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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Delito de obtención de documento público falso puede producirse si se induce al error al notario PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:25

Tomado de www.ambitojuridico.com

"....Un decisión reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  explica que para la realización de la conducta de que trata el artículo del 288 del Código Penal (obtención de documento público falso), se requiere que el sujeto activo conozca la condición de que la persona de la que obtiene un documento falso sea servidor público y que este actúe en ejercicio de sus funciones.

 

El delito de obtención de documento público falso prevé la posibilidad de sancionar con pena privativa de la libertad a cualquier persona que mediante artificios o engaños induzca en error a un servidor público, para que este, en ejercicio de sus funciones, le extienda o expida un documento público con potencialidad de acreditar la existencia de un hecho o de una relación jurídica que no corresponden a la verdad, precisa la corporación.

 

Por lo tanto, el autor del comportamiento es cualquier persona sin cualificación, esto es, el particular que engaña al servidor público. (LeaConozca la condena a dos exfuncionarios de juzgado por fraude en reparto judicial)

 

Así, la falsedad es la alteración consciente de la verdad, es decir, faltar maliciosamente a ella; y debe recaer sobre documento público, pues lo que sanciona la ley penal es la infracción a la fe pública que las personas depositan en dichos escritos, los cuales tienen seriedad en la vida civil y el comercio.

 

En ese orden, la fe pública es el bien jurídico tutelado para asegurar la confianza colectiva que hace posible el desenvolvimiento en la vida común. Por la misma razón, no es de la esencia de la falsedad el perjuicio de un tercero cuando se realiza a través de documento público, ya que estos valen por sí mismos. (Lea¿Qué entidad se legitima por pasiva tratándose de la responsabilidad estatal por falla notarial o registral?)

 

Así las cosas, la Sala concluyó que para todos los efectos de la ley penal también se consideran servidores públicos los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, es decir, que no cabe duda que “los notarios pueden ser pasibles de engaño para efectos de la realización de este delito” (M. P. José Francisco Acuña).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-180962017 (42019), 01/11/17.."

Última actualización el Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:26
 
Privación del derecho al porte de armas es de 15 años y debe atenerse al sistema de cuartos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:23

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el tope de privación del derecho a tener y llevar armas de fuego es de 15 años. (Lea: Una nueva reforma penal consideraría las ejecuciones extrajudiciales como delito autónomo)

 

También señaló que en la dosificación de las sanciones de otros derechos, como la de este tipo de privación, es deber atenerse siempre al sistema de cuartos, sin importar que estas sean principales o accesorias.

 

De ahí que como el tribunal de instancia no tuvo en cuenta estas consideraciones la Sala decidió casar oficiosa y parcialmente el fallo de segunda instancia, dosificando nuevamente la sanción accesoria.

 

Caso concreto

 

En el 2007, un pelotón especial reportó que sostuvo un enfrentamiento en una vereda en el departamento de Cauca, en el cual habrían muerto tres guerrilleros. (LeaAcción para reclamar perjuicios al Estado por falsos positivos no caduca: Corte Constitucional)

 

Las personas fallecidas eran en realidad habitantes de la calle del municipio de Cali, sin relación o vínculo alguno con organizaciones insurgentes. A los cadáveres les dejaron varias armas de fuego, la mayoría privativas de las Fuerzas Armadas. Ninguna tenía salvoconducto.

 

Por lo anterior, la Fiscalía imputó a los miembros del respectivo batallón que participaron en la supuesta operación contra la insurgencia y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán absolvió a uno de ellos y condenó al resto por los punibles de homicidio en persona protegida y fabricación, tráfico y porte de armas.

 

En segunda instancia, el Tribunal Superior incrementó las respectivas penas privativas de la libertad, acogiendo el argumento de la Fiscalía y las víctimas atinentes a que no se aplicó la dosificación del artículo 14 de la Ley 890 del 2004. (LeaDestituida fiscal que otorgó libertad por vencimiento de términos a acusados de “falsos positivos”)

 

Por último, la Sala Penal de la Corte casó parcialmente la sentencia y, en consecuencia, disminuyó la pena privativa del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, pero mantuvo incólume todo lo demás (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-197592017 (49790), 23/11/17...."

Última actualización el Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:25
 
PENAL Sala Penal explica diferencia entre delitos de propia mano y de mera conducta 31 de Enero del 2018 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 31 de Enero de 2018 21:10

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"...Al resolver un recurso de casación y al establecer si el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones es de propia mano o de mera conducta, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó las diferencias entre estas clasificaciones. (Lea: Reiteran criterio sobre excepciones al incremento de penas)

 

Con base en una providencia del año 2016, el fallo recordó que no es posible equiparar los delitos de propia mano con los de mera conducta, toda vez que los primeros hacen alusión a una exigencia relativa al sujeto agente frente a la conducta y los últimos se refieren al contenido del comportamiento en razón de la potencialidad del daño que envuelve.

 

Así las cosas, estableció que no es cierto que el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones sea de propia mano, puesto que, por los múltiples verbos que contiene no es posible hacer esa afirmación.

