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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Manifestación del acusado para llegar a un acuerdo no obliga a la Fiscalía a aceptarlo PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Viernes, 09 de Noviembre de 2018 17:50

Tomado de www.ambitojuridico.com

"---A través de un auto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que si bien los preacuerdos implican la renuncia libre, voluntaria e informada al juicio oral, a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo, ello no comporta el ejercicio de un poder dispositivo sobre la acción penal, sino, apenas, la búsqueda, a través del consenso, de alternativas que permitan anticipar o abreviar el desarrollo del proceso.


En esa dirección advirtió que aun cuando el acusado manifieste su voluntad de llegar a un acuerdo no implica que de forma automática la Fiscalía deba acceder a ello, pues de la naturaleza de la aceptación preacordada de responsabilidad se desprende la necesidad de un acuerdo de voluntades, en virtud del cual se logra la culminación anticipada de la actuación.


Recordó que la Fiscalía es una autoridad pública y como tal está en el deber de dar respuesta a las peticiones elevadas por los ciudadanos, pero la desatención de tal mandato no configura la vulneración al debido proceso. (Lea: Repase cuándo el juez puede hacer control material excepcional sobre acusaciones o preacuerdos).


Así mismo, agregó que es indiscutible que si el fiscal formula acusación durante la audiencia en la que también participa el defensor fue porque entre las partes no se concretó ningún acuerdo; “y ello, sin más, entraña una negativa a la propuesta del imputado”.


Concluyendo además que no existiendo legalmente ningún procedimiento preestablecido en el que se le asigne al ente investigador el deber de dar trámite a las propuestas de preacuerdo de una forma determinada, de ninguna manera es dable afirmar la vulneración al debido proceso (M. P. Patricia Salazar).  CSJ Sala Penal, Auto AP-37202018 (48414), Ago. 30/18.

Última actualización el Viernes, 09 de Noviembre de 2018 17:52
 
Interés jurídico constituye el límite del juez superior para resolver una apelación... PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:09

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...En materia de recursos, además de la oportunidad para su interposición, su procedencia depende de la legitimidad del sujeto procesal, esto es, del interés jurídico surgido del agravio causado por la decisión objeto de impugnación en cuanto es contraria a sus pretensiones, explicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acorde con el artículo 186 de la Ley 600 del 2000 (norma vigente para la fecha de los hechos).

Así las cosas, el sujeto procesal legitimado en la causa para actuar no lo está para impugnar la providencia que lo favorece o resuelve el problema jurídico de acuerdo con lo pedido. (Lea: Agencia oficiosa no autoriza a terceros para intervenir en acción de revisión dentro de proceso penal)

El interés jurídico constituye el límite de la competencia del superior encargado de resolver la apelación, la cual puede extenderse a “los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”, esto es, los que surjan a consecuencia del perjuicio provocado con la decisión judicial al sujeto procesal que la impugna.

Casuística

En el caso concreto, se presentó un recurso de casación contra una sentencia que revocó el fallo absolutorio de una persona condenada y en su lugar la condenó por el delito de estafa.

Luego de explicar lo precedente, la Sala Penal aseguró que la condenada ahora recurrente tiene razón al señalar que el juez de segunda instancia excedió su competencia funcional, al ocuparse de asuntos que no eran materia del recurso, al no estar ligado con el interés del apelante (fiscal), como la condena de la casacionista. En consecuencia, dispuso casar la providencia y dejar en firme el fallo absolutorio (M. P. Luis Guillermo Salazar Otero).

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-37372018 (51212), Sep. 5/18...."

