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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
¿Juez de conocimiento que acepta preacuerdo puede retractarse? PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 18:04

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Una vez el juez de conocimiento verifica que el acuerdo celebrado entre el investigado y la fiscalía es voluntario, libre y espontáneo y procede a aceptarlo no puede retractarse. Lo anterior a la luz del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), modificado por el artículo 69 de la Ley 1453 del 2011.

 

Así lo indicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver una acción de tutela. Igualmente, argumentó que el principio de irretractabilidad solo opera después de que el sentenciador emite su aprobación frente a tales negociaciones. (Lea:  Esto tiene sentado la Corte Suprema sobre la motivación en la individualización de la pena)

 

Por otra parte, explicó que el artículo 131 de la Ley 906 involucra a los jueces de control de garantías o de conocimiento en la verificación de que la aceptación es libre, voluntaria, consciente y completamente informada, cuando se trata de allanamiento a cargos.

 

También, agregó que el segundo inciso del artículo 293 ídem específicamente se dirige a los asuntos que derivan de la transacción bilateral generadora del preacuerdo sometido a conocimiento del juez. (LeaNo se vulnera principio de congruencia si la sentencia es acorde con la acusación)

 

Frente a ello enfatizó que este segundo inciso exclusivamente le atribuye la función verificadora al juez de conocimiento y de forma expresa remite al “acuerdo”, toda vez que este tipo de actos de parte se realizan siempre por fuera del proceso formalizado y sin la intervención del juez.

 

Igualmente, deben ser presentados siempre ante este funcionario, quien por obvias razones debe verificar lo que hasta entonces ningún funcionario judicial ha examinado, luego de lo cual debe individualizar la pena y emitir el consecuente fallo condenatorio. (LeaLas dificultades para la operatividad de los preacuerdos en materia penal)

 

Con todo, la retractación obedece al simple querer del imputado o acusado, en tanto lo que hasta ese momento se ha realizado apenas refleja las negociaciones efectuadas por fuera del proceso y nada de lo consignado en el acta de preacuerdo que ha sido sometido a control judicial.

 

Por ello concluyó que retractarse de un simple acto de parte que no ha sido judicializado tiene plena justificación constitucional y legal (M. P. Fernando León Bolaños Palacios).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-7502018 (96434), 25/01/18

..."

Última actualización el Viernes, 01 de Junio de 2018 18:05
 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 18:02

Tomado de  www.dmsjuridica.com

COMUNICADO 1007


DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES


STC5654/18


- Derechos a tener una familia y no ser separado de ella

- Prevalencia del interés superior del menor: objetivos para otorgar el mecanicismo de la prisión domiciliaria a las madres o padres cabeza de familia (C.J.)


ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

- Auto que inadmite la demanda de casación


DERECHO AL DEBIDO PROCESO

- Proceso penal: razonabilidad de la decisión que inadmite la demanda de casación por deficiente técnica de casación


http://www.portaldms.com/2/index.php?option=com_content&view=article&id=7166&catid=299

Última actualización el Viernes, 01 de Junio de 2018 18:03
 
Suspensión y aplazamiento de audiencias penales trasgrede derechos fundamentales de las víctimas 25 de Mayo del 2018 PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 17:56

Tomado de www.ambitojuridico.com

".....Las suspensiones y aplazamientos de las audiencias tienen un fuerte impacto sobre los tiempos que los juzgados toman para adoptar sus decisiones de fondo, explicó la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional.

 

Para la corporación, el mecanismo de compartimentos rígidos para la celebración de las diligencias y la omisión del juez competente para adoptar y materializar las medidas de dirección y corrección del proceso impactan de manera directa en la prolongación irrazonable del tiempo del proceso.

 

Agregó que ello genera la vulneración de derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y, en especial, a acceder a un recurso judicial efectivo. (LeaFiscalía ofrece al Consejo Superior de la Judicatura 48 salas para realizar audiencias)

 

Así mismo, el fallo identificó el deber constitucional y legal de las autoridades que concurren al proceso penal de informar a las víctimas sobre el alcance de sus derechos, las instituciones encargadas de su satisfacción y el acceso a los programas de asistencia social y humanitaria, así como su inscripción en el registro único de víctimas.

 

Sumado a ello, sustentó que la labor del juez en el proceso penal, desde una dimensión constitucional de protección de postulados fundamentales, está orientada por los principios establecidos en la Ley 906 del 2004. (LeaMás de 19.000 audiencias penales han sido suspendidas por paro judicial)

 

Específicamente lo relacionado con la garantía de los derechos de las víctimas consagrada en el artículo 11 de esa normativa, la cual se materializa en recibir, desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en ese código:

 

i. Información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas y

 

ii. La asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley

 

(M. P. Gloria Stella Ortiz).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-083, 05/03/18

."

Última actualización el Viernes, 01 de Junio de 2018 17:58
 
Sala Penal precisa alcance del término “inducir” en los delitos sexuales PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 18:00

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó los elementos del delito de inducción a la prostitución y precisó el alcance del término “inducir” en los delitos sexuales y la calidad de delito de mera conducta para este tipo penal.

