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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA NECESIDAD MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:55

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA : PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR..Magistrada ponente...STP7721-2019...Radicación N.º 104439....Acta 143..... Bogotá, D. C., once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019).

"....3.1. Pautas para el desarrollo de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento.

Los arts. 306 a 316 del Código de Procedimiento Penal regulan las medidas de aseguramiento.  En la audiencia que debe surtirse para decretarlas, la Fiscalía y la representación de víctimas tienen la carga de motivar su postulación para solicitarlas y el juez de control de garantías emitir su decisión, ambos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

i) La inferencia razonable de participación del imputado en la conducta.  Para tales efectos, deben presentarse y explicarse las evidencias físicas y otra información legalmente obtenida, con la que se acredite, en el nivel de conocimiento establecido en la ley, que el delito ocurrió y que el imputado es autor o partícipe.

ii) La necesidad de la medida contra el imputado.  Para ello, tanto el solicitante al formular la petición, como el juez al resolverla, deben evaluar los siguientes factores:

a. Factores no procesales, que desarrollan los arts. 310 y 311 del Código de Procedimiento Penal, que disponen la imposición de la medida restrictiva de la libertad cuando el imputado represente un peligro para la seguridad de la comunidad (posibilidad de reiteración de la conducta o comisión de otras), o pueda inferirse razonablemente que atentará contra la víctima, sus familiares o sus bienes.

b. Factores procesales, previstos en los cánones 309 y 312, que disponen la procedencia de la restricción de la libertad cuando existan «motivos graves y fundados» que den cuenta de que el imputado podría no comparecer al proceso y/o afectar la actividad probatoria.

iii) La elección del tipo de medida a imponer.  En esta etapa, es carga de los involucrados en la diligencia indicar cuál de las medidas de aseguramiento previstas en el art. 307 del Código de Procedimiento Penal se habrá de imponer (privativa o no privativa de la libertad), y luego exponer los motivos por los que dicha medida es la procedente.

Para ello, deberán tenerse en cuenta: (i) las previsiones normativas aplicables, esto es, las que permiten la imposición de medida de detención en establecimiento carcelario (como el art. 313); (ii) las que prohíben el decreto de una medida distinta a la de privación de la libertad intramuros (v. gr. el art. 199 de la Ley 1098 de 2006); y (iii) si resulta procedente una medida no privativa de la libertad, cuando la misma pueda ser suficiente para alcanzar el fin perseguido (parágrafo 2º del art. 307 y art. 308).

En este proceso, es necesario llevar a cabo el juicio de proporcionalidad, orientado a que se evalúe si la medida solicitada resulta adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto, a través de un balance de los intereses que se confrontan, esto es, el derecho fundamental que se afecta con la imposición de la medida y el fin constitucional que se busca proteger al decretarla (Art. 295 y 296 de la Ley 906 de 2004).

Como tercer aspecto, habrán de evaluarse los problemas jurídicos atinentes a las particularidades del caso, como por ejemplo, la posibilidad de imponer una medida más o menos grave que la solicitada por la Fiscalia o la victima.."

Última actualización el Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:59
 
Configuración de falsedad ideológica en documento privado requiere prueba de relación jurídica PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:53

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de varios debates sobre la tipificación del delito de falsedad ideológica en documentos privados, aceptó que el artículo 289 del Código Penal incluye esa forma de alteración de la verdad y aclaró que, a lo largo de su desarrollo jurisprudencial, se han delimitado las circunstancias bajo las cuales la consignación de datos falsos en este tipo de documento constituye un atentado contra la fe pública.

 

En tal sentido, resaltó que la obligación de plasmar la verdad en algunos documentos privados es solo uno de los criterios para establecer la existencia de una falsedad ideológica en estos textos.

 

No obstante, enfatizó que es necesario, además, que el documento privado constituya, en sí mismo, la prueba de una determinada relación jurídica y también que sea usado, esto es, introducido en el tráfico jurídico donde está llamado a cumplir esa función.

 

A juicio de la corporación, el anterior análisis, en esencia, ha girado en torno a tres aspectos o reglas relevantes:

 

  1. En relación al deber que tienen los ciudadanos de plasmar datos veraces en ciertos documentos privados, bien porque la misma ley les imponga esa obligación o porque la naturaleza del documento implique dicho compromiso con la verdad. Ello, en la medida en que se desborde la esfera de interés de sus creadores y, por tanto, pueda afectar los derechos de terceros.