Última actualización el Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:11
 
PARTES DEL PROYECTO REFORMA AL CPP PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:10

A. La comunicación escrita de la imputación agiliza el proceso penal sin desconocer el derecho a la defensa.

El conocimiento de la imputación es un derecho consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia que se concreta mediante un acto de comunicación. La Ley 906 de 2004, introdujo la imputación y advirtió que su finalidad era informativa acerca de la existencia de una investigación en contra de la persona. De esta manera se describe en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal en el cual se afirmó: “Con este acto procesal se pretende única y exclusivamente informar a la persona que existe una investigación en su contra, por hechos que eventualmente pueden comprometer su responsabilidad penal, para que así el imputado en asocio de su defensor técnico, pueda comenzar a preparar de modo eficaz su actividad defensiva respecto de la eventual acusación en ciernes”. La Corte Constitucional se ha pronunciado en el mismo sentido y afirmó que “la diligencia de formulación de imputación tiene como objeto comunicar a una persona que se inicia en su contra un proceso penal”6 . Hoy en día, la imputación se lleva a cabo en una audiencia preliminar donde se comunica al indiciado la existencia de una investigación penal en su contra, también se especifican los hechos y su respectiva calificación jurídica para que, entre otros efectos, pueda activarse el ejercicio de su derecho a la defensa.

 

1. Problemática con la audiencia de imputación La práctica ha demostrado que un acto que debería ser muy sencillo por su finalidad, se ha convertido en un juicio anticipado, porque en este se pretende dilucidar el tópico de la responsabilidad penal, el cual está reservado para debatirse en el juicio. Y, además, ha traído como consecuencia que los jueces de control de garantías deban dedicar un tiempo considerable a la evacuación de las audiencias, con efectos negativos en relación con la eficiencia del proceso penal. Se han presentado dos problemáticas muy preocupantes con la audiencia de formulación de imputación: i) En primer lugar, hay serios problemas de articulación entre los diferentes actores del proceso penal, lo cual impide que se celebren a tiempo las audiencias citadas en la mayoría de ocasiones; ii) el acto de imputación se convirtió en un pequeño juicio oral que, al contrario de las disposiciones normativas y de los desarrollos jurisprudenciales, ha elevado innecesaria e inútilmente la complejidad de las audiencias de imputación. Lo anterior ha causado enormes demoras en un acto procesal que debería gozar de celeridad y sencillez en su realización. Frente a estas dos problemáticas, debe destacarse lo siguiente:

a. Imposibilidad de realizar las audiencias.

Sobre este tópico, existen múltiples variables que conllevan al fracaso de la convocatoria de las audiencias. Estas incluyen la inasistencia justificada o injustificada de las partes e intervinientes a las audiencias, el elevado número de solicitudes de aplazamiento e, incluso, las cancelaciones y reprogramaciones por cuenta de los operadores judiciales. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, durante el año 2013. solo se llevó a cabo un 41% de la totalidad de audiencias solicitadas aproximadamente. Dentro del 59% de las audiencias que no se realizaron, pueden identificarse diferentes causas por las cuales las diligencias no se llevan a cabo: así, un 21% es atribuible a los defensores, 14% a los jueces y un 24% responde a otras razones. En consecuencia, es claro que existe una problemática severa producida por la no realización de las audiencias.

Téngase en cuenta que la realización de las audiencias de imputación implica un trabajo articulado y amplio por parte de los distintos operadores judiciales. Por ello, cuando la celebración de las audiencias fracasa, todo este trabajo invertido termina desaprovechado. Esto implica un desgaste importante por parte de la administración de justicia para un acto tan sencillo como una audiencia de imputación. No solo se desaprovecha la labor y el tiempo de los funcionarios y medios, sino que existe un gasto de dinero asumido por el Estado para garantizar la presencia de las partes en una audiencia: un fiscal, un juez, un delegado del ministerio público y, algunas veces, un defensor público. Todo ese tiempo y recursos en muchas ocasiones perdidos, se puede invertir en otras labores que pueden beneficien la administración de justicia y el cumplimiento de sus fines.

b. Desnaturalización de la audiencia.

