la condición de congresista, entre otras consideraciones relacionadas con el tiempo de servicio, por cuanto “no son admisibles las interpretaciones aisladas y fragmentarias de la norma, tomando solo apartes de sus contenidos, para aplicarlas a ciertos presupuestos de hecho”, advierte la providencia. Así, haber integrado por unos pocos meses el cuerpo legislativo no cobija al servidor con los beneficios de estos regímenes pensionales. Se trata del tercer fallo consecutivo en el cual la sala reprocha la aplicación restrictiva de estas normas, favoreciendo situaciones particulares en las que no está demostrado el derecho (C. P. Gustavo Gómez).

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 8:00 a.m.)

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Elección de personero escapa a excepciones que exigen votación nominal y pública ( 4:00 p.m.)
El Consejo de Estado determinó que la elección del personero municipal no requiere de votación nominal y pública, por no tratarse de un cargo de naturaleza política o llamado a ejercer vigilancia electoral. De allí que no sea aplicable la excepción de inconstitucionalidad frente al literal a) del artículo 131 de la Ley 5ª de 1992, que permite la votación secreta a los congresistas. Añadió que la propia Corte Constitucional declaró exequibles las excepciones al artículo 133 de la Carta Política, que obliga a la votación nominal y pública, contenidas en la Ley 1431 del 2011. En el examen de exequibilidad, dice, el alto tribunal precisó que la votación secreta es inaplicable únicamente para aquellas elecciones en las que la participación de los partidos resulte ser el fundamento de la función electoral asignada, como es el caso de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de los integrantes de las comisiones constitucionales del parlamento (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez).

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 4:00 p.m.)

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Solo ante una revelación de su participación, el socio oculto podría reclamar beneficios fiscales ( 2:40 p.m.)
Teniendo en cuenta la regulación comercial, el socio oculto puede, a su libre albedrío, revelar su participación en el negocio y, en esa medida, reclamar ante terceros, como es el caso de la administración tributaria, los beneficios fiscales asociados a la actividad económica (artículo 207-2 numerales 3º y 4º del Estatuto Tributario – rentas exentas en servicios hoteleros), indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. No se puede ostentar la condición de socio oculto para no comprometer responsabilidad frente a terceros y reclamar frente a los mismos el tratamiento tributario especial, que correspondería a quien realiza el hecho generador, es decir, el socio gestor.

Noticia generada en Sep. 17/13 ( 2:40 p.m.)
Eliminación del incentivo económico para las acciones populares aplica a procesos iniciados antes de la Ley 1475 (12:35 p.m.)
La Sala Plena del Consejo de Estado unificó jurisprudencia en torno a la procedencia del incentivo económico para las acciones populares y determinó que su derogación es aplicable hacia futuro y en los procesos que estaban en curso antes de la entrada en vigencia de la ley que lo eliminó; el fallo determina que incluso debe ser revocado su reconocimiento si este se dio en por sentencia de segundo grado proferida antes del surgimiento de la legislación. Así, aun cuando la Ley 1475 del 2010 haya eliminado el reconocimiento del beneficio para el actor desde finales del 2011, para la máxima instancia contenciosa esta derogación opera también para las demandas que habían sido instauradas antes del 29 de diciembre de ese año, fecha de entrada en vigencia de la disposición. Adicionalmente, indicó que aunque en el fallo de segunda instancia pueda haberse reconocido el pago, no se trata de una decisión consolidada que no pueda ser revocada en sede de revisión, por no estar ejecutoriada, luego la derogatoria puede aplicarse aun habiendo sido reconocido el incentivo. Ello porque no se trata de un derecho adquirido sino de una mera expectativa, pues su concreción está sujeta a que el juez popular acceda a las pretensiones del demandante. Dice la sentencia que es aplicable artículo 17 de la Ley 153 de 1887, que prevé que esta probabilidad de obtener el reconocimiento no es equiparable al derecho plenamente reconocido, pues depende de que el operador admita como razonables las alegaciones de la acción popular para hacer exigible la garantía. Añadió que a la misma conclusión llegó la Corte Constitucional, al dar conocer el contenido de la Sentencia C-630 de 2011, que declaró exequible la ley derogatoria. La unificación de la postura se hizo necesaria tras fallos encontrados que emitieron las secciones Primera y Tercera en enero del 2012. Mientras en el primer caso se reconocía la procedencia del incentivo, pese a que operaba la nueva legislación, en el segundo se negaba, indicando que la eliminación del beneficio cobijaba también las actuaciones que se hubieran originado antes de ser establecida esta disposición. La norma objeto de discusión dejó fuera del ordenamiento los artículos 39 y 30 de la Ley 472 de 1998, que reconocían pagos de entre 10 y 150 salarios mínimos, para el demandante, y el equivalente al 15 % del valor que recuperara una entidad pública, en casos de violación al derecho colectivo de la moralidad administrativa. Cabe precisar que ante esta determinación se presentaron nueve salvamentos de voto y dos aclaraciones (C. P. Mauricio Fajardo).

Noticia generada en Sep. 17/13 (12:35 p.m.)

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Inexigibilidad del requisito de fidelidad en otorgamiento de pensión de invalidez opera para situaciones previas a la Sentencia C-428/09 (12:10 p.m.)
En sentencia que acaba de darse a conocer, la Corte Constitucional determinó que la inexigibilidad del requisito de fidelidad para el otorgamiento de la pensión por invalidez opera también para los casos previos a la sentencia C-428 del 2009, que declaró inexequible ese requisito. En virtud de ello, dice, resulta jurídicamente errado negar el derecho pensional con base en el incumplimiento de esta obligación, independientemente de que los hechos hubieran sucedido antes o después de la expedición del citado fallo. Esta conclusión evidencia que, desde su origen, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 violó la Constitución, por desconocer el principio de progresividad en materia de pensiones. Así, aunque los hechos se hayan producido en vigencia de la norma, dice la providencia, la exigencia era contraria al texto superior, luego no puede predicarse que antes de la declaratoria de inconstitucionalidad fuera viable exigir el requisito de fidelidad, que preveía un mínimo de 20 % de semanas cotizadas, contadas entre el tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado cumplió 20 años y la primera fecha de calificación de la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral (M. P. Nilson Pinilla).

Noticia generada en Sep. 17/13 (12:10 p.m.)

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Estos son los proyectos de acuerdo radicados en el Concejo de Bogotá, al 12 de septiembre del 2013 (11:30 a.m.)
En lo que va corrido del año (8 de enero al 12 de septiembre), se han radicado en el Concejo de Bogotá 211 proyectos de acuerdo, de los cuales 39 están en trámite, 171 han sido archivados y uno sancionado. Están pendientes de sanción el proyecto de acuerdo 117/13, por el cual se aprobó un cupo de endeudamiento para la administración, y el proyecto de acuerdo 185/13, por el cual se aumenta el porcentaje que fija el quinquenio de los empleados públicos de la ciudad. El proyecto de acuerdo 186/13, por el cual se creaba la Auditoría Distrital, fue archivado.

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Última actualización el Miércoles, 18 de Septiembre de 2013 16:38