 

  1. Requiere que el documento pueda servir de prueba, esto es, que sea apto en sí mismo para crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica.

 

  1. En armonía con los anteriores aspectos, se asegura que, en el ámbito de las relaciones civiles y comerciales, la ciudadanía deba confiar en esos medios de prueba de lo que se deriva, precisamente, la lesividad de la conducta consistente en consignar en esos documentos datos contrarios a la verdad.

 

Sumado a lo anterior, la providencia también explicó que la configuración de la conducta indicada no ocurre con el dictamen pericial en el que se consigna un contenido apócrifo, toda vez que la pericia pertenece a una categoría distinta denominada declaración documentada cuya protección se ofrece a través de un bien diverso de la fe pública, como es la recta y eficaz impartición de justicia.

 

El magistrado Eyder Patiño Cabrera presentó salvamento de voto (M. P. Patricia Salazar Cuéllar)

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-17042019 (52700), May. 14/19....."

Última actualización el Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:54
 
Juez no puede fijarse únicamente en la cantidad de testigos que apoyan tesis de la Fiscalía o la defensa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:48

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó, con base en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), que en el ejercicio de apreciación de un testimonio deben ser atendidos los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria.

 

Lo anterior está especialmente relacionado con la naturaleza del objeto percibido; el estado de sanidad de los sentidos por los cuales se tuvo la percepción; las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió; los procesos de rememoración; el comportamiento del testigo durante el testimonio y el contrainterrogatorio; la forma de sus respuestas y su personalidad.

 

Este fallo asegura que el juez, al valorar la fiabilidad del testigo, debe considerar criterios como:

 

  1. La ausencia de interés de mentir o la presencia de un motivo para hacerlo.

  2. Las condiciones subjetivas, físicas y mentales del declarante para recordar lo percibido.

  3. La posibilidad de haber percibido los hechos.

  4. La coherencia de su discurso.

  5. La correspondencia con otros datos objetivos comprobables.

  6. La verificación de los asertos con distintos elementos de prueba.

  7. La intención en la comparecencia procesal, entre otros.

 

En ese orden, el fallador penal no puede fijarse sólo en la cantidad de testigos que apoyan la tesis de la Fiscalía o de la defensa, toda vez que “los testigos no se cuentan, sino que se pesan”.

 

Entonces, lo importante no es el número de personas que concurran a afirmar o infirmar un hecho, sino la coherencia y corroboración con las demás pruebas de cada testimonio.

 

Finalmente, la Corporación enfatizó que es posible que un único testigo pueda sustentar un fallo de condena, siempre y cuando su exposición de los hechos sea lógica, unívoca, coherente y esté corroborada con las demás evidencias acopiadas en el debate probatorio (M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-27462019 (51258), Jul. 17/19....."

Última actualización el Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:50
 
Agravar concierto para delinquir por participación plural de personas vulnera la doble incriminación PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:50

Tomado de www.ambitojuridico.com

"....Cuando varias personas se reúnen o acuerdan cometer un hurto, circunstancia que agrava la conducta, su imputación excluye el concierto para delinquir, del mismo modo que este impide la imputación de esa causal y no el concurso entre ambos delitos, si la asociación reúne las características propias del atentado contra la seguridad pública.

 

Así lo recordó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de casar parcialmente una sentencia originada por la imputación del delito concierto para delinquir, considerando el número de partícipes y el modus operandi en la ejecución del delito de hurto, al mismo tiempo que el atentado contra el patrimonio fue agravado por la pluralidad de personas.

 

En efecto, lo anterior evidencia la trasgresión de la garantía de non bis in ídem, en tanto la causal de agravación punitiva (ser cometido por dos o más personas que se hubiesen reunido o acordado para cometer el delito) se refiere a la misma circunstancia tomada en cuenta como elemento constitutivo del tipo penal.