Una vez instalada la audiencia de formulación de imputación, sea por captura en flagrancia, por orden de captura o por citación a la diligencia programada, inicia un debate con requerimientos probatorios y argumentativos que superan –y no por poco– lo demandado en la normatividad. En últimas, la audiencia se utiliza de otra forma y con fines distintos a los establecidos por la ley. Los debates acerca de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, así como argumentaciones sobre la ausencia de responsabilidad y las discusiones acerca de la legalidad o legitimidad de las pruebas, no deberían llevarse a cabo en esta audiencia. Con todo, la práctica la ha convertido en una diligencia complicada y alejada de sus fines, lo que la ha desnaturalizado. En suma, el acto de imputación debería evacuarse a través de una audiencia sin más controversia que la que podría suscitarse por la inobservancia en los requisitos de forma. No debería entonces ocuparse de discusiones que son propias de escenarios ulteriores del proceso. Sin duda, no podría esperarse que un juez investido de la importantísima función constitucional de velar por el respeto de las garantías fundamentales de quienes intervienen en el proceso, deba ser un mero espectador de la diligencia, lo que ha dejado abierta la brecha para discusiones interminables e irreconciliables acerca del verdadero papel del juez de control de garantías en esta audiencia de formulación de imputación y los límites o alcances de su función.

2. Modificaciones al acto de imputación .

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario reestructurar la diligencia de imputación de tal forma que puedan enfrentarse las distintas problemáticas que se presentan en la actualidad, siempre en búsqueda del respeto por las garantías procesales. En la propuesta de reforma se optó por simplificar el trámite imputación sin perder de vista su objetivo, esto es, comunicarle al procesado su calidad de investigado dentro de un proceso penal. Por ello, la nueva forma de comunicar la calidad de imputado se ha concebido como un mecanismo práctico, sencillo y desprovisto de mayores ritualidades, pero permitiendo cumplir con el acto de comunicación sin formalidades improductivas que desnaturalicen el acto.

a. El acto de imputación se hará mediante acta escrita.

Dicho acto de comunicación de la imputación se realizará de forma escrita y se citará al indiciado para que este o su apoderado se dirijan a la Fiscalía General de la Nación a enterarse de la decisión. En caso de no asistir al acto, se configuraran motivos para declarar contumaz al procesado. Esa comunicación como acto de parte tiene por objeto informar al indagado que la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación penal en su contra y que, por lo tanto, adquiere la calidad de imputado a partir de esa comunicación. La figura de la comunicación fue elegida por resultar la más conveniente de acuerdo con la finalidad última del acto. Así las cosas, se habla de comunicar que es, básicamente, enterar a la persona de la existencia de una investigación penal en su contra y presentarle los fundamentos por los cuales fue tomada la determinación de vincularlo a un proceso. Esta comunicación cumple con los postulados reconocidos internacionalmente sobre garantías procesales que son exigidas en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros y que indican que es deber del Estado enterar a la persona en contra de quien se adelanta un proceso penal para que pueda ejercer sus derechos de contradicción y defensa. Los requerimientos contenidos en instrumentos internacionales en los cuales se hace un reconocimiento expreso de las implicaciones que tiene el hecho de que el ciudadano conozca que se adelanta una investigación penal en su contra, se satisfacen en esta propuesta y en el enteramiento que se desprende de la comunicación de la imputación, ya que a partir de ese conocimiento se activa la posibilidad de ejercicio de los derechos que comprometen la defensa del ciudadano.

b. Procedimiento de la comunicación propuesto.

Para tales efectos, el fiscal del caso convocará al ciudadano en contra de quien se iniciará la investigación penal, para que en un plazo que no supere los diez días, de manera personal o a través de apoderado, acuda al despacho donde se tramitan las diligencias (o, en su defecto, ante un despacho comisionado. Ello, con el fin que le sea entregado el escrito mediante el cual conocerá las razones fácticas y jurídicas por las cuales el titular de la acción penal ha decidido iniciar una investigación formal en su contra, así como las consecuencias y efectos de tal determinación. Al tratarse de un acto comunicación escrito, no es necesario que la persona a imputar cuente con la asistencia de un abogado para la validez del acto. Ello es así, debido a la simplicidad de la diligencia y por cuanto en esa concreta circunstancia no hay disposición de derechos que demanden tal formalidad. Lo anterior no es óbice para que, si es la voluntad de quien ha sido convocado a enterarse del escrito, asista en compañía de un abogado.