 

En tal sentido, afirmó que, si solamente se contemplara el verbo rector “portar” que prevé el delito, resulta oportuno señalar que puede ocurrir que alguien le preste ayuda a otro para que pueda concretar la conducta y en este evento no cabe duda que se activa la posibilidad para predicar la forma de participación de la complicidad frente a la conducta punible. (LeaInaplicabilidad del incremento punitivo en algunas conductas no constituye una discriminación injustificada)

 

Efectos del preacuerdo

 

De otra parte, la Sala Penal explicó la postura reiterada sobre los efectos de la suscripción del preacuerdo, indicando que la aceptación de responsabilidad por parte del acusado mediante el allanamiento o cargos, o el acuerdo celebrado con la fiscalía con miras a la expedición de un fallo anticipado, no solo son vinculantes para la fiscalía y el implicado sino también para el juez.

 

En ese orden, el juez debe proceder a dictar sentencia de conformidad con lo convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garantías fundamentales. (LeaEsta casuística despeja dudas sobre inaplicación del incremento punitivo en el delito de extorsión)

 

En dichos casos se debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los cauces de la legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro del juzgamiento ordinario (M. P. Fernando León Bolaños Palacios).

 

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-189122017 (46930), 15/11/2017

..."

Última actualización el Miércoles, 31 de Enero de 2018 21:12
 
Suspensión condicional de ejecución de la pena posibilita cumplimiento de obligación alimentaria PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:20

Tomado de www.ambitojuridico.com

"....Dentro de un proceso de inasistencia alimentaria, la Corte Suprema de Justicia explicó que si bien la imposición de la pena se fundamenta en su finalidad de prevención especial con el objetivo de que el procesado en el futuro no vuelva a sustraerse de su obligación alimentaria, lo cierto es que con la no suspensión de la ejecución de la pena se le imposibilita al penado alimentante el cumplimiento de su obligación.

 

Ello luego de que la Sala Penal argumentara que acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena tiene la virtud de satisfacer tanto el interés superior de los menores como la prevalencia de sus derechos y la necesaria reparación de los perjuicios ocasionados. (LeaDesde que cobra firmeza la ejecución de una sentencia se puede determinar la sustitución de la pena)

 

Lo anterior por cuanto no aleja al penado alimentante de su fuente de ingresos posibilitándole continuar con el cumplimiento de su obligación alimentaria y, además, no se convierte en un obstáculo para que mantenga comunicación con sus menores hijos.

 

Igualmente, prevé dentro de su régimen la estipulación de un plazo para indemnizar, el cual debe estar garantizado por una caución, so pena de revocatoria del subrogado. (LeaEstos serían los tres nuevos regímenes para la aplicación de beneficios penales en Colombia)

 

A la luz del numeral 6 del artículo 193 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006), la providencia señaló que el fallador judicial juez no puede aplicar el principio de oportunidad y el subrogado de la condena de ejecución condicional cuando el beneficiario de esos institutos no haya indemnizado los perjuicios por el ocasionado a los menores de edad que sean víctimas del delito por el que se procede.

 

Sin embargo, pese al carácter general e imperativo de esta disposición, la exposición de motivos de la Ley 1098 en el acápite de “Los niños y las niñas víctimas de delitos” solamente se hizo referencia a la deuda que tenía el país con estos menores que son víctimas de los vejámenes más atroces como el fundamento de la implementación de medidas como la examinada y dentro de esta categoría no se encuentra el delito de inasistencia alimentaria.

 

Justamente, la Sala afirmó que la decisión de suspender condicionalmente la ejecución de la pena tiene en cuenta la protección integral de los niños y adolescentes, eso es, el reconocimiento de que son sujetos de derechos, la garantía del cumplimiento de estos y la prevención de la amenaza o vulneración de los mismos. (LeaPrecisan competencia para conocer decisiones de juez de ejecución de penas sobre mecanismos sustitutivos de prisión)

 

También, la protección de su interés superior, que obliga a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos (M. P. José Luis Barceló Camacho).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-189272017 (49712), Nov. 15/17..."

Última actualización el Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:22
 
Pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas puede ser superior a pena de prisión? PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Martes, 09 de Enero de 2018 16:33

Tomado de  www.legismovil.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó, de acuerdo con el artículo 51 del Código Penal, que la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco a veinte años, excepto en el caso del inciso 3° del artículo 52 ídem. Igualmente, afirmó que esta última norma ordena que, en todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación indicada por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte, sin exceder el máximo fijado en la Ley. Con todo, la corporación enfatizó que cuando se impone una pena superior como accesoria de inhabilitación a la pena de prisión, se transgrede el principio de legalidad de la pena, el cual constituye una de las principales garantías de los procesados prevista en el artículo 29 de la Constitución Política (M.P. Patricia Salazar Cuéllar)..".

 

Precisan cómo opera el in dubio pro reo cuando se discute la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad (1:50 p.m.)

En virtud del nuevo paradigma constitucional imperante desde 1991, la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad no depende de la ilegitimidad de la actuación o culpa del agente estatal que la ejecuta, ya que estos son aspectos propios de la repetición. Por el contrario, establecido el daño antijurídico, se debe examinar qué afectaciones deben ser soportadas y la relación de causalidad de la medida con la acción u omisión de la administración. Al efecto, explica la Sección Tercera, no es admisible que el acusado que fue absuelto bajo el principio “in dubio pro reo” tenga que ver condicionada la reparación del daño que supone la pérdida de libertad al hecho de que sea posible acreditar más allá de toda duda razonable su inocencia, pues el Estado es quien debe desvirtuarla. En ese orden, en sede contencioso administrativa basta con la absolución a efectos de reparación, exceptuando los casos en que la acción judicial se originó por culpa de la víctima (C. P. Stella Conto Díaz del Castillo).

Última actualización el Martes, 09 de Enero de 2018 16:36
 
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