 

Según el fallo, esta postura encuentra sustento si se considera la triple exigencia de identidad de sujeto, objeto y causa:

 

(i) Tanto el delito autónomo como la agravante buscan sancionar con mayor rigor a quienes acuerdan la comisión de delitos, con el propósito de salvaguardar la seguridad pública, indiscutiblemente afectada cuando se pacta la comisión de delitos indeterminados o la realización de un específico hecho delictivo.

 

(ii) La sanción, en ambos casos, se establece en el ordenamiento punitivo nacional, luego ambas comparten el mismo fundamento normativo.

 

(iii) Ambas persiguen finalidades iguales, es decir, reprochar penalmente el acuerdo criminal para la comisión de conductas delictivas.

 

Hipótesis

 

Acorde con la jurisprudencia constitucional y penal, el derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho comprende las siguientes hipótesis:

 

(i) La prohibición de investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un delito por el cual ya ha sido juzgada en un proceso penal anterior, sea que haya sido absuelta o condenada.

 

(ii) La prohibición de agravar la pena imponible a un comportamiento delictivo, en virtud de una circunstancia que ya fue tenida en cuenta como elemento constitutivo del tipo penal.

 

Esta última hipótesis fue la que se presentó en el caso examinado, porque el motivo de agravación contenido en el numeral 10º del artículo 241 del Código Penal coincide con los elementos centrales de la descripción típica del delito de concierto para delinquir del artículo 340 del Código Penal (M. P. Luis Antonio Hernández).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-15492019 (49647), Abr. 30 /19...."

Última actualización el Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:52
 
No se configura ira o intenso dolor cuando agente desvirtúa actuación que lo condujo a realizar el delito PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 01 de Agosto de 2019 19:40

Tomado de  www.ambitojuridico.com

Cuando el agente con su propio relato desvirtúa la presencia de un comportamiento grave o injusto que lo condujo a realizar la conducta punible no se configura ira o intenso dolor. Así lo precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

En tal sentido, la corporación aseguró, con base en el artículo 57 del Código Penal  (Ley 599 del 2000), que la ira y el intenso dolor es una figura que mitiga la sanción punitiva referida esencialmente a delitos que atentan contra la vida y la integridad personal y agregó que este hecho se lleva a cabo en un estado de emoción violenta provocada por la conducta de la víctima.

 

Así las cosas, lo anterior obedece a una condición subjetiva emocional que consecuentemente da lugar a una responsabilidad penal atenuada, señaló la providencia. (LeaNo hay ira e intenso dolor en homicidio causado sin provocación grave e injusta)

 

Requisitos

 

Acorde con la jurisprudencia pacífica y el alcance jurídico de esta circunstancia atenuante de la pena, la Sala Penal afirmó que el privilegio emocional subjetivo de esa causal paliativa exige para su reconocimiento que al momento de la realización de la conducta se haya procedido en estado de ira o de intenso dolor determinado por un comportamiento ajeno grave e injusto.

 

Con todo, advirtió que un postulado normativo de esta figura es estar plenamente probada la existencia de un comportamiento con las connotaciones antes indicadas, de un tercero contra quien reacciona emocionalmente.

 

También es necesario el nexo de causalidad entre ese estado síquico y ser aquella su causa, la cual, a su vez, debe tener la virtualidad de desencadenarlo, pues si bien no se exige simultaneidad o concomitancia en la reacción, sí es necesario que el sujeto obre bajo los efectos de un “raptus” emotivo. (Lea¿Intento de suicidio no premeditado posibilita negar pensión de invalidez?)

 

Lo anterior, toda vez que la ira atenuante, en relación con este aspecto, tiene arraigo en circunstancias de objetiva verificación, ya que no se trata de hacer sustentable la disminución a partir de personalísimos sentimientos o de favorecer temperamentos impulsivos, iracundos, irascibles, irritables, coléricos, ni de propiciar extensiones genéricas a otros estados anímicos.

 

Por el contrario, busca reconocer la presencia de situaciones humanas que implican una disminución de la capacidad intelectual y volitiva del agraviado provocada por una ofensa, sin que ello implique desde luego una pérdida absoluta de dichas facultades que corresponden a estados de inimputabilidad penal (M.P. Luis Guillermo Salazar Otero)

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-3462019 (48587), Feb. 13/19

Última actualización el Jueves, 01 de Agosto de 2019 19:41
 
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