c. Requisitos de contenido

El escrito que se pretende establecer como medio para enterar al indagado de la investigación que se inicia en su contra deberá contener: a) La individualización concreta del ciudadano a imputar, incluidos su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. b) Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible. c) La calificación jurídica provisional. d) La advertencia de que podrá ser llamado a juicio a través de la presentación del escrito de acusación. e) Información sobre la posibilidad de allanarse a los cargos comunicados, para lo cual se indicará la oportunidad y el beneficio punitivo que le corresponde en virtud de la justicia premial por este hecho.

d. Acto de comunicación de la imputación durante la audiencia de medida de aseguramiento

Otro de los aspectos relevantes materia de la modificación de la imputación es la posibilidad de realizar el acto de comunicación de la imputación de forma oral cuando la persona sea capturada en virtud de orden de captura o en los casos en los que resulte aprehendido por flagrancia. Las normas relativas a la imposición de medida de aseguramiento deposita la carga probatoria de demostrar la existencia de inferencia razonable de la autoría o participación de la persona en la conducta endilgada en la Fiscalía, así como demostrar los fines constitucionales establecidos para que la restricción de la libertad sea legítima. En ese orden de ideas, se identificó que en la práctica debe repetirse el acto de imputación cuando se realice la sustentación de la medida de aseguramiento, por cuanto la inferencia razonable de autoría y participación coincide en forma y estructura con el acto de imputar. En ese sentido, se obliga a un doble desgaste para la imposición de medida de aseguramiento. Así las cosas, con la reforma se entiende como comunicada la imputación, cuando se agota el requisito de inferencia razonable de autoría o participación realizado durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. En suma, se entiende comunicada la imputación con lo argumentado oralmente durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento.   En conclusión, existen dos formas distintas de llevar a cabo el acto de comunicación de la imputación: la primera consiste en realizar la imputación a través del acta escrita que se le comunicará al indiciado, y la segunda, a través de lo argumentado oralmente durante las audiencias de imposición de medida de aseguramiento en los casos de flagrancia o en aquellos en que media una orden de captura. e. Aceptación de cargos de la imputación Para tramitar la aceptación de los cargos de la comunicación de imputación, el procesado podrá acercarse al fiscal del caso para tal efecto, en cualquier momento, después de recibir el acta. Con el fiscal del caso se suscribirá una constancia con la manifestación de aceptación y a esta se le adjuntará copia del acta de imputación. Posterior a ello, se llevarán esos documentos ante el juez de conocimiento para que este compruebe la validez de la aceptación de cargos y proceda a individualizar pena y dictar sentencia. Lo anterior permitiría llevar a cabo la aceptación de cargos sin la necesidad de la presencia del juez de control de garantías.

B. Las audiencias de lectura de fallo y de autos representan un desgaste innecesario en la administración de justicia

La audiencia de lectura de fallo y de autos se encuentra consagrada en el Código de Procedimiento Penal como una diligencia en la cual se instala la sesión en sala de audiencias, se abren los audios y se da lectura a una providencia previamente preparada por el juez. En términos generales, se podría decir que esta práctica es la manera en que las partes, luego de haber sustentado sus pretensiones con anterioridad, pueda enterarse de la decisión final del juez. Esto es sin duda, uno de los aspectos más importantes de un sistema y una de las razones de ser del mismo pues de nada serviría la discusión y contradicción sin providencias que puedas dar la razón a una de las partes y modular la forma en que deben solucionarse los inconvenientes.

1. Problemática con la audiencia de lectura de fallo o de auto

Consultada la realidad y tras un importante trabajo de observación, ha sido claro que la audiencia de lectura de fallo o auto, aun cuando en la mayoría de los casos se desarrolla, se basa principalmente en una lectura de una providencia previamente escrita, en la mayoría de casos, sin contar con la presencia de las partes del proceso. Así, este tipo de diligencias terminan siendo una instalación de diligencias en las cuales, el juez, sin presencia de nadie, lee un texto para un supuesto enteramiento. En otras palabras, la supuesta audiencia donde deberían participar todos los actores del proceso, termina siendo una diligencia unilateral sin mayores propósitos. En este sentido, se identifican problemas esencialmente relacionados con la eficacia y celeridad en el proceso pues el desgaste de un juez y una sala de audiencia para una simple  lectura de un texto, no se encuentra de ninguna manera justificado. Son muchas las horas y recursos que se pierden en este tipo de diligencias, y que sin duda, serían de muchísima más utilidad para otro tipo de trabajos.