 

Inicialmente indicó que existen tipos penales de mera actividad en los cuales basta realizar el comportamiento definido en la norma sin que se requiera la producción de un evento modificador específico como efecto de la acción. Así las cosas, la conducta se consuma con la realización de la descripción típica, independientemente de que se dé o no un suceso distinto de la conducta misma. (LeaAtacan disposiciones del Código de Policía que regulan la prostitución)

 

Ello a diferencia de los tipos penales de resultado, en los cuales la ejecución de la acción que está representada en el verbo rector debe acompañarse de la consecuencia que táctica o expresamente se describe en la norma para que se entienda consumada (causar la muerte, privar de la libertad de locomoción, apoderarse de cosa mueble ajena, obtener provecho ilícito, fabricar o circular moneda falsa, entre otros).

 

Atendiendo a esos conceptos, el artículo 213 del Código Penal, que describe la inducción a la prostitución, y el bien jurídico objeto de tutela: la libertad e integridad sexuales, enfatizó que este tipo penal abarca desde las acciones tendientes a promover el comercio carnal o la prostitución hasta el ejercicio efectivo de uno u otros inducidos por un tercero.

 

Por tanto, la conducta se debe catalogar como delito de simple actividad, dado que basta con que se busque persuadir a la persona de involucrarse en alguna de las mencionadas actividades para que se entienda consumada la conducta, con independencia de que el resultado se produzca o no.

 

Configuración del tipo penal

 

Sin embargo, el alto tribunal de justicia aclaró que no cualquier comentario, oferta o promesa configura este tipo penal, como del propio significado de la acción de inducir se extrae. (LeaAumento de penas no es la respuesta para combatir la violencia sexual contra menores: Minjusticia)

 

Ello toda vez que será necesario que la propuesta u ofrecimiento resulte categórica, convincente, capaz de motivar en el receptor la idea razonable de la gravedad de la iniciativa de involucrarse en las actividades de explotación de la sexualidad para obtener el pago de sus servicios, por ende, que la propuesta es real.

 

Con todo, advirtió que no se trata, en consecuencia, de que la persona objeto de la inducción llegue a tener trato sexual con los demandantes determinados o indeterminados de los servicios, ni siquiera que acepte o se comprometa en la actividad, sino que el sujeto encamine su conducta, con acciones persuasivas e idóneas, a motivar en el destinario la incursión en el comercio sexual, aún si el receptor de la oferta la rechaza.

 

Lo anterior por cuanto, se reitera, en los delitos de mera conducta no hace falta un resultado material para que se entienda cumplida la tipicidad consumada (M. P. Fernando Alberto Castro Caballero).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-1222018 (48192), Mar. 21/18

.."

Última actualización el Viernes, 01 de Junio de 2018 18:01
 
Las razones jurídicas del archivo de la investigación por acoso sexual contra el exdefensor del Pueblo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 01 de Junio de 2018 17:51

Tomado de www.ambitojuridico.com

".......Un auto de ponente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que adelantaba la Fiscalía General de la Nación contra el exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora, el cual había sido denunciado por su secretaria privada por acoso sexual. (Lea: Sala Laboral delimita cuándo la “galantería” constituye acoso sexual en el trabajo)

 

La Sala Penal concluyó que “el acoso sexual no se configura si no existe relación entre el fin sexual conseguido y la relación de autoridad o de poder. Menos cuando no existe hostigamiento, sino acuerdo”.

 

Dentro de las reflexiones que hizo la Corte sobre la figura afirmó que el acoso se manifiesta por lo general como un abuso de poder dirigido a afectar con actos persistentes, incesantes y continuos el consentimiento de la víctima. (Lea: Si hay dudas sobre el uso de violencia en una violación debe absolverse al procesado)

 

Sin embargo, señaló que no puede haber delito en aquellos casos en donde el consentimiento es libre y la asimetría de la subordinación laboral no influye en la aquiescencia del trato sexual.

 

La Sala planteó un interrogante: “¿Cómo es posible, entonces, que un comportamiento acreditado por tantos e incuestionables elementos materiales de prueba pueda ser la manifestación de una sumisión provocada por el maltrato, acoso, el hostigamiento o el producto de una debilidad de carácter que los peritos de medicina legal dijeron que la actora no tiene?”. (Lea: Acoso sexual ha pasado a formar parte de las relaciones de poder en el trabajo: Sala Laboral)

 

En este caso, agregó el tribunal, el problema no radica en que no existe “prueba periférica”, sino en que la presunta víctima fue desmentida por la fuerza de los acontecimientos y por una abrumadora evidencia que deja en entredicho su versión, puntualiza el auto.

 

También indicó que solo habría delito si la relación de autoridad o de poder se emplea con el fin de ejercer una influencia determinante en la prestación de un consentimiento sexual, que en condiciones normales no se admitiría, así este nunca acepte (M. P. Luis Antonio Hernández).

 

CSJ Sala Penal, Auto AP-20702018 (51870), 23/05/18...."

 
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