2. Modificaciones a la audiencia de lectura de sentencia o de auto.

Reconociendo la necesidad de enterar a las partes sobre las providencias que son de su interés, y teniendo en cuenta la problemática anteriormente esbozada, el proyecto de ley ha propuesta la eliminación de este tipo de diligencias de enteramiento de la manera en que se vienen realizando actualmente, y propone una nueva forma de comunicar a las partes sobre este tipo de decisiones. De esta manera, se elimina una audiencia innecesaria a toda costa dentro del proceso pero se mantiene la necesidad de enterar a las partes. Por esta razón, esta propuesta ha querido adoptar el mismo procedimiento de enteramiento de sentencia que tiene el mismo código de procedimiento penal dentro del procedimiento penal abreviado. Así, lo que existiría entonces es una diligencia de comunicación de las providencias a través de la secretaría del juzgado. En el caso de las sentencias, se leerá normalmente el sentido del fallo dentro del marco del juicio oral, luego se le dará la palabra a las partes para hacer las consideraciones necesarias acerca a de la pena y finalmente, en vez de citar para audiencia de lectura de fallo, el juzgado procederá a citar a una diligencia de comunicación. La diligencia de comunicación no es más que la entrega de la providencia escrita a las partes, siendo necesario que la misma se dé dentro de los quince (15) días siguientes a la culminación de la audiencia de juicio oral. Luego de esto, se otorgará un término de diez (10) días para la presentación y sustentación de los recursos de manera escrita. Igual diligencia se dará con respecto a los autos pero acortando el termino de quince (15) días por uno de cinco (5) dentro del cual se debe comunicar a las partes sobre el mismo. Así pues, la modificación terminará por ahorrar muchísimas horas de trabajo de los jueces y generará mayor disponibilidad de las salas de audiencias sin sacrificar la necesidad de enterar a las partes de sus providencias. Nuevamente, igual a como se hace con la modificación de la imputación, se está generando la misma garantía, se está persiguiendo el miso fin, pero a través de mecanismos más eficientes. Ahora bien, cabe aclarar que en el único momento en que no se ha propuesto la eliminación de la lectura del fallo, es aquel en que se lee la decisión luego de la apelación de la sentencia. Lo anterior, dado que una vez revisado el artículo correspondiente, se concluyó que eliminar la audiencia de lectura de fallo en este momento procesal, podría afectar el derecho a la defensa. Sustituir la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia por la comunicación el fallo, aunado a la presunción de comunicación efectiva en caso de no concurrir a la convocatoria, podría implicar una vulneración del derecho a la defensa ya que   el procedimiento no establece las garantías necesarias para conocer la decisión de segunda instancia. En el procedimiento de primera instancia, una vez terminados los alegatos conclusivos, se procede a comunicar el sentido del fallo, y luego, de acuerdo a la propuesta, se da la comunicación de la sentencia de manera escrita. Cuando se trata de una decisión de segunda instancia, no existe el momento procesal del sentido del fallo, por lo tanto, no hay un primer momento para que el procesado conozca si ha sido declarado responsable. Dada la ausencia de esta garantía, y luego de ponderar la eficacia a la justicia con los derechos del procesado, se ha concluido que es necesario que la audiencia de lectura de sentencia permanezca para los eventos de los fallos de segunda instancia.

Última actualización el Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:30
 
¿La sola cantidad de heridas causadas configura el homicidio con sevicia? PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:06

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"..¿La sola cantidad de heridas causadas configura el homicidio con sevicia?

31 de Octubre del 2018...............Frente al tipo penal de homicidio agravado por la sevicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó que la sola cantidad de heridas causadas o la intensidad de la agresión no son suficientes para su reconocimiento.

Por el contrario, aseguró que para su configuración es necesario acreditar la manifiesta intención del acusado de ocasionar sufrimiento injustificado o innecesario a la víctima. (Lea: Causales de agravación determinan extremos punitivos, pero no inciden en la ubicación de los cuartos)

La corporación afirmó que la cantidad de heridas causadas es apenas un elemento que puede indicar esa intención en el sujeto activo de la conducta, pero de ninguna manera equivale a la sevicia. (Lea: Así es la nueva ley contra el maltrato animal)

Así mismo, afirmó que el número de golpes producidos o la intensidad de la agresión pueden confundirse con reflejos del atacante o su temor ante la posibilidad de una repentina reacción violenta por parte de la víctima.

Con todo, la sevicia exige el ánimo frío, el deseo de hacer daño por el daño mismo (sin ninguna necesidad) y únicamente por exteriorizar la capacidad vengativa del ofensor.

Vale la pena recordar que las circunstancias de agravación de este delito se encuentran consagradas en el artículo 104 del Código Penal.

La pena será de 25 a 40 años, hoy 400 meses a 600 meses de prisión, si el homicidio se cometiere:

En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y en todas las demás personas integradas de manera permanente a la unidad doméstica.

Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes.

Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII del libro segundo del Código Penal.

Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.

Valiéndose de la actividad de inimputable.

Con sevicia.

Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación.

Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.

En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en la ley y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

CSJ Sala Penal, Auto 37222018 (49243), Ago. 29/18..."

Última actualización el Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:09
 
Determinan cuándo se estructura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:08

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se estructura cuando el servidor público desatiende los condicionamientos atinentes a un contrato, específicamente en estos tres eventos:

 

  1. Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual

  2. Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual

  3. Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.

 

Sumado a ello, y en relación con el punible de interés indebido en la celebración de contratos, con base en una providencia del 2010 que citó un fallo de constitucionalidad del año 2003, precisó que así no se infrinja el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y tampoco se incumplan los requisitos legales esenciales para el tipo de contrato que se trate, ello no impide que se vulnere el bien jurídico de la administración pública.

 

Ello como quiera que la actuación de un servidor público llamado a intervenir en razón de su cargo o sus funciones está determinada por un interés ajeno al que corresponde de acuerdo con la Constitución, la ley y/o los reglamentos, gobernado por propósitos o inclinaciones personales.

 

Además, la corporación aseguró que se está ante un injusto de mera conducta y, por tanto, no requiere un perjuicio concreto al bien jurídicamente tutelado, pues lo que se sanciona es la prevalencia del interés particular del funcionario que interviene, sobre el general de la comunidad en el proceso de contratación.

 

Caso concreto

 

El coordinador de una comisión de reclamos presentó una denuncia contra el gerente de un hospital de Ibagué por el delito indicado, al adquirir dos lámparas para el servicio de cirugía. Previamente, culminada la fase precontractual de selección del proponente, el comité del hospital señaló cuál era la empresa que obtuvo un mayor puntaje y cuál era la que seguía, por lo que motivó la elaboración del proyecto con la primera.

 

Sin embargo, el gerente decidió conferirle el contrato a la empresa que se encontraba en segundo lugar con base en un concepto técnico donde se indicaba que las lámparas ofrecidas por esa empresa eran las ideales para satisfacer las necesidades del servicio de cirugía.

 

A juicio de la Sala, aun cuando la actuación del procesado no se ajustó a cabalidad a los presupuestos de la función administrativa ni a los principios que regulan la actividad contractual estatal, no es posible predicar que la voluntad del gerente estuvo dirigida a defraudar la administración pública, pues no se avizora la intención dolosa de querer favorecer a alguno de los proponentes y desconocer las fases que componen el proceso reglado. Por ello, casó la sentencia atacada y confirmó la absolución a favor de implicado (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-20252018 (47603), Jun. 6/18...."

Última actualización el Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:09
 
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